Arbitrariedades y argucias legales, base de los recortes de personal en Hacienda

El despacho privado Mier y Concha, encargado de ejecutar la estrategia de liquidaciones

Es un "lodazal", sostiene el abogado de trabajadores que interpusieron demandas laborales

FABIOLA MARTINEZ

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue la única dependencia que cumplió la instrucción del presidente Vicente Fox de eliminar aquellas plazas que el mandatario optó por denominar "de escritorio". Con argucias legaloides echó a la calle a cientos de empleados con expedientes limpios, muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad laboral. Barrió parejo, lo mismo madres solteras que cabezas de familia, enfermos o embarazadas. Todos fueron incluidos en un mismo programa.

El encargado de diseñar la estrategia y ejecutar los ceses fue el despacho privado Mier y Concha Jiménez Abogados, SC, cuyo dueño, José A. Mier y Concha, informó por escrito lo siguiente el primero de marzo pasado al director general de recursos humanos de la dependencia, Jorge Félix Cortés:

"En la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) supimos desde el comienzo que el principal problema jurídico sería encontrar un fundamento para aplicar la medida. Como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no hay alguna norma que justifique aplicarla, la efectividad de las renuncias o de los ceses puede ser cuestionada por los empleados afectados.

"Los juicios no serán sencillos por ese motivo y es muy importante recordárselo a todos los directores generales o jefes de unidades que nos indicaron que tenían personal de sobra."

En el escrito, cuya copia tiene este diario, el despacho aconseja "cancelar las plazas de los trabajadores y empleados (sic) que fueron cesados", con el propósito de que aun cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) ordene la reinstalación de los mismos, la SHCP pueda argumentar que, por esa razón, se encuentra impedida, material y legalmente, para hacerlo.

Nadie en Hacienda, escribió José A. Mier y Concha, "desea perder los juicios laborales relacionados con este programa, pero los elementos con los que contamos hasta ahora no serán suficientes para ganarlos".

Por ello, sugiere el abogado, es necesario "elaborar un oficio cancelando las plazas de los trabajadores que fueron cesados. ƑQuién debe firmarlo? -se pregunta-. Eso debe ser analizado con prontitud, ya que puede hacerlo usted (el director general de recursos humanos) y el oficial mayor, aunque pueden hacerlo otros, incluso el señor secretario (Francisco Gil Díaz)

"ƑCuál debe ser el fundamento? Aunque parece sencillo responder a esta pregunta, debe resolverse el fundamento que se hará valer para cancelar dichas plazas. ƑDebe publicarse el oficio de cancelación en el Diario Oficial de la Federación? Yo creo que sí, pero hay decenas de factores, muchos de ellos de tipo político, que pueden obligarnos a no hacerlo."

Respecto a la contestación de las demandas interpuestas en el TFCA desde marzo pasado, Mier y Concha sugiere que se argumente ante la autoridad laboral que "la SHCP fue la única dependencia que pudo cumplir con la instrucción del Ejecutivo federal para eliminar aquellas plazas de 'escritorio' (como las llamó el presidente Fox a los puestos de empleados públicos), en las que las funciones eran innecesarias porque estaban duplicadas, o porque habían sido reasignadas o porque desaparecieron por diferentes motivos las direcciones o unidades de adscripción original. Es cierto que el perfil de nuestro personal es diferente al que hay en Sedeso, en Sagarpa, en SCT o en Conagua, pero a pesar de ello el esfuerzo y trabajo de los servidores públicos de la secretaría fueron importantes para que se cumplieran las metas fijadas en 95 por ciento".

El despacho Mier y Concha, SC, obtuvo el 25 de julio de 2003 el contrato con la SCHP para servicios de asesoría y consultoría laboral, derivado del Programa de Separación Voluntaria (PSV). Coadyuvó también en la elaboración de los oficios en los que notificaban a los trabajadores la terminación de los efectos de sus respectivos nombramientos.

Al respecto, el representante legal de la mayoría de los trabajadores que interpusieron demandas ante el TFCA, José Othón Serna, comentó que en tales documentos se describen constancias de hechos en los que ninguno de los trabajadores estuvo presente, por lo que la SHCP incurrió en falsedad de declaración, faltas de probidad y honradez, y otras irregularidades.

En opinión del abogado, la principal violación a la normatividad laboral vigente fue el acoso y presión de la dependencia y el despacho contratado para que los empleados aceptaran las liquidaciones, previa retención de sus salarios del mes de diciembre pasado, el aguinaldo y la entrega de vales de despensa, entre otras prestaciones, con el propósito de que aceptaran el finiquito derivado del PSV, que desde 2001 promueve el gobierno foxista. Es decir, les "canjearon" las constancias de hechos por su "renuncia voluntaria".

Se trata, agregó Serna en entrevista, de un "lodazal", no sólo por la participación y argucias del despacho citado, sino por la presunta colusión de la dependencia con su sindicato y con el TFCA, e inclusive con abogados de algunos de los demandantes para impedir la reinstalación de unos 150 empleados que fueron presionados a renunciar.

El abogado comentó que ante ello es probable que pierdan los casos en el TFCA, "pero los ganaremos en un tribunal colegiado", confió, porque existen evidencias de que la SHCP incurrió en diversas irregularidades, desde haber ejecutado los ceses en diciembre, fecha posterior a la conclusión del PSV (etapa 2003), en octubre de ese año, hasta la violación fragante a la Constitución, el Código Penal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, las condiciones generales de trabajo de la propia dependencia e incurrieron en anomalías que previene y sanciona la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

A lo anterior se agrega, indicó, que los trabajadores afectados integran un grupo constituido por 70 por ciento de mujeres, en su mayoría cabezas de familia, "y por lo mismo susceptibles de aceptar, por razones de sobrevivencia y causas de fuerza mayor, la liquidación correspondiente, para hacer frente a sus necesidades esenciales de alimentación y sustento para ellas y sus familiares".

Serna agregó que se trata de un caso sin precedente, en el que la autoridad federal recurre a toda clase de arbitrariedades y argucias legales para presionar a trabajadores de base a renunciar, a partir de la asesoría de un despacho cuyo titular "se presume que tiene vínculos familiares con la vocera de la dependencia, Isabel Suárez Mier, y mantiene amistad con el titular del TFCA, Alfredo Farid Barquet". Esta versión fue negada por la SCHP.