Los planes del municipio son elaborados con la ayuda de asesores perredistas

Persecución selectiva en Zinacantán

Estudiantes de la Unach fueron enviados a hacer un diagnóstico con fines políticos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 14 de abril. Para tomar el hilo de la trama zinacanteca puede servir como punto de partida un comentario hecho ayer en la cabecera municipal de dicho municipio por un veterano, y apacible, militante del Partido Revolucionario Institucional, hoy en la oposición: "Las cosas que está haciendo el actual gobierno municipal no son del modo que hacemos aquí en los pueblos. Se nota que los planes del presidente municipal (Martín Sánchez Hernández) los hacen los que vienen de fuera".

"¿Cuáles?", pregunta el reportero. El indígena responde tranquilamente: "Los que ahora trabajan con el presidente municipal. Asesores del PRD. Uno hasta es secretario de obras". No se dé connotación xenofóbica a estas palabras (que podrían tenerla), pues el tono del declarante no lo indica.

El dato, sin embargo, es significativo. Quizás determinante en la persecución selectiva y exhaustiva contra las bases de apoyo del EZLN en ciertas comunidades que se ha registrado en lo que va del año, materializada en el despojo total de agua de los indígenas que se asumen como autónomos en las comunidades próximas a Pasté, y hoy desplazados.

Un nombre parece la clave: Pablo Reyes Aguilar, asesor del alcalde perredista (incluso estuvo a su lado durante la conferencia de prensa que Sánchez Hernández dió ayer en el ayuntamiento). A través suyo, el gobierno de Zinacantán firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para efectuar un "diagnóstico" o censo en Zinacantán.

Entre las credenciales que lo acreditan como perredista está su papel en la extinta Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (Aedpech) que formó parte del gobierno en rebeldía encabezado por Amado Avendaño en 1994, aquel barco que pronto abandonaron la mayoría de las organizaciones que lo tripulaban.

Encargado de los derechos humanos en la Aedpech, Reyes también fue responsable de finanzas (y en este carácter negoció las inversiones que trajo a Chiapas el inolvidable enviado del gobierno federal, Dante Delgado Rannauro). Posteriormente fue asesor del gobierno perredista en Amatenango del Valle, hasta que el sol azteca perdió dicho municipio. En años recientes trasladó sus oficios a Zinacantán.

Hacia agosto de 2003, los pobladores tzotziles de 30 comunidades del municipio de Zinacantán vieron llegar por sus parajes grupos grandes de estudiantes, que los fines de semana venían a hacerles preguntas. Eran alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unach enviados, en muchos casos bajo protesta, a colaborar en un "diagnóstico" que permitiría elaborar el proyecto de desarrollo municipal. Un trabajo obligatorio de "voluntariado".

Las preguntas de aquella investigación (que aún está en proceso de redacción) no parecían muy académicas, y hubo voces críticas dentro de la facultad, las cuales señalaban que involucrar a la institución en un compromiso político podía ser dañino. Con sus estudiantes, la Unach estaba "subsidiando" un proyecto político. No obstante, el estudio se puso en marcha.

Entre las preguntas que incluía el cuestionario estaban creencias religiosas, filiación política y otras. Operaba una curiosa licencia metodológica: si una familia no se encontraba en su vivienda o no respondía el cuestionario, los jóvenes encuestadores podían interrogar a los vecinos. El estudió se realizó en 30 de los 33 parajes o comunidades zinacantecas, e iba dirigido expresamente a los perredistas, para definir futuras prioridades e inversiones. Y para cohesionar al grupo de poder de Pasté, Nachig y Navenchauc, muy vinculado ahora a Tuxtla Gutiérrez.

Hacia fines de 2003, las autoridades municipales tuvieron acceso a una información detallada, casa por casa, de quienes eran, por ejemplo, bases de apoyo zapatistas. Casualmente, entre diciembre y enero los perredistas de Pasté, San Isidro, Elambó Alto y Bajo cerraron las mangueras de cada vivienda identificada como zapatista, les bloquearon los pozos y depósitos, les robaron sus tinacos, y al inconformarse los rebeldes, se les hostigó y amenazó.

Había comenzado la ofensiva que culminaría este 10 de abril, al emboscar la marcha zapatista que fue a Jech'vó a llevar agua a las bases de apoyo.

Por supuesto, la caracterización censal de los priístas (el otro grupo político de Zinacantán) ya existía de antemano. Con ellos el PRD disputa directamente el poder municipal, y al menos ahora que no gobiernan, los priístas no han mostrado hostilidad contra los zapatistas. Esta es una de las paradojas del caso.

Vagos deslindes

El dirigente estatal de PRD, Joel Hidalgo, decidió ayer tapar el sol (de su partido) con un dedo al declarar a la prensa de Tuxtla Gutiérrez que la agresión contra los zapatistas pudo ser hecha por "otros partidos políticos", y fue "elaborada para hacer caer en un supuesto error al PRD". Sin sonar muy convincente, quiso deslindar de los hechos a los perredistas de Pasté.

Ya un día antes, Fernel Gálvez, presidente del Consejo Político del PRD chiapaneco, había asegurado que el "enfrentamiento" podía ser "una forma de presión" ante las elecciones municipales que se avecinan. Y el PRD nacional, a través de Javier Hidalgo, estimó que no era correcto ver el asunto como un conflicto entre perredistas y zapatistas, pues era un problema "social, no político".

Esta línea de interpretación coincide con la del alcalde Sánchez Hernández, y por tanto resulta cómplice suya, pues desde febrero pasado está demostrada su participación en los cortes de agua, junto con sus seguidores en las comunidades afectadas. La pretensión de que el pasado 10 de abril pudo haber "inflitrados" (presuntamente no perredistas) no se sostiene ante la evidencia de que el ataque se planeó y ejecutó desde la agencia municipal de Pasté, en manos del grupo que gobierna el municipio.

El propio gobierno estatal insiste en culpar a las bases de apoyo zapatistas (o más bien a personas ''ajenas''), apoyado en la insostenible versión de que la protesta rebelde se "salió de programa" y sólo de último minuto habría "decidido" ir a Jech'vó. Es insostenible, pues el propósito expreso de los zapatistas de los Altos era llevar agua a sus compañeros.

Los tanques Rotoplás llenos de agua en los camiones no eran para quedar en la carretera de Chamula, en el lugar llamado La Ventana, como sostienen los funcionarios estatales; este crucero (y mirador sobre San Cristóbal de las Casas) era sólo el punto de reunión de los más de 160 vehículos que este sábado transportaban a miles de zapatistas, los cuales no se apearon allí ni en la cabecera de Zinacantán. Su destino eran las comunidades sin agua, al igual que en la movilización zapatista de febrero pasado.

Por otra parte, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, todavía hoy se ignoraba el paradero de cinco miembros de una de las familias desplazadas, desaparecidos desde la noche del 10 de abril.

Las versiones oficiales niegan la existencia de desplazados, y aseguran que los "autodesplazados" ya retornaron. En los hechos, no sólo siguen fuera de sus comunidades sino que ni la prensa, ni el gobierno, ni los organismos civiles han conseguido averiguar dónde se encuentra el medio millar de indígenas expulsados de Jech'vó, Elambó Alto y Bajo.