El Presidente y el titular de la PGR, probables responsables de desacato

El procurador Macedo inejecutó sentencia por un asunto laboral, documenta el GDF

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Gritos como "šestamos contigo!", "šno te dejes!", "špresidente!", animaron al jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, a retomar el tema de El Encino en su discurso.

"Están utilizando todo esto para destituirme, sobre todo para inhabilitarme, porque cuando uno está sujeto a un proceso pierde los derechos ciudadanos, y si yo pensara en inscribirme o en apuntarme para ser candidato ya no podría", señaló.

En el Museo de la Ciudad de México, donde entregó créditos del Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social por más de 16 millones de pesos, reiteró el desafío que lanzó al gobierno federal un día antes: "que nos ganen en las urnas, como buenos demócratas, en vez de descalificarnos".

Recurren a eso, advirtió, porque quieren que siga adelante el modelo económico que llevó a la ruina al país, que ha empobrecido a la gente, y porque ellos no han hecho nada después de que ofrecieron mucho.

Aseguró que el suyo no es un gobierno de ocurrencias sino de programas bien definidos desde el principio, los cuales seguirá defendiendo con una mano mientras que con la otra se quitará los golpes.

Por la tarde, como había ofrecido en su conferencia de prensa matutina, entregó a la prensa copias de un juicio de inejecución de sentencia por un asunto laboral contra el procurador general, Rafael Macedo, como ejemplo de que sí existen laudos laborales en contra de funcionarios federales, contra lo señalado ayer por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza.

Se trata del caso del ex agente de la Policía Judicial Federal Benigno Santos Abarca que dio a conocer La Jornada (2/VI/2004, página 38, y 3/VI/2004, página 42). Obtuvo amparo que ordena a la dependencia federal restituirlo en el cargo de agente de la PJF (hoy Agencia Federal de Investigación) y el pago de salarios caídos desde el momento en que fue despedido de manera injustificada, en febrero de 2000, a la fecha en que se ejecute la sentencia. Al no acatar dicho amparo, el octavo tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito requirió el 15 de marzo de 2004 al presidente Vicente Fox que exhorte al titular de la PGR a cumplir la sentencia de amparo.

"Prevéngase a las autoridades requeridas -señala el citado acuerdo del tribunal- que de no cumplir lo antes ordenado, continuar con una actitud omisa o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en lo previsto en el precepto invocado y en armonía con lo dispuesto en el acuerdo general número 5/2001 del 21 de junio de 2001 del tribunal pleno de la SCJN, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa en turno para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución federal; esto, para que el máximo tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y consigne al juez de distrito que corresponda por delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 208 de la ley en la materia".

El documento que entregó ayer López Obrador por conducto de su oficina de Comunicación Social va acompañado de una tarjeta informativa de la consejera jurídica y de servicios legales, María Estela Ríos González, según la cual, con base en la Ley de Amparo, entre otras disposiciones, tanto el presidente Fox como el procurador Macedo, como superiores jerárquicos de las autoridades responsables del despido y privación del pago de salarios de Santos Abarca, al no acatar dicha sentencia, estarían incurriendo en responsabilidad.

Por la noche, la PGR negó haber incumplido alguna sentencia de amparo emitida por el tribunal colegiado. En un escueto comunicado, explicó que Benigno Santos se presentó desde el jueves pasado a la dirección general de recursos humanos para ser reinstalado, lo que sucedió ese mismo día.