Estudio revela que ejerce un estricto control presupuestal

El Estado controla la generación de conocimientos en universidades

JOSE GALAN

La concesión de cada vez menos recursos a las instituciones de educación superior, por medio de sistemas de financiamiento inadecuados, afecta seriamente a las universidades públicas, pues impide el libre ejercicio de la autonomía académica y científica, afirman investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el estudio Autonomía y financiamiento de la universidad moderna de México, publicado por el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), agregan que el Estado provee a las instituciones de "recursos etiquetados" para programas de docencia y de investigación, cuyo contenido académico se encuentra previamente controlado y es, en términos generales, ajeno a los proyectos de las universidades.

Javier Torres Parés, Adel Gutiérrez Tenorio y Jorge Humberto Miranda sostienen que esta situación ha contribuido a dar excesiva importancia a la administración en detrimento del papel de los cuerpos colegiados y de los propios docentes e investigadores en la conducción académica e institucional de las universidades públicas, "lo que, naturalmente, puede conducir a una forma indeseable de burocratización de estas instituciones".

En otros términos, por medio del presupuesto se ejerce un control determinante en la producción del conocimiento y el desarrollo de la docencia. Entre estos mecanismos están el fondo para el Fomento a la Modernización Educativa (Fomes) o el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), que funcionarios de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobierno actual consideran necesarios, dada la "escasa tradición" y la baja calidad académica de la universidad en México.

Hoy día, un instrumento central para este manejo financiero y presupuestal que reduce los recursos para la educación superior y establece un control de la producción académica, además de violar el principio de autonomía de las universidades, es el mecanismo de las evaluaciones para determinar los presupuestos universitarios. Durante al menos una década, esta forma de otorgamiento de recursos llamada "incrementalista" ha mostrado ser altamente inadecuada para la integración armónica y productiva de las comunidades académicas, así como para asegurar la calidad de las instituciones, mediante la asignación de recursos del Estado condicionados a evaluaciones del trabajo y del desarrollo institucional.

Por otra parte, autoritarismo, ausencia de democracia, control burocrático y político en las instituciones universitarias se encuentran asociados, continúan los autores, a las evaluaciones que condicionan los ingresos de los académicos, y citan al investigador y profesor Luis Villoro, al sostener que la mentalidad burocrática y autoritaria en las universidades ha sido favorecida "por el establecimiento de un sistema de estímulos económicos a la producción intelectual".

Consideran que los mecanismos de evaluación mantienen a la inmensa mayoría de los académicos con ingresos apenas suficientes o insuficientes, independientemente de la calidad y cantidad de su trabajo, por lo que se agudiza el problema de los salarios. Debido a que tales mecanismos, independientemente de la buena o mala fe de comisiones o jurados, prácticamente determinan el financiamiento que ha de otorgarse a las instituciones públicas universitarias, generan, entre otros efectos negativos, la creación de estratos de académicos que reciben recursos notoriamente diferentes por el mismo trabajo, situación claramente contraria a las diferencias salariales reconocidas por las distintas categorías académicas en la Ley Federal del Trabajo y en la legislación universitaria.