Pendiente, la tarea de tratar aguas residuales

Tepetitlan, Hgo., 10 de junio. En la década de los 50, los gobiernos federal, del Distrito Federal y de los estados de México e Hidalgo, acordaron enviar a esta última entidad las aguas residuales que servirían para resolver el problema de aridez de las más de 120 mil hectáreas de tierras del valle del Mezquital.

Desde entonces esas tierras ociosas se volvieron fértiles en beneficio de unos 120 mil productores, 500 mil personas, que representan la cuarta parte de la población total de Hidalgo.

En distintas ocasiones el problema de la contaminación en la zona, por el uso de aguas negras para el riego de hortalizas, alfalfa para forraje y otros productos agrícolas, se ha tratado de resolver, incluso con planteamientos concretos que no se realizaron.

El 20 de mayo de 1997, el entonces presidente Ernesto Zedillo anunció que la totalidad de las aguas residuales de la zona metropolitana del valle de México serían tratadas en un plazo no mayor de cuatro años: "en nuestro valle pasaremos de 10 al cien por ciento de las aguas tratadas", anunció, y se ufanó de que "no existe en el mundo ningún antecedente de algún país que en un lapso tan corto haya podido tratar el volumen de aguas residuales que nosotros vamos a lograr de aquí al año 2000".

Diez meses después, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada de lanzar la convocatoria para la licitación de la construcción de las cuatro macroplantas tratadoras, argumentó que el proceso se detuvo por un desacuerdo con el Gobierno del DF.

Dinero había, al menos en teoría, pues el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar, de Japón, aportarían los 400 millones de dólares que se requerían.

Hidalgo recibe mil 515 millones de metros cúbicos de aguas residuales para el riego de 120 mil hectáreas en una docena de municipios del valle del Mezquital, que benefician directamente a 120 mil productores, quienes a su vez cosechan 120 mil toneladas anuales de hortalizas que se comercializan en el Distrito Federal básicamente.

En 1990 un estudio de Alberto Gordillo Martínez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), encontró en las aguas residuos de manganeso, zinc, cobre, fierro, potasio, plata, plomo y cadmio.

De plomo y cadmio se encontraron niveles por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud; en 98 por ciento de las muestras analizadas en una franja que va de Actopan a Tula de Allende se detectaron niveles alarmantes.

A raíz de este diagnóstico se formó, siete años después, un equipo de especialistas provenientes de España, Bélgica, Chile, Cuba, Portugal y Venezuela, que bajo el auspicio de la UAEH encontró 6 mil partículas de plomo por millón, mientras la OMS considera aceptables 25 partículas por millón.

Más tarde, otro grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana encontró plomo en la leche del ganado vacuno que pasta en las riberas del río Tula y la presa Heñido.

También concluyó que de las 120 mil hectáreas de tierras de labranza de los distritos de riego 3, 63 y 100, sólo 0.1 por ciento se riega con aguas blancas, lo que provocó que en 1990 se prohibiera el cultivo de hortalizas a causa de la aparición de cólera.

Debido a que la mayoría de las 120 mil toneladas de alimentos que se producen anualmente tienen diferentes niveles de contaminación, surgió la necesidad de analizar cultivos de maíz y frijol para establecer si las aguas han causado efectos negativos, con repercusión en los consumidores.

CARLOS CAMACHO, CORRESPONSAL