Luis Hernández Navarro

Chenalhó y Zinacantán

En la estrategia gubernamental contra el ELZN, el municipio de Zinacantán puede convertirse en un nuevo Chenalhó. La terrible historia vivida en Chiapas durante 1997 y 1998 amenaza con repetirse durante este año.

Chenalhó y Zinacantán son dos importantes municipios de los Altos de Chiapas, ambos mayoritariamente indígenas. Chenalhó fue, en 1997, el territorio modelo para que el gobierno aplicara su política contrainsurgente. Zinacantán es el espacio para experimentar nuevas variedades de esa estrategia en 2004.

El pasado 10 de abril una marcha pacífica de 4 mil bases de apoyo rebeldes en Zinacantán, que pretendía llevar agua a comunidades zapatistas asediadas por las autoridades municipales y los caciques perredistas, fue emboscada con armas de fuego, machetes, piedras y palos. El saldo fue de 35 heridos, algunos de gravedad. Además 484 indígenas fueron desplazados de sus localidades, por temor a nuevas agresiones. Sus hogares fueron destruidos y no hay condiciones de seguridad para su retorno. Es la primera ocasión en que una movilización de estas características es atacada de esta manera.

La agresión no fue un hecho accidental, sino programado. La violencia no surgió de una protesta que desbordó a sus organizadores, sino de la acción deliberada del PRD en el municipio. El objetivo de quienes la provocaron era romper la resistencia zapatista en el municipio y contener la influencia de la junta de buen gobierno.

El diferendo entre perredistas y zapatistas no es producto de un problema social ni de "los usos y costumbres", sino una cuestión política. Hay allí una disputa por el poder y por el territorio entre una fuerza que representa el viejo orden y comunidades organizadas autónomamente que lo resisten. El ayuntamiento del sol azteca cortó el suministro de agua potable a los poblados rebeldes para tratar de someterlos a su hegemonía.

El Zinacantán de hoy recuerda al Chenalhó de hace siete años. Durante 1997 este municipio fue escenario de una fuerte disputa entre los zapatistas y los caciques locales del PRI incorporados a acciones de contrainsurgencia. El gobierno echó a andar allí una sofisticada estrategia de guerra para contener la expansión rebelde en los Altos. Utilizando conflictos comunitarios ancestrales y la dinámica social tradicional auspició la formación de grupos paramilitares y un éxodo masivo de bases de apoyo y grupos de la sociedad civil. Más de 10 mil desplazados tuvieron que refugiarse en Polhó. El 22 de diciembre de 1997, los paramilitares ejecutaron una matanza "ejemplar" en el campo de refugiados de Acteal.

A la masacre siguió un incremento de la presencia del ejército en la zona de conflicto, la ofensiva policiaco-militar contra los municipios autónomos, la deportación de observadores internacionales, expulsiones masivas de familias zapatistas de sus poblados y la negativa del gobierno federal a reconocer los compromisos pactados para reformar la Constitución en el tema de los derechos y la cultura indígenas.

El gobierno mexicano pagó un elevado precio por esas acciones. Su imagen, de por sí deteriorada por años de violación a los derechos humanos, se descompuso aún más. La vieja modalidad de guerra de baja intensidad tuvo que ser, al menos parcialmente, sustituida por una que limara sus aristas más espinosas. Zinacantán se ha convertido en uno de los principales laboratorios para poner en práctica la nueva.

En el reciente esquema de contrainsurgencia se ha propiciado la creación de contrapesos reales al zapatismo en el territorio mismo donde opera, dotados de "legitimidad" y apoyo institucional. Como ya no sirven ni los paramilitares priístas (lo que no significa que hayan desaparecido) ni las políticas tradicionales de combate a la pobreza ni la presencia militar masiva ni la acción de organizaciones campesinas oficiales, se ha privilegiado la promoción y el fortalecimiento de actores políticos de "izquierda" que enfrenten a los rebeldes y expulsen a las bases de apoyo de sus comunidades.

Ahora, al igual que en el pasado, las autoridades municipales, que simultáneamente forman parte de grupos caciquiles, continúan desempeñando un papel muy importante. Pero, en lugar de utilizar a los grupos armados de filiación priísta, se ha echado mano de facciones locales arropadas en las siglas del PRD, protegidas por la dirección nacional de ese partido y asesoradas por militantes del sol azteca que desempeñaron un papel central en la mediatización y cooptación de las protestas sociales en Chiapas durante 1995. De esta manera se desmilitariza aparentemente el conflicto y se da cobertura a sus operadores en el terreno con la "legitimidad" de una fuerza de izquierda.

Estos nuevos actores -en realidad viejos grupos de poder locales con la imagen remozada- han sido apoyados y fortalecidos económicamente por el gobierno estatal para potenciar su crecimiento. En Zinacantán han obtenido decenas de vehículos y el permiso o la tolerancia para utilizarlos como medio de transporte colectivo entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Simultáneamente, su filiación perredista les ha proporcionado una cobertura nacional y una red de relaciones dentro del gobierno local con funcionarios provenientes de las filas de esa franquicia electoral, pero que trabajan para grupos de interés estatal. Su cara civil no les impide, empero, que usen la violencia para lograr sus objetivos.

En una improvisada visita a la entidad, el secretario de Gobernación afirmó, con razón, que Chiapas dejó de ser "un dolor de cabeza" para el gobierno. Para tener dolor de cabeza el gobierno debería tenerla. Y sus hechos en la entidad han mostrado que no la tiene. La pretensión de hacer de Zinacantán un nuevo Chenalhó y de disminuir artificialmente la magnitud del conflicto así lo evidencia.