Es una demanda extraña y poco frecuente: abogados

Mil pesos, multa si el GDF no acata el laudo sobre lecturistas

FABIOLA MARTINEZ

La demanda presentada por 39 empleados del gobierno capitalino ante el Ministerio Público Federal -para hacer cumplir un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitido el 9 de octubre de 2002- constituye un hecho ''raro, poco frecuente'', toda vez que el caso aún dispone de tiempo legal para desahogarse en el ámbito laboral, revelaron fuentes del TFCA.

Especialistas en derecho laboral explicaron que en caso de que el patrón (para este efecto, el gobierno capitalino) no aceptara el laudo referido se haría acreedor a una multa de hasta mil pesos; esta es la única medida de apremio con la que cuenta el tribunal laboral, con base en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los trámites seguidos por la vía penal de los 39 empleados catalogados como ''lecturistas'', diligencias que provocaron la reciente orden de presentación girada por la Procuraduría General de la República (PGR) al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, están a cargo del abogado Víctor León Garcés.

Este litigante pertenece al despacho Campos Linas, que encabeza María Luisa Campos, también presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y abogada que tomó los asuntos que litigaba su padre, Jesús Campos Linas, actual presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Se intentó obtener la opinión de León Garcés, pero en su oficina informaron que no estaba localizable.

Respecto a este asunto, el presidente del TFCA, Alfredo Farid Barquet Rodríguez, señaló que el organismo a su cargo no promovió la denuncia penal referida ni intervino de manera alguna en el proceso, pues ''obedece a la decisión de la parte que se estima afectada formular o no la denuncia''. Es decir, fueron los trabajadores y sus representantes quienes optaron por extender el caso al Ministerio Público Federal.

No obstante, comentó que desde la fecha del laudo (octubre de 2002) se han emitido cinco requerimientos al gobierno capitalino para el pago de la multa de mil pesos, y mencionó también que la representación de la administración local ha acudido a las diligencias derivadas del caso y ha solicitado un plazo para el eventual cumplimiento del laudo porque, como se ha difundido, se argumenta que las plazas de ''lecturistas'' ya no existen.

De igual forma, el gobierno local alega que los empleados no fueron despedidos (siguen laborando); el asunto central a dirimir en el ámbito laboral refiere entonces al monto del finiquito que solicitan los demandantes, el cual sería cercano a los 300 mil pesos para cada uno, en tanto que el gobierno capitalino ofrece una cantidad sustancialmente menor.

Barquet Rodríguez precisó que está pendiente ''abrir el incidente por liquidación'', mismo que aún no se cuantifica. Sin embargo, dejó en claro que los trabajadores están en su derecho de hacer valer lo que a su juicio corresponda, de acuerdo con la legislación vigente.

Finalmente, cabe señalar que la legislación burocrática hace énfasis, en su artículo 148, que la multa de mil pesos se hará efectiva por la Tesorería General de la Federación y, por ello, no se puede aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, que establece sanciones más enérgicas.