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México D.F. Martes 20 de abril de 2004

Según Gobernación, no había datos "ni en el archivo ordinario ni en el confidencial"

Tras 23 años se descubrió que el agresor de Díaz Ordaz carecía de expediente legal

El caso apoyaría la hipótesis de que ex rebeldes fueron recluidos en cárceles clandestinas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA /IV Y ULTIMA

castaneda_psiquiatrico01En 1993, gracias a la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la pasante de derecho Norma Ibáñez Hernández, quien prestaba su servicio social en el hospital siquiátrico Samuel Ramírez Moreno, se descubrió "que no existía ningún expediente jurídico" de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente, quien quiso matar a Gustavo Díaz Ordaz, pero falló en el intento.

El "interno paciente", como se le llamaba en su expediente clínico -del cual posee copia La Jornada-, ya había pasado 23 años encerrado en ese hospital, sometido a estudios, interrogatorios y vigilancia permanente.

El 28 de septiembre de 1993, la Secretaría de Gobernación notificó a Carina Vélez y de la Rosa, subdirectora del siquiátrico, mediante el oficio 12592, que no encontró "ni en el archivo ordinario ni en el confidencial" informes de por qué se envió a Castañeda de la Fuente a ese lugar.

El oficio de referencia fue firmado por Carlos Tornero Díaz, titular en 1993 de la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de Gobernación.

Tornero Díaz, por cierto, fue el autor del dictamen de siquiatría forense que atribbuyó la autoría del homicidio de Luis Donaldo Colosio a Mario Aburto Martínez, a quien definió como un joven de 23 años que, impulsado por un delirio crónico de carácter reivindicativo, asesinó en 1994 al candidato priísta a la Presidencia.

El caso de Castañeda de la Fuente podría apoyar la hipótesis del titular de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, quien en 2002 no descartó que algunos miembros de los movimientos armados de los años 70 y 80 hayan permanecido presos en cárceles clandestinas y que, tras resultar afectados en sus facultades mentales, se hubieran convertido en indigentes.

¿Cuántos casos como éste ocurrieron durante la llamada guerra sucia? ¿Cuáles son los expedientes que guarda o guardaba el archivo confidencial de lo que fue la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social? No se sabe.

La CNDH no emitió recomendación

En el caso de Castañeda de la Fuente, su salida del siquiátrico se debió a la queja que Ibáñez Hernández interpuso en 1992 ante la CNDH, que entonces presidía Jorge Carpizo McGregor. El organismo no emitió recomendación alguna.

La declaratoria de libertad de Carlos Francisco Castañeda se hizo el 23 de diciembre de 1993, cuando el paciente egresó a raíz de que se señaló que tuvo "mejoría de la sintomatología por la que fue atendido, siendo entregado a su hermano Pedro Castañeda".

Pero antes de salir del nosocomio, Carlos Francisco Castañeda fue sometido a otro estudio. El 26 de noviembre de 1993, Ibáñez Hernández documentó que el paciente ingresó en el hospital el 4 de junio de 1970 y que en su expediente clínico estaba asentada la causa por la cual se le remitió a ese lugar. Detalló que la "conducta atípica y antijurídica" que se le había imputado era "tentativa de homicidio", pese a lo cual su "expediente legal era inexistente".

En el informe de ocho páginas se hizo referencia a los recuerdos que Carlos Francisco Castañeda guardaba del atentado que cometió el 5 de febrero de 1970 y a que, a pesar de que habían pasado 23 años, mantenía detalles de su detención:

"En el carro de la Policía Judicial me preguntó el agente: '¿Por qué lo hiciste, por qué, por qué, por qué?', y yo le contesté que por la matanza de Tlatelolco.

"Me preguntaron: '¿Mataron a un familiar tuyo?' Respondí que no. En la Dirección Federal de Seguridad (DFS) el mismo agente que me aprehendió me volvió a golpear y me dieron de patadas en el costado. El director de la DFS me dio tres o cuatro derechazos en la cara.

"Me preguntó: '¿Quién te pagó, quién te ordenó, quién te mandó?' Yo le respondí que nadie.

"También me preguntó: '¿Qué quieres, que te saque un ojo, un diente o una uña?' Yo le dije: 'Usted hace la justicia'.

"¿Quiénes son tus amigos? Yo contesté: 'Alberto Bedolla, trabaja en Sanborns'. Luego supe que lo habían buscado para interrogarlo. Luego me preguntaron: '¿Cómo quieres morir, fusilado o quemado?', y yo preferí fusilado."

Además, dijo a la pasante en derecho que "en su estancia en el pabellón 6 le dijeron: 'Nos dicen que nos estás engañando; nosotros podemos ponerte una inyección para que hables'(...) En febrero de 1971 me pusieron esa inyección. Sentía torcidos los nervios de los pies, de la mandíbula; estaba desesperado, tenía miedo, lloraba.

"Seis u ocho horas duró el efecto (...) Me dieron medio Artane porque me quitaba la ropa y me retorcía en una cobija en el suelo (...) En cuatro horas me tranquilicé, pero después me sentí otra vez desesperado, con miedo (...) El efecto duró un mes, pero iba disminuyendo lo que sentía."

Así como no hubo datos de su expediente judicial, tampoco el personal del hospital pudo localizar al abogado Iván Lagunes Alarcón, quien fue designado por Gobernación para defenderlo.

En realidad se le designó como "tutor legal" para que estuviera pendiente de cualquier procedimiento administrativo o jurídico del interno, a pesar de que Lagunes laboraba en Gobernación.

En el hospital Samuel Ramírez Moreno, Castañeda de la Fuente fue un interno en cuyo expediente no se consignó qué autoridad lo había enviado, "ni bajo qué calidad jurídica".

Durante los 23 años que estuvo en el siquiátrico, según el último informe sobre su situación, su conducta fue "considerablemente buena en general, manejable, y no presentaba índices elevados de peligrosidad o tendencias obvias de agresión".

La consideración de Ibáñez Hernández fue de un "buen pronóstico criminológico". La ultima cita textual de lo dicho por Castañeda de la Fuente a la pasante en derecho, que fue colocada al final del informe, señala: "el presidente Gustavo Díaz Ordaz me perdonó, y yo también lo perdoné".

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