México D.F. Martes 20 de abril de 2004
Autoridades municipales y federales señalan
que no hay riesgo en las instalaciones
Inspeccionan en Chihuahua depósito de desechos
contaminados con cobalto 60
ONG afirman que el material se encuentra al aire libre
y fue tirado sin tomar precauciones
RUBEN VILLALPANDO Y GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSALES
Autoridades
de Protección Civil de Ciudad Juárez y personal del Departamento
de Instalaciones Radiactivas de la Comisión Nacional de Salvaguardia
realizaron una inspección en el depósito de desechos contaminados
con cobalto 60, ubicado en el desierto de Samalayuca, a 60 kilómetros
de esa ciudad fronteriza, e informaron que no existe peligro en las instalaciones.
Sin embargo, campesinos, organizaciones no gubernamentales
(ONG) ecologistas y la regidora independiente Rosa María Lardizábal
explicaron que en un estudio realizado por especialistas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) se encontró que
existe en el sitio un foco de contaminación debido a que se encuentran
al aire libre cientos de toneladas de varilla contaminada con elementos
radiactivos.
La bióloga Alma Leticia Figueroa, titular de Ecología
y Protección Civil del municipio, y Hermenegildo Maldonado Mercado,
jefe del Departamento de Instalaciones Radioactivas de la Comisión
Nacional y Salvaguardia, así como Ignacio Jiménez Castro,
jefe de Análisis Operacional de esta dependencia federal, llevaron
a cabo una inspección del lugar donde desde 1984 fue depositado
el material radiactivo en el rancho El Gato.
Los funcionarios federales dieron a conocer "que no hay
fuga de radiactividad; sólo se encontró que la cerca perimetral
externa estaba un tanto averiada y que se habían separado los alambres,
que aunque hay letreros para alertar a la población, éstos
no se respetan".
Encontraron "que el material depositado hace varios años
no ha sido movido, y que las fosas muestran los estragos del tiempo y de
la falta de mantenimiento".
Alma Leticia Figueroa indicó que el material radiactivo
fue traído de 26 estados de la República donde había
sido distribuido, luego de ser fundido para varilla, acero, brocales, bancas
para parque, mesas de centro y herrería artística, entre
otros cosas. Dicho material, el cual equivale a 20 mil metros cúbicos
o su equivalente a 10 mil toneladas aproximadamente, se encuentra enterrado
en un lugar desértico, en una hectárea del rancho El Gato,
por asignación del gobierno del estado, en cuyo terreno no puede
ser depositado más material radiactivo".
Por su parte, la regidora independiente Rosa María
Lardizábal dio a conocer un estudio del físico Bernardo Salas,
técnico académico de la UNAM, el cual fue concluido en diciembre
de 2003 y en el que se define que "existe material radiactivo a flor de
tierra, fundamentalmente constituido por cobalto 60, que por su capacidad
ionizante puede producir daños a la salud y recomienda que una empresa
constructora entierre de manera adecuada el material contaminante.
"La zona analizada en Samalayuca presenta cuatro montículos
en la superficie de la tierra con escoria metálica revuelta con
polvo y piedras, y que tienen niveles de contaminación diversos",
añade.
El profesor Manuel Robles Flores, director de la Coordinadora
Regional Fronteriza de ONG y de la Unión Ecologista del Bravo, apuntó
que son "preocupantes las declaraciones de los expertos oficiales y de
las autoridades municipales sobre Samalayuca".
Demandan que se hagan estudios a fondo en este poblado,
porque en 1998 el gobierno estatal trasladó cientos de toneladas
de materiales contaminados con cobalto, que fueron tirados al aire libre,
sin tomar precauciones.
Por otra parte, en Jalapa, Veracruz, el municipio perdió
en forma definitiva el amparo que había promovido en contra de la
clausura del relleno sanitario de El Tronconal, que llevó a cabo
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
por considerar que violaba la normatividad ambiental al afectar el bosque
mesófilo de la zona, informó ayer el delegado de esa dependencia,
Manuel Molina.
Agregó que actualmente y ante ese fallo emitido
el pasado mes de marzo por el tribunal colegiado del séptimo circuito
con sede en la ciudad de Boca del Río, el ayuntamiento que preside
Reynaldo Escobar Pérez interpuso otro amparo en contra de una posible
clausura definitiva del relleno.
El delegado de la Profepa manifestó que como consecuencia
de esa resolución judicial que fue favorable a esta autoridad, en
estos momentos la dependencia está evaluando los daños ambientales
que a su juicio se han generado en la zona donde se construyó el
relleno sanitario, con base en lo cual definirá las sanciones a
aplicar, las cuales podrían ser la clausura definitiva, medidas
de remediación o multa.
La Profepa clausuró los trabajos del relleno sanitario
al inicio de las obras, por incumplir las normas ambientales, pues no se
había presentado un estudio del impacto ecológico.
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