Por si no tuviera suficiente con el embate mediático y la solicitud de desafuero promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), la semana pasada se abrieron tres nuevos flancos de confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Durante casi cien días, el gobierno de la ciudad de México ha estado sujeto a un intenso acoso, prácticamente sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.

El próximo lunes, el jefe de Gobierno capitalino deberá comparecer en calidad de indiciado ante la PGR, supuestamente por desacatar un mandato del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obligaba a reinstalar en su puesto a 30 ex trabajadores del gobierno de la ciudad.

El segundo punto de conflicto se abrió cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó el permiso a la administración de la ciudad para continuar con la colocación de prismas en el camellón central del Paseo de la Reforma, por considerarlos "inapropiados".

El tercer asunto que afronta López Obrador es una agresiva campaña para denostarlo, montada en las justas demandas ciudadanas de mayor seguridad en el centro comercial Perisur y en la ciudad en general.

Sorprende la repentina vocación obrerista de un gobierno que, como el de Vicente Fox, ha declarado su fe empresarial. Mientras miles de trabajadores en todo el país son diariamente víctimas de despidos injustificados sin que la autoridad haga apenas nada por reparar el daño, ahora la PGR ha decidido hacer justicia a quienes enfrentan al gobernante capitalino. Curiosamente, de esta manera se trata de reforzar en la opinión pública la imagen de que López Obrador desacata las leyes.

Llama la atención, también, que el INAH se haya desdicho de la autorización del remozamiento de las obras en Paseo de la Reforma que había otorgado, y que lo haga ahora, cuando los trabajos están en su fase final. Apenas el pasado lunes el secretario de Turismo de la ciudad, Francisco Ruiz Herrera, aseguró que cuenta con los permisos federales para realizar las labores de recuperación. Paradójicamente, mientras en todo el país hay un serio deterioro del patrimonio histórico ante el cual la institución no hace casi nada, el INAH objeta ahora las inversiones que buscan restaurar un espacio urbano privilegiado.

Nadie puede negar que la inseguridad pública es un grave problema que afecta al Distrito Federal. Aunque el mal no tiene aún la dimensión que posee en ciudades como Guadalajara, Juárez o Mazatlán, se trata de un hecho que hay que atajar porque sus efectos son devastadores.

Los tres hechos se suman a una no interrumpida ofensiva en contra del jefe de Gobierno capitalino, desatada desde que se hizo evidente su posición como indiscutible puntero como posible candidato a la Presidencia de la República. Durante casi cien días se han eslabonado todo tipo de acusaciones y ataques contra López Obrador con la obvia intención de hacer disminuir las intenciones de voto a su favor. Por ello cuesta mucho trabajo suponer que los nuevos puntos de conflicto no forman también parte de esta escalada.

El resultado inmediato de la campaña contra el jefe de Gobierno es dificultar el funcionamiento adecuado de la administración pública. Lo que está en juego en el acoso de los cien días contra el gobierno capitalino va, sin embargo, más allá del futuro político de López Obrador. Se ha echado a andar una maniobra que violenta, desde el gobierno federal, la decisión tomada por los habitantes de la ciudad de México, quienes durante años carecieron de gobernantes electos. Se ha puesto en práctica un ardid para interrumpir la obra pública y la posibilidad de contar con una administración distinta.