La titubeante actitud del gobierno mexicano en lo relacionado al voto que nuestro país emitirá en Ginebra en el contexto de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas sobre Cuba ha alcanzado niveles bochornosos, pues las principales autoridades federales no han sido capaces de informar con claridad a la ciudadanía cuál es la posición oficial a este respecto.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, indicó desde Paraguay que el gobierno foxista ve con buenos ojos la posibilidad de que Cuba acepte la visita de un relator de derechos humanos de la ONU a fin de constatar de manera directa la situación de las garantías fundamentales en la isla gobernada por Fidel Castro. Con ello, Derbez estaría avalando al menos parte de la propuesta sobre Cuba formulada por Honduras, a instancias de Estados Unidos, lo que equivaldría a un virtual plegamiento de la política exterior del país a los designios de Washington.

Por otro lado, el titular de Gobernación, Santiago Creel, señaló que México no ha comprometido aún el sentido de su voto en Ginebra y advirtió que las afirmaciones de que el gobierno federal ya definió su posición sobre Cuba son sólo "especulaciones de quienes quieren ver otra cosa". Sobre ello, convendría cuestionarse a quién se refiere Creel. ¿A Derbez, quien ya indicó que parcialmente apoya la resolución que Washington pretende imponer, pese a que Estados Unidos no es miembro oficial de la CDH? ¿A la propia Casa Blanca, cuyo vocero señaló hace unos días que Fox y Bush se habrían ya puesto de acuerdo telefónicamente sobre este asunto? ¿A la opinión pública y buena parte de los actores políticos del país, que advierten en tal actitud contradictoria y dubitativa un inaceptable alineamiento con la política estadunidense?

Además, ha de resaltarse la contradicción entre lo que el gobierno mexicano ha expresado en respuesta a los contactos emprendidos por diversas cancillerías latinoamericanas -que piden, al menos, la abstención de México en Ginebra- y lo que da a conocer a la sociedad. La administración foxista dice a los gobiernos del subcontinente que la decisión mexicana está tomada y en México reitera que no se ha definido todavía ninguna posición. Sea como sea, resulta por lo menos reprochable que el gobierno mexicano no sea capaz de expresar públicamente sus inclinaciones sobre el tema de Cuba en la CDH de Ginebra, pues tal cadena de declaraciones vagas y disímbolas sólo ha contribuido a la confusión y a la sospecha.

Pero al margen de este debate, debe reiterarse que, efectivamente, el régimen de Fidel Castro es responsable de intolerables violaciones a los derechos humanos, de la supresión de los derechos políticos de sus ciudadanos, de la limitación de la libertad de expresión y, lo más grave, de prácticas represivas y de ejecuciones contra algunos de sus ciudadanos. En este sentido, el gobierno cubano resulta condenable, como lo es cualquier régimen que practica o tolera la conculcación de las garantías básicas de todo ser humano, y no son pocos.

Que la comunidad internacional sancione a Cuba en el contexto de Naciones Unidas revela la hipocresía, el doble discurso y el alineamiento con la política imperial estadunidense que cunden en buena parte del orbe. Por principio de cuentas, el gobierno de Estados Unidos y los de otras naciones -incluso el de México- no están libres de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus territorios ni por las que sus fuerzas perpetran en tierras extranjeras. Los ejércitos enviados por Washington a Irak se encuentran, en este mismo momento, realizando una devastadora operación de represión y extermino contra miles de iraquíes inocentes. De igual manera, en algo mucho más próximo a nuestro país, diversos gobiernos estatales estadunidenses se han negado a acatar el fallo de la Corte de La Haya que ordena revisar las condenas a muerte impuestas a medio centenar de mexicanos en el vecino del norte. Por añadidura, Cuba misma se encuentra desde hace más de 40 años sujeta a un ilegal bloqueo que ha asfixiado, de la mano de la ley Helms-Burton, la economía del país caribeño y se ha cobrado, a manos de los sucesivos gobiernos estadunidenses, un altísimo costo humano. ¿Por qué unos países deben ser condenados en la ONU y a otros se les tolera o se les exime en cuestiones de derechos humanos? ¿Es que las presentes presiones estadunidenses tienen como objetivo legitimar una eventual intervención en la isla, maquillada como una "acción humanitaria" que, de paso, pretendería remover al gobierno de Castro, para beneficio de los intereses de Washington y de los exiliados de Miami, cruciales para las aspiraciones electorales de Bush?

Ante este doble rasero, México debe mantenerse, en primer término, apartado de las presiones estadunidenses y debe definir su voto en Ginebra con base en los postulados históricos de su política exterior. Así, mientras Cuba sea víctima de acoso y de intimidación por parte de Washington, y mientras el propio vecino del norte sea responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos, toda resolución contra la isla que no incluya también a Estados Unidos y otras potencias -como Gran Bretaña o Israel- será, antes que un alegato civilizatorio, una forma más de opresión e hipocresía que México no debe avalar ni suscribir.