Posible acuerdo extrajudicial con autoridades para el canje de pagarés del rescate

Podrían bancos desistirse de amparos contra revisión del IPAB

Las instituciones asumirían el costo de los créditos transferidos de manera irregular al programa de capitalización y compra de cartera, según fuentes oficiales Ya no se esperaría fallo de la Corte

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Autoridades financieras y los cuatro bancos involucrados en la controversia sobre el canje de pagarés del rescate bancario están a punto de concretar un acuerdo extrajudicial para proceder a las revisiones, revelaron fuentes oficiales.

El acuerdo, en términos generales, consiste en que Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte se desistan de los amparos presentados el año pasado contra la revisión de las operaciones que beneficiaron a estos bancos durante la crisis financiera de 1995.

El primero de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad revisar la controversia legal que rodea el canje de los pagarés que emitió el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por bonos avalados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso, consideró que los cuatro bancos habían recibido apoyos irregulares del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), uno de los mecanismos empleados por el Fobaproa para apoyar a las instituciones. La conclusión de la ASF fue tomada como base por el IPAB para determinar que no podía proceder al intercambio de los pagarés, que tienen un valor bruto de 222 mil millones de pesos, hasta que no se hiciera la auditoría de esas operaciones.

Los cuatro bancos se ampararon contra la posibilidad de ser auditados. Su argumento central fue que las transacciones del PCCC ya fueron revisadas, en 1998, por el auditor canadiense Michael Mackey. Sin embargo, ese especialista, cuando entregó su reporte en 1999, afirmó que el trabajo no podría ser considerado una auditoría, debido a que no recibió todos los documentos requeridos para realizar el trabajo. Esta semana, la SCJN decidió que se va a pronunciar respecto de si los bancos pueden o no ser auditados nuevamente. Hasta ahora, las instituciones financieras han logrado varios triunfos en los tribunales sobre este tema.

El jueves pasado, el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard, se reunió con varios legisladores integrantes de la comisión del Congreso que investiga el tema del rescate bancario.

Según información obtenida por La Jornada, las autoridades financieras están a punto de concretar un acuerdo con los cuatro bancos involucrados, para que los directivos de las instituciones de crédito se desistan de los amparos -como lo solicitó la Comisión Permanente del Congreso en agosto pasado- y se realicen las revisiones. En caso de que esto ocurriera, no sería necesario esperar al fallo de la SCJN.

"Queremos que nos hagan un planteamiento final", dijo en tres ocasiones a lo largo de esta semana Manuel Medina Mora, director general de Banamex, una de las instituciones involucradas en la controversia, y también presidente de la Asociación de Bancos en México (ABM).

El planteamiento parece estar listo, de acuerdo con la información obtenida de fuentes oficiales. En los próximos días, según esta versión, estaría listo el proyecto de acuerdo, en el que se definiría el alcance de la revisión a las operaciones del PCCC. Los representantes de los cuatro bancos aceptaron ya que "si hubo algún crédito que no procedía que fuera transferido al programa, el banco respectivo asumirá la responsabilidad". El IPAB, por su parte, asumiría la responsabilidad por el resto de las transacciones.

A cambio de que se definiera claramente el alcance de la auditoría y de que se cumpla la exigencia de los banqueros de que se asiente por escrito el compromiso de que será la última revisión que se haga a las operaciones del PCCC, serían retirados los juicios de amparo, de acuerdo con la versión ofrecida a este diario.

Ahí está el detalle

Como parte del acuerdo, los representantes de los bancos están pidiendo que en el paquete económico para 2005 -y dado que ese año vencen pagarés del PCCC por alrededor de 150 mil millones de pesos- quede asentada la operación respectiva, es decir, que ya haya concluido el intercambio.

Es una propuesta que genera rechazo en el Congreso. En el pasado periodo ordinario de sesiones, fue modificada la Constitución en cuanto a los tiempos para la presentación del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la iniciativa de Ley de Ingresos y la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación. A partir de este año, ello deberá ocurrir en septiembre y no en noviembre, como ha sido tradicional.

"Con los nuevos plazos para la entrega del paquete económico, no hay tiempo suficiente para hacer una auditoría integral y a fondo de las operaciones del PCCC", comentó este viernes el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática e integrante de la comisión legislativa que investiga al IPAB. "Una buena auditoría requiere de al menos cuatro meses", añadió.

Enterado por este diario de la propuesta de solución en que trabajan autoridades financieras y banqueros a partir del retiro de los amparos, Ramírez Cuéllar comentó: "los banqueros están dispuestos a retirar los amparos a cambio de auditorías a modo y superficiales". Insistió en que el Congreso debe formar parte del diseño de los acuerdos entre el IPAB y los cuatro bancos.

El miércoles pasado, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis, comentó -según Reuters- que "si las partes llegan a un acuerdo y hay voluntad, pues resolvemos el problema antes que la Suprema Corte".