Arturo Alcalde Justiniani

šAguas con la reforma laboral!

No cabe duda, existe un intento por imponer una reforma laboral al gusto del sector empresarial, aun a costa de todas las críticas que ha generado. Para ello, se diseñó una estrategia que busca acelerar esta "reforma estructural", a fin de ser aprobada a la brevedad posible. En este intento el propio presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha anunciado un avance de 90 por ciento del articulado.

En el Congreso de la Unión caminan mal las cosas. De golpe, se ignoran dos de las tres principales iniciativas de reforma. La primera de éstas corresponde al proyecto presentado en 1995 por la totalidad de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro. En ella, se plantea un cambio profundo en las relaciones de trabajo en favor del desarrollo productivo del país y una reforma constitucional para contar con jueces imparciales. También se ha ignorado la iniciativa formulada por distintos partidos políticos, conocida como la Propuesta PRD-UNT, producto de un diagnóstico nacional y una amplia consulta entre los actores del mundo del trabajo. La intención es clara: llevar a cabo la reforma laboral que los personeros de la Coparmex reclaman. Para ello, se convoca en lo oscurito a distintos personajes y se pretende convencerlos de las necesidades de reforma por una supuesta exigencia del empresariado. Se arguye que esta es la condición para invertir.

El estudio de las iniciativas de reforma fue encargado a una comisión integrada por diputados y senadores, en el área de trabajo y previsión social, con la misión de elaborar un proyecto de dictamen y someterlo posteriormente a los plenos de ambas cámaras.

La conferencia parlamentaria no debió descartar de facto iniciativa alguna, por lo que mal empieza al pretender tomar como referente única la iniciativa Abascal, desdeñando la crítica que ha generado por tres razones esenciales. La primera, reducir injustificadamente el carácter protector de la ley en temas fundamentales como el despido, las cargas procesales y los criterios de ingreso y promoción de personal. La segunda, flexibilizar sin equilibrios las formas de contratación individual, distribución de jornadas y días de descanso. La tercera, limitar -aún más- el derecho de libre asociación profesional, creando obstáculos para el funcionamiento de los sindicatos, ahogar la contratación colectiva auténtica y bloquear el ejercicio del derecho de huelga.

La conferencia parlamentaria pretende ser sorprendida, aprovechando la integración de nuevos diputados por la renovación de la legislatura, con la falsa información de que tan sólo se encuentran pendientes de discusión 65 artículos. Para completar este engaño, se presentan cuadros alterados en su contenido, a fin de generar una dinámica de confusión y avance acelerado en la que no se pueda dar marcha atrás. Incluso se altera el contenido de la propuesta conciliadora del senador Francisco Fraile.

La consigna de algunos personeros del gobierno es acelerar la reforma a toda costa. Lo importante es contar con un dictamen buscando mayoritear en los futuros plenos. Estamos ante dos fuegos: por un lado los legisladores favorables al gobierno que actúan en la lógica de obtener el triunfo de al menos una de las reformas estructurales anunciadas, y por el otro los legisladores proclives al corporativismo gremial que buscan no ver afectados sus intereses. Falta ver la actitud del resto de los legisladores.

En este difícil escenario, resulta fundamental hacer un alto en el camino y reflexionar sobre cuál es la reforma laboral que necesita el país. En lugar de continuar con un método engañoso de avance, convendría explicitar los temas prioritarios, a fin de que la sociedad se pueda expresar frente a ellos. Después de muchos años de reflexión en el foro, resulta evidente la necesidad de mantener el carácter protector de la ley, reglas que favorezcan la productividad y la competitividad en un esquema de concertación auténtica y para ello es fundamental liberar a los trabajadores de los mecanismos de control y corrupción que los agobian. En nada beneficiaría una reforma si no se favorece la transparencia y la presencia de árbitros imparciales que resuelvan los conflictos de trabajo, intención que se pretende con la creación del registro público nacional de sindicatos y contratos colectivos.

Ante la resistencia a abrir la discusión ante la sociedad, involucrar a la academia, retomar la experiencia internacional y considerar todas las propuestas legislativas, crece la convicción de que es mejor no tener reforma alguna que tener una mala reforma.