Recordó "el juicio" contra Carlos Madrazo Becerra por apoyar a Rojo Gómez

Prefiero la cárcel antes que negociar con el PRI, afirma López Obrador

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está dispuesto a ir a la cárcel antes que negociar con el PRI la resolución del juicio de procedencia que inició la Cámara de Diputados en su contra.

Anunció que enviará al dirigente nacional de ese partido, Roberto Madrazo Pintado, una copia del expediente del juicio, en 1945, del entonces diputado Carlos Madrazo Becerra, padre del primero, por un presunto fraude con tarjetas de trabajadores migrantes que, "en el fondo, se trató de una venganza política porque apoyaba, para la sucesión presidencial, al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que, luego de ser desaforado y encarcelado durante casi nueve meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato, obtuvo su libertad".

El gobernante aclaró que la intención de remitir el documento al líder priísta no es ningún chantaje sentimental, mucho menos un llamado de auxilio, sino que "hay veces que se olvidan las cosas y no está de más refrescar la memoria".

Cabe recordar que los diputados del PRI que integran la sección instructora, Rebeca Godínez y Francisco Cuauhtémoc Frías, votaron por que se diera entrada al juicio de desafuero, aun cuando había un predictamen que supuestamente apoyarían para rechazar la solicitud de la PGR, por "notoriamente improcedente", al no cumplir los requerimientos procesales que fundamentaran el desacato del que se acusa al gobernante.

López Obrador recordó que cuando el Presidente (Manuel Avila Camacho) ofreció a Carlos Alberto Madrazo ponerlo en libertad, por desvanecimiento de datos, éste la rechazó, argumentando que no es posible desvanecer pruebas que no han existido, y dijo: "yo permaneceré dentro de la penitenciaría hasta que la justicia mexicana reconozca que fui acusado falsamente y me ponga en libertad, como debe ser".

No se trata, aclaró, de comparar su caso, en el que pretenden retirarle la inmunidad procesal penal para consignarlo por el delito de abuso de autoridad, "para descalificarnos políticamente con miras a las elecciones presidenciales de 2006", con el de Madrazo Becerra, sino como un antecedente que debe conocerse.

"Son además épocas distintas", aunque "la verdad es que no hemos pasado de los años 40, de cuando es este asunto", acotó, para todos aquellos que pensaron que este tipo de prácticas de "acusaciones livianas con fines políticos" era de los años 40 y que ya no se iba a utilizar el aparato de Estado para descalificar a los adversarios.

En este punto cuestionó: "¿dónde está la democracia? ¿Este es el desarrollo político del país?"

Y si bien reconoció que no se esperaba lograr acuerdos con el gobierno federal en materia de política económica -porque siempre ha cuestionado el modelo neoliberal y ha manifestado que hace falta un cambio en esa materia, mientras que los integrantes del gabinete económico son los mismos desde hace 20 años y tienen una concepción distinta-, en el terreno político se esperaba otra cosa.

"Ya sabíamos que iba a ser difícil llegar a un acuerdo, inclusive ha habido en ese sentido cierto consenso en decir que en esto no hay entendimiento, que no estamos de acuerdo; era el tema, consideramos nosotros, más difícil, y pensábamos que en el terreno político, en el terreno del desarrollo democrático, como hay más posibilidades de coincidencia se iban a lograr avances y miren lo que son las cosas, estamos metidos en un proceso de regresión, no hay cambio en la actitud en quienes tienen en sus manos las instituciones y sigue habiendo ese afán de acoso, de descalificación, de afectar al adversario."

En la tercera sesión de su seminario-taller sobre la manipulación de la ley con propósitos políticos en el caso El Encino, cuyo tema fue: "la tendencia política en la averiguación previa, las notas periodísticas como prueba (el papel del periódico La Crónica) y el interrogatorio inducido a servidores públicos", López Obrador recordó también el caso del escritor chileno Pablo Neruda, en 1943.

Era senador de la República y habían pedido su desafuero, lo que dio pie a un discurso que pronunció "con un título muy ilustrativo: Yo acuso", el cual consideró que sería recomendable revisar.