Pide a la PGR iniciar indagatoria contra el PSN

Ratifica el IFE multas por $422 millones a 11 partidos

Acusan a consejeros de cometer errores monumentales

ALONSO URRUTIA

Maltrechas ya de por sí sus finanzas por excesos pasados y afectados en su imagen por los recientes escándalos, los partidos políticos se aprestaban anoche a recibir un nuevo golpe a las partidas que reciben del erario, pues a pesar de largas horas de justificaciones, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) estaba por votar, al cierre de la edición, multas por 422 millones de pesos a los 11 partidos que contendieron en la campaña federal de 2003, de los cuales 188.7 corresponden a partidos aún con registro, mientras el resto será prácticamente incobrable.

Cerca de la medianoche los consejeros electorales rechazaron las solicitudes de los partidos de devolver el dictamen a la Comisión de Fiscalización para corregir errores y omisiones. No valieron las críticas partidistas contra la inconstitucionalidad, la desproporción de las multas, el excesivo rigor, la inconsistencia de los dictámenes ni el impacto que el monto de las multas tendría en el sistema de partidos.

Prácticamente estaba confirmado que de las multas por aprobarse, 93 millones de pesos corresponden a irregularidades relacionadas con la violación al tope de campaña; 28 millones por no haber reportado al IFE algunos promocionales en radio y televisión; 25 millones por aportaciones superiores a 500 mil pesos por simpatizante, y el resto por otras anomalías.

Aún sin superar los estragos económicos de la multa histórica que le recetaron por el Pemexgate, el PRI, en voz de su representante, Iván Jaimes, acusó a los consejeros de adoptar criterios absurdos y desproporcionados para aplicar la multa de 87.3 millones de pesos -la más elevada, con excepción de los 203 millones de pesos con que se multó al desaparecido Partido de la Sociedad Nacionalista-, porque no tuvieron en cuenta la situación financiera por la que atraviesa el tricolor.

El perredista Juan N. Guerra clamó por una revisión de los criterios técnicos aplicados en la sanción de 54.7 millones de pesos que tendrán que pagarse de las exiguas finanzas perredistas. No es posible que por la utilización del criterio del prorrateo en el gasto publicitario resulte que el PRD viole los topes de campaña en 56 distritos. "Si nosotros violamos los topes, pues que nos sancionen, pero que no sea por razones técnicas."

La consejera Lourdes López respondió acerca de los excesos financieros de los partidos con los resultados electorales: en 65 por ciento de los distritos, los topes de campaña fueron violados por uno o varios partidos; en 75 por ciento de los 118 distritos que ganó el PRI por sí solo, hubo violación al tope de campaña; en 40 por ciento de los distritos donde la victoria fue para el PRD también se violó esta disposición.

López destacó además que los excesos en los gastos de campaña electoral no se asocian necesariamente a una mayor participación electoral pues, según los datos del IFE, en los distritos donde se violó el tope de campaña se registró una participación de 41.25 por ciento, mientras en los que no se violó fue de 42.2 por ciento.

La consejera justificó el sentido de los dictámenes en las 53 mil 500 horas-hombre de trabajo empeñadas y en que el IFE no puede hacerse cargo de las finanzas de los partidos. Dijo que el monto de las multas no proviene de fórmulas casuísticas ni caprichos institucionales, sino de criterios establecidos donde se consideran la gravedad de la falta y los montos implicados, entre otros aspectos.

Ya inexistente, el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) fue el más sancionado, en lo que fue considerado por el consejero Marco Antonio Alcántar como el caso más cínico y vergonzoso en la historia electoral, lo que motivó al IFE a solicitar a la Procuraduría General de la República iniciar indagatorias de orden penal contra sus ex dirigentes, ya que el PSN no presentó ninguna justificación de sus gastos de campaña.

Las sanciones que estaban por aprobarse al cierre de la edición son: 203.5 millones de pesos al PSN, 87.3 millones al PRI, 54.7 millones al PRD, 18 millones a Convergencia, 17.5 millones al PVEM; 14.4 millones al PAS, 7.7 millones al PT, 5.24 millones a Fuerza Ciudadana, 5.2 millones al Liberal Mexicano, 5.1 millones a México Posible y 3.1 millones de pesos al PAN.

Esta vez todos los partidos condenaron los "excesos" de los consejeros; las descalificaciones fueron desde tildarlos de inquisitoriales hasta acusarlos de pretender aniquilar el régimen de partidos y de cometer errores monumentales en la revisión de los gastos de campaña de los institutos políticos. Inclusive, la representante legislativa del PRI, Martha Tamayo, sostuvo que el IFE sólo pretendía sumarse a la condena social contra los partidos tras los últimos sucesos públicos.

Frente a las descalificaciones, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, salióen defensa del IFE; argumentó que, lejos de pretender debilitar a los partidos, las multas pretenden consolidar el sistema de partidos al fortalecer transparencia y fiscalización.

Ugalde rechazó que detrás de las sanciones haya una intención política del IFE. Explicó que "no existe ninguna motivación política más allá del ejercicio técnico y jurídico". Dijo no compartir los criterios partidistas de que hubo excesivo rigor y una pretensión de aniquilar a los partidos, pues mediante estas multas lo que se pretende es "blindar" a los institutos políticos para que no incurran de nueva cuenta en estas irregularidades.

Al contrario de esta argumentación, todos los partidos acusaron a los consejeros de mantener una cerrazón en revisar de nueva cuenta las inconsistencias en los dictámenes. Hubo señalamientos de que por haber violado con 600 pesos el tope de campaña se aplica una multa desproporcionada de 400 mil pesos.

Guerra demandó al IFE revisar su conducta, porque en este asunto no se trata necesariamente de que "nos cuerne el toro a fuerzas", sino en buscar que las sanciones sean aplicables por verdaderas violaciones de la ley y no por inconsistencias técnicas.

A juicio del priísta Iván Jaimes, lo que prevaleció en el fondo es que todos los partidos son responsables hasta que demuestren lo contrario; hubo excesivo rigor y criterios "hardvarianos" que no tomaron en cuenta las condiciones particulares de cada partido.