La iniciativa tiene fines privatizadores por la injerencia de empresarios, dice el PRD

Plantea AN crear organismos que diseñen políticas públicas sobre educación superior

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de educación superior que plantea la creación de una serie de organismos que se encargarían de proponer políticas públicas, entre los que se encuentra un foro ciudadano.

En opinión del secretario del PRD en la Cámara de Diputados, Juan Pérez Medina, esta propuesta tiene fines privatizadores, porque establece la formación de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, donde los organismos empresariales tendrían representación directa, no así la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto será discutido en comisiones el próximo periodo ordinario de sesiones, y entre otros aspectos establece que el gobierno federal deberá promover la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas académicas y financieras de las universidades e instituciones públicas de educación superior.

La propuesta, que consta de 65 artículos, permite que se establezcan en el país universidades extranjeras, siempre que cumplan con las disposiciones del derecho vigente y acaten lo dispuesto en el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y la citada legislación.

En el artículo 15 señala la creación de una Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, comisiones estatales para la Planeación de la Educación Superior y un Foro Ciudadano de Educación Superior.

Propone que la coordinación quede integrada por autoridades de las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Salud y Economía; por los titulares de Educación de los estados; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

En esta coordinación también tendrían asiento los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, un representante de la presidencia colegiada del Foro Ciudadano de Educación Superior y el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las tareas más importantes de esta coordinación serían las siguientes: establecer y evaluar políticas nacionales; fomentar la planeación y evaluación de la educación superior; formular estudios sobre la demanda social de técnicos, profesionales e investigadores que sirvan de base para la creación de nuevas instituciones; analizar la expansión de la matrícula y proponer un sistema nacional único de créditos que permita la movilidad de los alumnos.

El Foro Ciudadano de Educación Superior serviría para que especialistas, organizaciones civiles, cámaras, asociaciones y agrupaciones canalicen sus propuestas y demandas para que sean incorporadas en las políticas públicas.

Para frenar la proliferación de escuelas de dudosa calidad, plantea una serie de requisitos para el registro de nuevas instituciones y las características que éstas deben tener.

Por ejemplo, define que las universidades son aquellas "destinadas a impartir educación superior que cuentan por lo menos con cinco programas de licenciatura en tres diferentes áreas del conocimiento, una de las cuales deberá ser el área de humanidades, y que cumplan con las funciones de docencia, investigación, difusión de las culturas de la nación y extensión de los servicios".

También señala que las instituciones de educación superior particulares deberán requerir autorización de la autoridad educativa federal para el caso de la educación normal, para la formación de maestros de educación básica o reconocimiento de validez oficial tratándose de los demás tipos de estudios.

Fija tres tipos de reconocimientos: inicial, definitivo y de capacidades de autogestión institucional, y da al gobierno federal la facultad de revocar estos permisos al término de cada ciclo escolar si la escuela no cumple con los requisitos establecidos en la ley relacionados con planta docente, instalaciones y pertinencia.