En medio de la crisis generalizada de credibilidad y el acelerado desprestigio de la clase política y de las instituciones de procuración de justicia, en un entorno caracterizado por la impunidad de quienes delinquen desde posiciones de poder, la obsecuencia de las procuradurías para con esos infractores y el cinismo con que los delincuentes burlan la justicia, llaman la atención el desempeño institucional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y las conductas de dos de los indiciados en relación con los videoescándalos creados por el empresario Carlos Ahumada.

En efecto, esa instancia capitalina, encabezada por Bernardo Bátiz, no se ha frenado por afinidades partidistas para turnar a la Cámara de Diputados el trámite de desafuero de René Bejarano ni para indiciar a Carlos Imaz. Tampoco ha buscado componendas oscuras para atenuar o anular los procedimientos jurídicos pertinentes. Los dos acusados, por su parte, en lugar de darse a la fuga han declarado en todo momento su plena disposición a enfrentar los procesos penales en su contra.

En un contexto de plena vigencia de la legalidad, las conductas referidas tendrían que ser comunes y no habría motivo para encomiarlas. Pero los comportamientos referidos deben contrastarse con lo que ocurre, por rutina, en el gobierno del "cambio". Valga, al respecto, un brevísimo recuento: la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Rafael Macedo de la Concha, hizo cuanto pudo para no afectar a los amigos de Fox Lino Korrodi, Carlota Robinson y otros sobre quienes pesaban fundadas acusaciones por financiamientos ilícitos a la campaña del actual Presidente de la República; por torpeza, conveniencia o ambas, la PGR diluyó las querellas contra el cacique sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, principal figura del millonario desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida; la procuración federal, por otra parte, ni siquiera se molestó en indagar los insultantes derroches de dinero público realizados por otros de los amigos de Fox, Carlos Rojas Magnon, en Los Pinos, y Carlos Flores Alcocer, en la representación de México ante la OCDE; tampoco tuvo voluntad para fincar cargos al ex cordinador del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), el siquiatra Guido Belsasso, cuya suculenta afición al tráfico de influencias fue documentada por un reportaje de este diario.

Por supuesto, la PGR no ha movido un dedo para indagar los clamorosos señalamientos sobre la posible utilización de recursos públicos en la corporación populista de beneficencia Vamos México, encabezada por Marta Sahagún de Fox. Desde luego, la PGR ni siquiera ha admitido que la recepción de una denuncia a Carlos Ahumada en un salón de un hotel pagado por el Cisen constituya una irregularidad interna -por decir lo menos- digna de ser investigada. El contraste entre el cordial silencio presidencial por la escandalosa infiltración del narcotráfico en el gobierno panista de Morelos y la desmesurada ofensiva verbal foxista contra las autoridades capitalinas da prueba del sentido faccioso y partidista con que opera el gobierno federal.

La indolencia para procurar justicia ante posibles actos delictivos de funcionarios federales encuentra su correlato partidario en Acción Nacional, instituto que, hasta donde se sabe, no ha adoptado medidas disciplinarias ni siquiera contra su militante Eduardo Zuno Chavira, ex jefe delegacional en Alvaro Obregón y actualmente preso por tráfico de armas en uno de los aviones del corruptor Carlos Ahumada.

Ante semejante desempeño del actual grupo en el poder, ante la historia reciente de funcionarios priístas ladrones que abandonaban el país en cuanto les avisaban que podían ser capturados, y ante los banqueros defraudadores que recuperan su libertad bajo fianza en cuanto vuelven al país por efectos de extradiciones mal gestionadas, contrastan la actuación del Partido de la Revolución Democrática -que suspendió o expulsó a sus militantes involucrados en los videoescándalos de Ahumada-, el comportamiento de la procuraduría capitalina -que no vacila en emprender las acciones legales pertinentes, así sea contra destacados perredistas o ex perredistas- y hasta la actitud de dos de los acusados, Imaz y Bejarano, quienes en todo momento han respondido por sus actos ante las instancias federales y locales correspondientes.

Estas reflexiones no pretenden, de ninguna manera, pregonar la inocencia de los implicados en los hechos referidos ni abogar por su exoneración, toda vez que corresponde a las dependencias de procuración de justicia determinar si han incurrido o no en ilícitos, y declararlos inocentes o sancionarlos conforme a derecho. Pero, a lo que puede verse en las comparaciones realizadas, en el gobierno capitalino, en sus funcionarios y ex funcionarios se expresa una cultura de la legalidad -entendida como plena disposición a cumplir y acatar las leyes, independientemente de filiaciones, partidos e intereses políticos- que debiera servir de ejemplo a las autoridades federales.