Ambos maniobraron para consumar el despojo jurídico del negocio del empresario

Nuevas evidencias inculpan a Fernando Margáin y Teresa García en el caso Romo

El actual senador y la embajadora de México en Canadá, en el centro de la tormenta

JAIME AVILES

De acuerdo con pruebas documentales entregadas a este diario por Joaquín Romo de Vivar, empresario regiomontano que estuvo a punto de morir asesinado el 15 de agosto de 1999, la actual embajadora de México ante Canadá, Teresa García Segovia, cometió una serie de actos que las autoridades podrían calificar de delictivos. Lo que sigue es una breve síntesis.

Como secretaria de Gobierno del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, manipuló la "segunda sesión solemne del republicano ayuntamiento", el 19 de diciembre de 1996, en abierta complicidad con el regidor Alfonso Rodríguez Benítez y el entonces alcalde, Fernando Margáin Berlanga, para consumar el despojo jurídico, que no legal, del negocio de Romo de Vivar.

Hoy día Margáin Berlanga preside la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y votó entonces, como el resto del cabildo, a favor de la propuesta presentada por Rodríguez Benítez -y apoyada por Teresa García- para que la licencia del salón de belleza Spa San Pedro, construido por Romo de Vivar, quedara sin efecto y se otorgara un nuevo permiso para explotar el mismo establecimiento al empresario Alonso Ayala Grimaud y su esposa Gabriela Roche de Millet.

Pero tanto Margáin como García y el regidor Benítez sabían, o debían saber, que la licencia FUA099/94, concedida por el ayuntamiento a Romo de Vivar, al amparo del artículo 127 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio, era "nominativa", "intransferible" y "por tiempo indefinido". Como esa norma no había ni ha cambiado, el trámite para que Ayala Grimaud y su esposa obtuvieran el nuevo permiso fue en realidad una aberración jurídica.

Una vez consumado el despojo, Romo de Vivar presentó ante el jefe del Ministerio Público en San Pedro, Román S. Loredo Esquivel, una denuncia por despojo, fraude y los que resulten -la número 1944/96/IV-, contra Ayala Grimaud y su esposa, pero Loredo Esquivel, aparentemente por consigna de Margáin Berlanga y García Segovia, nunca inició la averiguación previa correspondiente. Tiempo después, don Joaquín descubriría que Loredo obedecía órdenes de José Santos González Suárez, procurador de Justicia de Nuevo León durante el gobierno de Fernando Canales Clariond, hoy secretario de Economía en el gabinete de Vicente Fox.

"No te aflijas, primito"

El Spa San Pedro, negocio creado por Romo de Vivar en 1994, del que se apropiaron el legionario de Cristo Ayala Grimaud y su cónyuge, hace poco menos de diez años, tiene hoy un ingreso bruto mínimo de 250 mil pesos semanales, según datos proporcionados a este reportero por la recepcionista del establecimiento, Lizet Gloch. El periodista le solicitó un presupuesto para peinar y manicurar a 50 señoras durante media jornada de trabajo, a lo que la empleada contestó por Internet que, con descuento, el servicio costaría 22 mil 500 pesos más IVA.

Multiplicada por dos, esta cifra revela el ingreso diario del salón de belleza y spa O San Pedro, como se llama ahora. Pero 250 mil pesos semanales significan un millón de pesos mensuales, o 12 millones de pesos anuales, lo que descontando impuestos (si se pagan), salarios, renta e insumos, da una pálida aproximación al monto de lo que dejó de percibir don Joaquín de 1996 a la fecha, aun cuando éste asegure que el salón produce mensualmente mucho más, opinión que debería aclarar con exactitud una auditoría.

Pero volvamos a los hechos. En marzo de 1997, cuatro meses después de haber conducido la sesión del ayuntamiento en que se consumó el despojo, Teresa García renunció a la Secretaría de Gobierno y se lanzó en pos de la presidencia municipal, que ganó sin mayor problema. Romo de Vivar ignoraba la existencia del acta de cabildo de diciembre de 1996, cuando ella recomendó que le quitaran el Spa San Pedro, pero se reunía a menudo con ella para solicitarle auxilio. Este reportero posee una carta escrita por ella y dirigida a don Joaquín en que lo invita a su toma de posesión el primero de noviembre de 1997, al tiempo que verbalmente, por teléfono o en persona, afirma Romo de Vivar, le decía con cariño: "No te aflijas, primito, que mi primer acto de gobierno será hacerte justicia".

La influencia de Catón

Peleando contra el socio que le había arrebatado el Spa, don Joaquín efectuó trámites legales, desde mediados de 1996, para que el alcalde Margáin Berlanga le clausurara el salón a Ayala Grimaud. Pero la justicia no lo tomaba en cuenta. Por ello tuvo que recurrir a su amigo, el columnista Armando Fuentes Aguirre, Catón, y bastó un telefonema de éste a Margáin para que el establecimiento, en efecto, fuera cerrado el 20 de octubre de 1997.

La clausura, sin embargo, duró apenas unas horas. En la casona de la calzada San Pedro 607, el "Mazaryk de Monterrey", estuvieron presentes para cumplir la orden Román S. Loredo, y el agente de la policía judicial Pedro Cruz Hernández, placa 56, así como por supuesto Ayala Grimaud, su esposa, y por la parte ofendida don Joaquín y personas de su confianza.

Arrebatado por la cólera, Ayala Grimaud amenazó de muerte a don Joaquín, tal como quedó asentado en el parte policiaco del agente Pedro Cruz Hernández (en poder de este diario). Pero a la mañana siguiente, Gabriela Roche, esposa de Ayala, exhibió el oficio 0DDUE/017/, firmado por José Ortiz-Durán Salinas, secretario de Desarrollo Urbano del "republicano ayuntamiento", en el que con sello de entrega del 27 de junio de 1997, pero fechado el 29 de enero del mismo año, le notifica que de acuerdo con el expediente CUS-1407/96, el 19 de diciembre de 1996 el municipio le había otorgado permiso de explotar el spa con una nueva licencia.

¿Era un documento falso? ¿Por qué si fue expedido el 29 de enero de 1997, fue entregado cinco meses después? Pero, falso o no, surtió efecto. Así que el negocio fue reabierto a las pocas horas de ser cerrado, pero como Ayala había amenazado de muerte a don Joaquín, éste presentó una nueva denuncia penal que nunca -tampoco- sería atendida. Incansable, Romo de Vivar se entrevista el 24 de octubre de 1997 con el procurador del estado y logra que éste, por teléfono, ordene a Loredo Esquivel realizar una inspección ocular del negocio.

Esto, en respuesta a que durante el zipizape de la clausura, la esposa de Ayala Grimaud declaró que cuando ella y su marido "rentaron" el salón, el inmueble estaba vacío. Así, la inspección ocular queda fijada para el 29 de octubre de 1997, pero a última hora se pospone para el día siguiente. Con el temor de que esa noche Ayala y su esposa sacaran los muebles comprados por don Joaquín, éste acampa frente al establecimiento con una cámara fotográfica, en compañía de sus dos más fieles empleados.

A la mañana siguiente llegan al negocio Naim Arreola, abogado de Ayala Grimaud, y Loredo Esquivel, así como un escribiente, apoyados por los policías judiciales Juan Balleza y Raymundo de León Cavazos. Don Joaquín se les aparece con sus escuderos, pero Naim Arreola le informa que él no podrá participar en la inspección, cosa que Loredo ratifica. Mientras la diligencia se desahoga irrumpe en la escena José Gerardo Siller Zubieta, hijo del capitán Lauro Siller García, dueño de la casona donde está el spa, y agrede verbalmente a don Joaquín con una nueva amenaza de muerte.

Tres días después, el 2 de noviembre -luego de asistir en la víspera a la toma de posesión de Teresa García-, don Joaquín presenta una nueva denuncia penal por amenazas de muerte, ahora contra José Gerardo Siller Zubieta, y ofrece como pruebas los testimonios de los agentes Balleza y Cavazos de León, entre otras personas. Pero entre enero y junio de 1998, realizará múltiples e inútiles gestiones, primero ante Loredo Esquivel, y más tarde ante José Martín Treviño Sosa, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal, para que le entreguen copia de los expedientes de todas las denuncias penales que ha interpuesto.

Cuando al fin obtiene esos documentos descubre, por un lado, que ninguna de sus denuncias fue atendida por supuesta consigna del procurador Santos González a Román Loredo, y por otro que, en lo relativo a la queja contra Siller Zubieta, no existe el parte policiaco rendido el 30 de octubre por los agentes Balleza y Cavazos.

Borran evidencias

Como último recurso acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que le gira un oficio a la alcaldesa García exigiéndole el parte policiaco del 30 de octubre y la bitácora de todas las actividades policiacas de ese día. García responde por escrito, y esto la inculpa aún más. El 3 de febrero de 2000, mediante el oficio SAJ/093/2000, como presidenta municipal de San Pedro comunicó al segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gilberto Jesús García Rodríguez, lo siguiente: "No existe parte informativo de fecha 30 de octubre de 1997 (de los citados agentes, porque éstos) únicamente se percataron de que se encontraban unas personas muy molestas y discutiendo entre ellas, pero en esos momentos llegó el agente del Ministerio Público (Román S. Loredo) y se identificó con los oficiales diciendo que se po-dían retirar, que la diligencia se iba a posponer, por lo que los oficiales regresaron a la oficina del director de policía, en ese entonces el C. Javier García García, informándole de lo sucedido, comentándole que no habían participado en nada puesto que la diligencia se pospuso, por lo que el director de policía ordenó que no se elaborara el parte..."

¿Así que el director de policía del ayuntamiento de San Pedro ordenó que no se elaborara el parte? ¿Así que esa fue la versión oficial de nuestra actual embajadora en Canadá? Qué extraño, porque en testimonio rendido el 24 de marzo de 2000, ante el agente del Ministerio Público Alfredo Iram Cázares Ayala, el propio Javier García García declaró en su descargo que el 30 de octubre de 1997 no estuvo en su oficina debido a que "sufrió un accidente en el pie del lado derecho el 24 de agosto de 1997 (y que) por tal hecho estuvo retirado e incapacitado totalmente de la corporación hasta el día 31 de octubre que se presentó en muletas convaleciente de las lesiones que tenía...".

Una pregunta esencial queda abierta. ¿Por qué Teresa García mintió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al informar que un funcionario incapacitado "ordenó" que no se elaborara el parte policiaco del 30 de octubre? ¿Qué intereses turbios estaba protegiendo nuestra actual embajadora ante Canadá?