"Representarán un riesgo mayor para finanzas públicas"

Urge modificar esquemas de pensiones, advierten actuarios

ROBERTO GARDUÑO

Estudios actuariales enviados a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados manifiestan que los sistemas de pensiones en el país representarán en el mediano plazo un riesgo mayor para las finanzas públicas, por tal razón "la modificación a los esquemas de pensiones de las nuevas generaciones no debe discutirse, debe ser un hecho".

Añaden que "es recomendable que la generación actual de pensionados y trabajadores también modifique su esquema de pensiones".

El presidente de la comisión legislativa, Miguel Alonso Raya, reveló las desigualdades en las pensiones que se entregan en México: para cada uno de los pensionados afiliados al IMSS corresponde un monto de 20 mil 97 pesos al año; para los del ISSSTE el promedio es de 61 mil 790 pesos; para los cuatro ex presidentes de la República (Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) existe una partida especial de 208 millones de pesos por año, que incluye pensión, prestaciones, vehículos, infraestructura y personal a su servicio, es decir, cada uno recibe 52 millones de pesos, y en un caso similar, pero menos oneroso, se encuentran los 40 ministros de la Corte en retiro, quienes perciben más de 3.5 millones de pesos al año por concepto de sueldo base, compensación garantizada, prestaciones, estímulos y sueldos de choferes y ayudantes.

Sobre los últimos dos casos, considerados como ejemplos de las pensiones de privilegio, el diputado perredista informó que el 15 de julio de 2003 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se autoasignaron un incremento de 71 mil a 122 mil pesos mensuales. "El presupuesto para las pensiones de los ex presidentes equivale a 10 mil 300 pensiones del IMSS o 3 mil 400 del ISSSTE, en promedio".

El estudio actuarial elaborado por Francisco Miguel Aguirre manifiesta que es conveniente que el gobierno federal proponga un modelo para estandarizar las pensiones, de manera que los resultados de las evaluaciones de todos los organismos públicos sean homogéneos y comparables entre sí. Esto deberá implicar el análisis de las pensiones en curso de pago, la generación actual de los trabajadores y a las nuevas generaciones.

El estudio propone una revisión a fondo para dimensionar la situación económica, política, social y jurídica de todos los sistemas mexicanos de pensiones.

"Iniciar un periodo de concientización nacional sobre el problema y sus repercusiones económicas y sociales, en el corto, mediano y largo plazos. Explicar a los trabajadores que de no efectuarse reformas estructurales a los sistemas de pensiones, tanto para las generaciones actuales como para las futuras, serán ellos los que paguen las consecuencias al perder no sólo su pensión, sino su fuente de trabajo que da origen a la seguridad social".