Con la discusión de más de 50 puntos cierran el segundo periodo de sesiones

Se atora en el Senado reforma sobre el formato del informe presidencial

JOSE ANTONIO ROMAN Y ANDREA BECERRIL

El Senado cerró ayer el segundo periodo del primer año de ejercicios de la 59 Legislatura con una sesión maratónica en la que se discutieron más de 50 puntos, pero se dejó pendiente la reforma -ya aprobada en la Cámara de Diputados- que modifica el formato del informe presidencial, que obliga al Ejecutivo a escuchar los posturas de los partidos políticos.

La minuta por la que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso, que cambia la ceremonia del informe presidencial, no pudo aprobarse porque el PAN se opuso a ello y además, dado que llegó a esta Cámara la noche del miércoles, esto impidió que hubiera acuerdo.

Hubo oposición de los panistas, en especial del presidente de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Jesús Galván, quien prefiere que haya modificaciones globales a la Ley Orgánica del Congreso; otros legisladores del blanquiazul se negaron a imponer al Ejecutivo la obligación de escuchar las intervenciones de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, previo a la presentación de su informe de gobierno.

La minuta no se congeló, sostuvo el senador del PAN César Jáuregui, sólo quedó en comisiones y podrá discutirse antes de septiembre, en caso de que se decida convocar a un periodo extraordinario.

Otro tema pendiente, que motivó que el senador del PRI Carlos Rojas subiera a tribuna, fue la iniciativa para reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El legislador recalcó que "con paciencia y prudencia política" esperaron construir los consensos para sacar adelante el dictamen respectivo, pero no ha sido posible porque ha habido intentos gubernamentales de bloquear el proyecto para proteger a quienes incumplen lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la sesión de ayer se discutieron y aprobaron 20 dictámenes, entre ellos las modificaciones al anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el propósito de actualizar las llamadas reglas de origen para un paquete de siete productos, según solicitud de diversos sectores industriales.

El perredista Jesús Ortega protestó porque, dijo, el año pasado no se quiso tocar el sector agropecuario con la argumentación de que era "dificilísmo" abrir el TLCAN, pero ahora se hace con derivados del petróleo, bebidas alcohólicas, copiadoras, audífonos y otros.

El priísta Humberto Roque Villanueva precisó que no son cambios de fondo, sino una adecuación a la realidad luego de diez años de la firma de ese tratado. En el dictamen se asegura que en el caso de los derivados del petróleo la nueva regla de origen no representa un riesgo para la industria nacional y que, en cambio, mejorará la consolidación financiera de Pemex Refinación.

En su último día de trabajo, los senadores aprobaron también modificaciones al artículo 138 de la Ley General de Población para endurecer las penas a los traficantes de indocumentados. Se impondrá prisión de seis a 12 años y multa de cien a 10 mil días de salario mínimo a quien "por interpósita persona o sí mismo" interne a mexicanos o extranjeros hacia otro país sin la documentación correspondiente.

Se trata, sin embargo, de una reforma que no prevé perseguir de oficio el tráfico de personas, sino que plantea que para abrir una investigación penal es necesaria la denuncia ante las autoridades judiciales.

También se aprobó, aunque el dictamen tuvo modificaciones de redacción, una reforma al artículo 126 bis de la Ley General de Población, para sancionar a los pederastas extranjeros, que después de purgar sus penas, deberán expulsados del país.

Fueron casi siete horas de trabajo en las que por momentos se veía vacío el salón de sesiones, ya que los legisladores tuvieron que cabildear varias iniciativas. Al final todavía se aprobaron varios puntos de acuerdo, uno de ellos para exhortar a los gobiernos federal y de Chiapas a que continúen "acciones tendientes a restaurar el orden y la legalidad en la reserva de la biosfera de Montes Azules".

Fue un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente que salió de la agenda un día antes, a solicitud del PRD, para cambiar el lenguaje "agresivo", en especial la solicitud de desalojar a los grupos asentados en la selva Lacandona. El acuerdo aprobado pide que continúen "las reubicaciones". También se eligió ayer a los senadores que formarán parte de la Comisión Permanente.