Miguel Concha

Preocupaciones y propuestas ciudadanas en Ginebra

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con estatutos consultivos ante la ONU tienen, desde hace años, la facultad de intervenir en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en su propio nombre y con el apoyo de otras organizaciones que no gozan de tal calidad, con el fin de expresar sus preocupaciones y propuestas.

Este año la organización que poseen los dominicos y franciscanos en Ginebra (religiosos, religiosas y seglares) participó en el punto 9 de la agenda, sobre las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, a propósito de Irak; en el punto 10, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, a propósito de los enormes daños y perjuicios personales y ambientales causados por el ejército de Estados Unidos en la isla de Vieques, en Puerto Rico, y en cuatro provincias de Filipinas; en el punto 11, sobre los derechos civiles y políticos, a propósito del fundamentalismo y la intolerancia religiosa; y en el punto 17, sobre la promoción y protección de los derechos humanos, a propósito de la pena de muerte.

Avalados por una historia de 250 años de presencia en Irak, trabajando con el pueblo en las áreas de educación, salud -incluyendo instalaciones hospitalarias- y muchas otras labores humanitarias, sobre el primer punto pidieron que la comunidad internacional asegurara que las fuerzas de ocupación sujeten todas sus acciones a las exigencias del derecho, particularmente la cuarta Convención de Ginebra, sobre la protección de civiles y no combatientes, y apoye garantizando que se establezca un gobierno iraquí soberano y representativo, ya que esta es una condición ineludible para lograr la paz y la seguridad en el país.

Pidieron, en consecuencia, que la comunidad internacional no sustituya a las autoridades soberanas iraquíes con sus programas de ayuda, sino que las apoye para que ellas creen las condiciones para la reconstrucción material, económica y sicológica del país. Pidieron también que la ayuda financiera internacional se enfoque a la reconstrucción de la infraestructura, en áreas como la salud y la educación, así como al restablecimiento y reforzamiento de las instituciones legales nacionales, incluidas las de justicia y policía, y a la capacitación de su personal.

Pidieron, finalmente, que la Comisión de Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de los derechos humanos en Irak, así como que en materia de ayuda y cooperación la comunidad internacional contribuya al restablecimiento de relaciones bilaterales, y que la ONU juegue un papel clave en la transición hacia un gobierno soberano y representativo.

Sobre el punto 10, pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU colocar entre los puntos de su agenda el tema del legado tóxico de las actividades militares estadunidenses en Vieques y Filipinas, como un problema grave de derechos humanos, así como examinar el impacto de 60 años de ejercicios militares en Vieques y 50 en Filipinas, en los derechos a la salud y a un ambiente sano y sustentable de sus poblaciones.

Urgieron, igualmente, a Estados Unidos, a compensar plena y adecuadamente a todas las víctimas individuales; a garantizar la participación ciudadana en las decisiones acerca del saneamiento y uso futuro de las tierras de Vieques; a remover todos los residuos tóxicos y crear, si fuera posible, un programa de rehabilitación de las áreas irremediablemente contaminadas, para un desarrollo sustentable y, luego de su adecuado saneamiento, devolver todas las tierras expropiadas al pueblo de Vieques, y compensar al gobierno de Puerto Rico y la municipalidad de Vieques por los daños irreparables en la contaminación de sus tierras.

Urgen también al gobierno de Estados Unidos a proveer asistencia médica y compensación directa a las víctimas de Filipinas, por medio de su organización para el saneamiento de sus bases.

Sobre el punto 11, piden entre otras cosas al gobierno de Pakistán la derogación de las leyes discriminatorias en materia religiosa, incluyendo las llamadas Leyes contra la Blasfemia, y algunos artículos del Código Penal. Y sobre el punto 17, urgen al gobierno de Estados Unidos a respetar y cumplir las resoluciones del 5 de febrero de 2003 y 31 de marzo de 2004 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, a propósito de los procesos y condenas a muerte de 52 mexicanos sin las debidas garantías a sus derechos consulares.

Urgen a todos los gobiernos a buscar alternativas a la pena de muerte, que reflejen inteligencia, civilidad, compasión y justicia, y los animan a ratificar el segundo Protocolo Opcional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que exige poner fin a la pena de muerte.