La mayoría, víctimas de enganchadores de San Pablo del Monte, Tenancingo y Zacatelco

Focos rojos en Tlaxcala por aumento de la explotación sexual contra mujeres

Hasta noviembre de 2003 se documentaron 261 casos en la zona de tolerancia de Tijuana

LA JORNADA DE ORIENTE

Tlaxcala, Tlax., 23 de abril. Considerado "el estado más seguro del país", paradójicamente Tlaxcala se ha convertido también en uno de los principales "exportadores" de mujeres que son obligadas a prostituirse en ciudades del país y del extranjero. Además se ha detectado que la explotación sexual infantil crece cada día, lo cual ha generado gran preocupación entre las autoridades locales, organismos nacionales e internacionales.

La detención en enero pasado en Queens, Nueva York, de 10 integrantes de la banda Los Lenones, puso al descubierto lo que podría ser una amplia red de tlaxcaltecas -sobre todo habitantes del municipio de Tenancingo- dedicados a la explotación sexual de mujeres. Seis integrantes más están prófugos.

A esa organización, integrada por miembros de la familia Flores Carreto, que tenía su centro de operaciones en Nueva York se dedicaba desde hace 13 años a esta actividad, ahora se suma la banda conformada por los primos Hernández, de Xicohtzinco, liderados por Hugo Hernández Orea, El Chilango, quienes "trabajan" en Tijuana, Baja California.

Datos proporcionados por algunas víctimas indican que en esa misma ciudad fronteriza operan Los Xalcaltzingos, Los Tenangos y Los Caleros, que aglutinan a padrotes de los municipios de San Pablo del Monte, Tenancingo y Zacatelco, quienes se encargan de enganchar a las mujeres.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Estudios Humanos en Tijuana y profesor de política en la Universidad Estatal de San Diego, comentó que hasta noviembre pasado en la zona roja de Tijuana se tenían documentados aproximadamente 4 mil casos de mujeres de entre 18 y 25 años de edad que trabajan en la industria del sexo, sobre todo de Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, un reporte de la Dirección de Servicios Médicos de Tijuana revela que el padrón de prostitutas estaba conformado, hasta principios del presente año, por 4 mil 500 mujeres, de las cuales, 787 son de Sinaloa, 404 de Baja California, 310 de Veracruz, 282 de Sonora, 280 del Distrito Federal, 261 de Tlaxcala, 208 de Michoacán el resto de otros estados.

Informes de la Policía Federal Preventiva (PFP) refieren que en el país existen al menos 15 bandas dedicadas a reclutar mujeres de entre 14 y 17 años de edad a las que, con engaños, se las llevan para luego explotarlas sexualmente. Esas organizaciones tendrían nexos con unas 120 organizaciones delictivas menores que operan sobre todo en la frontera norte.

Otra situación que prendió los focos rojos en Tlaxcala fue la reciente denuncia hecha por Mayri N., una niña de 13 años de edad quien, tras escapar de El Farolito -un tugurio ubicado en el municipio de Panotla-, denunció que policías estatales la obligaban a prostituirse.

Por este motivo fueron detenidos el comandante Sebastián Jiménez Vázquez y el policía José Luis Sánchez Vázquez, señalados por la niña como los individuos que la obligaban a prostituirse, junto con los dueños de El Farolito.

Durante ocho meses, Mayri N. fue obligada a prostituirse con al menos 80 sujetos, entre ellos policías estatales y soldados asignados a la 23 Zona Militar con sede en Panotla.

Tlaxcala perdió su tranquilidad

En octubre de 1994, el entonces secretario de Gobierno y actual diputado federal priísta, Federico Barbosa Gutiérrez, advirtió que Tlaxcala "ya no es el estado tranquilo que todos creemos. Ya hay de todo: tráfico de drogas, trata de blancas, alcoholismo, drogadicción, etcétera".

Sin embargo, es en los dos años recientes cuando esa declaración cobró vigencia, porque a Tlaxcala se le colocó en el plano nacional e internacional como uno de los principales "exportadores" de mujeres, en su mayoría casi niñas, que son obligadas a prostituirse.

Esta visión se refleja en el informe de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ofelia Calcetas-Santos, quien en noviembre de 1997 realizó una misión especial en nuestro país para estudiar la explotación sexual de niños mexicanos.

Según el informe, "desde 1994 se ha observado un aumento de la prostitución infantil en la ciudad de México, en particular de niñas procedentes de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz".

La organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez realizó la primera Campaña Ciudadana contra la Explotación Sexual Infantil, cuyos resultados difundidos, el 7 de mayo de 2003, revelaron que "Tlaxcala es uno de las principales estados de donde niños y mujeres son llevados a los estados del sur de Estados Unidos, para ser prostituidos y esclavizados por redes organizadas".

"Que en Tlaxcala no haya denuncias por casos de prostitución infantil no quiere decir el fenómeno esté ausente en la entidad", aseguró Alejandra Fonseca, directora de comunicación del Instituto de Asistencia Pública del Estado de Puebla.

Sostuvo que estas actividades tienen lugar, principalmente, en los municipios del sur del estado y en algunos urbanos como Apizaco.

Insistió en que "la mayoría de las víctimas son de San Pablo del Monte, Tenancingo y Zacatelco. Ahí es donde actúan los lenones que coptan fácilmente a los menores de edad, sobre todo del sexo femenino".

Debido a la denuncia pública sobre casos de explotación sexual comercial infantil, el DIF estatal promovió una investigación a fondo sobre el tema. El trabajo fue encomendado a la División de Estudios de Posgrado del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con el Primer Colegio de Sociólogos de Tlaxcala.

Los resultados del trabajo realizado durante 2003 y entregados hace apenas unas semanas al DIF estatal son guardados con carácter de "confidenciales".

Sin embargo, una de las primeras conclusiones que revela el texto -del que tiene copia este diario- indica que las instituciones consultadas para esta investigación "poseen escasa información sobre lo que implica la explotación sexual, situación que limita sus posibilidades de intervenir de manera más eficiente en el problema. Hemos podido confirmar ciertas limitaciones, sobre todo de orden legal e institucional para hacer frente a dicha problemática".

Para corroborar esta afirmación cabe señalar que en octubre de 2003 el Instituto Nacional de las Mujeres revisó los códigos penales federal y estatales y reveló que en pleno siglo XXI, en 24 entidades del país "se castiga más el robo de una vaca que la comisión de delitos sexuales contra las mujeres", además de que en ningún estado se prohíbe el matrimonio de menores de edad, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Las entidades donde los códigos civiles y penales castigan más el abigeato que un delito sexual son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.