Se disputan ahora la titularidad del contrato de los trabajadores de Profeco

Persiste pugna entre Ayala y Gordillo por agremiar a empleados públicos

Se inconforman los seguidores del líder de la FSTSE por irregularidades en el recuento

FABIOLA MARTINEZ

La disputa por la membresía de los empleados públicos del país continúa entre la FSTSE, que encabeza el senador priísta Joel Ayala Almeida, y la central impulsada por la presidenta del sindicato magisterial y secretaria general del PRI, Elba Es-ther Gordillo Morales.

Esta vez la pugna ocurrió en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde cerca de un millar de trabajadores participaron ayer en un recuento para determinar cuál de las dos organizaciones que existen en el organismo ostenta la representación mayoritaria.

Por la tarde, los enviados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) informaron que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Profeco (adherido a la nueva central de burócratas), que encabeza Arturo Martín Corona, pudo mantener la titularidad del contrato colectivo en esta dependencia regida ahora por el apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, como cualquier empresa privada.

Como era de esperarse, el sindicato demandante, afiliado a la FSTSE, manifestó su inconformidad por la participación de empleados de confianza en el recuento y alegó pérdidas de derechos laborales desde que el sindicato de Corona es el "administrador" del contrato colectivo.

Durante el proceso, el director general de Recursos Humanos de Profeco, Ignacio Bravo Betancourt, aseguró que las autoridades de ese organismo aceptarán el resultado final del recuento y, dijo, "tendremos que aprender a coexistir con dos organizaciones sindicales".

El desenlace de este recuento -cuyos detalles se darán a conocer la próxima semana- tiene una historia sin precedente en la administración pública federal, toda vez que después de 26 años de la presencia de un sindicato nacional, una organización independiente logra, a través del voto de los empleados, asegurar mayoría.

Para la organización independiente el camino no fue fácil ni rápido. El 28 de noviembre de 2001, un grupo de empleados creó el sindicato independiente y solicitaron su registro a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ese trámite tardó dos años en un proceso jurídico en el que el equipo de Corona señaló al gobierno federal de "complicidad indebida". Finalmente, el registro fue otorgado el 25 de julio de 2003. El caso llegó inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entonces, el sindicato afiliado a la FSTSE interpuso un juicio para demandar la titularidad del contrato. La demanda fue rápidamente admitida por la JFCA, de ahí que fue posible la realización del recuento, el cual -según el Comité de Obervadores Independientes- se desarrolló normalmente.