México D.F. Sábado 5 de junio de 2004
El alcalde de Tlalnepantla "derrapó", dijo el diputado panista Carlos Madrazo
Legisladores federales rechazan operativo
El toque de queda en Tlalnepantla, estado de México, provocó el rechazo absoluto de legisladores y dirigentes del PRI y el PRD; con matices de panistas en ambas cámaras del Congreso, todos coincidieron en que tal medida ni siquiera resuelve el problema de la delincuencia.
En el Distrito Federal, el procurador Bernardo Bátiz Vázquez, indicó que la restricción del libre tránsito no puede ser impuesta por un presidente municipal, y consideró "anticonstitucional" la medida.
El senador blanquiazul del estado de México, Carlos Madrazo Limón, dijo que el alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, "derrapó" al hablar de toque de queda y propició un mal entendido, porque lo que pretende en realidad es imponer "rondines". Su colega Jesús Galván consideró que no es una medida oportuna ni correcta, porque sólo restringe garantías individuales y no necesariamente combatirá la delincuencia.
Mientras, los senadores priístas Sadot Sánchez Carreño, César Camacho Quiroz y David Jiménez advirtieron que el edil violaría la Constitución si insiste en limitar el derecho de tránsito consagrado en la Carta Magna.
Igualmente, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y legisladores de ese partido rechazaron la pretensión del alcalde de Tlalnepantla. El senador Raymundo Cárdenas hizo notar que con esta actitud sale a relucir "el cobre azul" del PAN y el rostro fascista de sus gobernantes.
El diputado perredista Gerardo Ulloa advirtió que "fulminar las garantías individuales provocará una respuesta de resultados impredecibles por parte de la sociedad, porque el PAN y sus gobiernos, como lo hemos visto en el terreno municipal, estatal y federal, tiene una vena intolerante, cuya semejanza histórica tiene que ver con el nazismo".
Su compañero de bancada, Héctor Bautista López, calificó el toque de queda de "medida desesperada, ilegal, que no es otra cosa más que el reconocimiento de la incapacidad para resolver la inseguridad en Tlalnepantla".
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, advirtió que los habitantes de Tlalnepantla pueden ampararse contra la imposición del toque de queda, ya que el edil no tiene facultades para suspender las garantías individuales establecidas en la Constitución. De hacerlo, se le puede responsabilizar y someter a proceso.
El diputado panista Francisco Javier Landero reconoció que el toque de queda sólo lo puede aprobar el Congreso local, pero defendió al munícipe, ya que, dijo, el operativo de prevención que dio a conocer no va en ese sentido, sino en el de interrogar a aquellas personas que tengan una actitud sospechosa, que se encuentren durante mucho tiempo en la calle sin ninguna razón aparente o que porten algún arma blanca o de fuego.
En el Distrito Federal, el procurador Bátiz Vázquez dijo que "no es el camino restringir libertades y atentar contra la Constitución. Si aquí en la ciudad de México tomáramos una determinación en ese sentido seríamos objeto de todas las críticas habidas y por haber.
El diputado federal Gilberto Ensástiga Santiago adelantó que el PRD presentará el miércoles, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo mediante el cual se hará un exhorto al alcalde de Tlalnepantla para que se desista del toque de queda en ese municipio, por considerar que es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos. "Venimos huyendo de los regímenes autoritarios y ahora nos enfrentamos a esto", dijo.
Los perredistas Julio Escamilla y Julio César Moreno, presidentes del Comité de Administración y de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, rechazaron la aplicación del toque de queda, que afectará en especial a los jóvenes.
"La detención arbitraria de jóvenes después de las 22 horas y a partir de la sospecha de ser potenciales delincuentes muestra la verdadera cara de Acción Nacional", subrayó Escamilla Salinas en alusión al origen partidario del alcalde.
Por su parte, Sylvia Aguilera, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que la medida sólo "criminaliza" a los jóvenes sin que se detenga la inseguridad y los índices de violencia, porque no se ataca de fondo las causas que ocasionan estos fenómenos sociales". ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO, RENATO DAVALOS, LAURA POY, AGUSTIN SALGADO Y GABRIELA ROMERO
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