Su aplicación afectaría a 42 comunidades indígenas

ONG piden replantear convenio firmado por la UE y Chiapas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 4 de junio. Organizaciones de diversos países que participaron en el Encuentro Social Alternativo efectuado en Guadalajara, Jalisco, paralelamente a la cumbre de jefes de Estado, demandaron una "moratoria al convenio firmado entre la Unión Europea (UE) y el gobierno de Chiapas", pues amenaza con afectar a cuando menos 42 comunidades indígenas, no reconoce la existencia de una "situación de guerra" en la zona, y al no realizarse ninguna consulta con los pobladores de la región, incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por el gobierno mexicano.

El documento, dirigido a la UE y al gobierno estatal, fue firmado también por varias organizaciones campesinas y civiles de Chiapas (Las Abejas, las denominadas Comunidades de Comitán, el Foro Chiapaneco contra las Represas, representantes parroquiales de San Andrés y de la región de Margaritas y Comalapa, entre otros). Las organizaciones asistentes al Encuentro Social Enlazando Alternativas: Europa, América Latina y el Caribe manifestaron: "damos a conocer a la opinión pública nacional e internacional nuestro rechazo y exigencia de una moratoria al convenio firmado entre la UE (por medio de la Comisión Europea) y el gobierno de Chiapas para poner en marcha el Proyecto de desarrollo sustentable en la selva Lacandona, que supone la inversión de 15 millones de euros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, donde saldrán afectadas alrededor de 42 comunidades indígenas".

El documento señala que "en ningún momento se llevó a cabo una consulta previa por parte de la UE ni del gobierno estatal en las comunidades que van a ser afectadas, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT".

"En ningún caso se ha reconocido la situación de guerra que se vive en el estado y dicho proyecto acelera las contradicciones entre los actores en guerra (Ejército federal-Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y profundiza la polarización y división entre las organizaciones y comunidades", consideran los firmantes.

"De este modo, está siendo utilizado como mecanismo de contrainsurgencia y tensando la situación de por sí ya grave en la zona. Esta región vive en una constante amenaza de desalojo por parte de las autoridades estatales y federales e instituciones que dicen defender el medio ambiente, con el pretexto de que las comunidades están deforestando la zona".

Denuncian que "las razones que enmascaran este discurso ambientalista responden a los intereses de empresas trasnacionales que buscan el saqueo y privatización de la biodiversidad, e implementación de servicios ambientales". Apoyados, se agrega, "por una campaña de desinformación y manipulación que algunos medios de comunicación llevan a cabo sobre este tema".

"No podemos olvidar que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han convivido, desarrollado y cuidado la selva, mientras que han sido las empresas madereras con permiso de las instituciones federales y estatales quienes han saqueado la selva y continúan haciéndolo. Nos oponemos al desalojo de las comunidades porque no soluciona el problema de fondo que es la tenencia de la tierra y la construcción de un modelo de desarrollo propio que sus habitantes construyen y resisten día a día".

El documento exige "el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el respeto a los derechos humanos integrales de las comunidades, el repliegue del Ejército federal a sus cuarteles y el reinicio del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal (siempre que se cumplan las condiciones interpuestas por el ELZN)". Estas, se agrega, "son condiciones indispensables para la solución al problema de la selva Lacandona".

El documento contó con el consenso de los participantes en el encuentro de Guadalajara, es decir, representantes de los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica), sudamericanos (Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela), y especialmente europeos (Alemania, Francia, Italia, España y otros), además de México, Canadá y Estados Unidos.