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México D.F. Jueves 15 de abril de 2004

Se confirma la "invitación" del Senado a Bátiz

Condena el PAN la cloaca infesta del GDF, pero exculpa a Estrada Cajigal

ANDREA BECERRIL

Los casos de corrupción de algunos ex perredistas y el avance del narcotráfico en Morelos fueron ayer eje del debate en el Senado de la República, donde el PAN exhibió su doble moral, pues los legisladores de ese partido sostuvieron en tribuna que hay una "cloaca infesta" en el gobierno de Andres Manuel López Obrador, pero salieron de inmediato en defensa del gobernador Sergio Estrada Cajigal, cuando priístas y perredistas criticaron que la autoridad judicial lo haya exculpado de antemano, sin investigar su probable responsabilidad en la protección de narcotraficantes.

"Tratándose de un gobierno panista, Montiel y Cortés están presos" y en el Distrito Federal Bejarano e Imaz están libres", fue la respuesta del senador del PAN por Morelos, Marco Antonio Adame", a una propuesta del perredista Jesús Ortega -secundada por el priísta David Jiménez- para demandar al titular de la PGR que investigue y deslinde responsabilidades en el caso de Estrada Cajigal.

Previo a ello, el pleno aprobó la invitación al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, para que la próxima semana informe sobre las actividades que lleva a cabo la dependencia a su cargo "para deslindar responsabilidades legales en los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y cercanos colaboradores del jefe de Gobierno".

Ortega expuso que los peredistas votarían en favor de esa invitación al procurador Bátiz y planteó hacerla extensiva al titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien seguramente "algo tiene que decir" sobre el tema de los videos y los sobornos del empresario Carlos Ahumada.

El presidente de la Comisión del Distrito Federal, David Jiménez, estuvo de acuerdo y señaló que una vez que se reúnan con Bátiz esperan hacerlo con el procurador general de la República, funcionario al que el Senado sí tiene facultades para llamar a comparecer.

En su turno, la panista Cecilia Romero dijo que es responsabilidad de los legisladores limpiar la política y los políticos en el Distrito Federal. "No es posible que la altísima vocación de la política" se convierta en "un mercado rojo", expresó.

Pidió rebelarse contra la "cloaca infesta", contra la situación tan grave en el gobierno capitalino. Los políticos, agregó, están en las estadísticas y las encuestas "con menos popularidad que los policías, y al ratito la gente va a preferir a los narcotraficantes si no se pone un alto a esto".

Romero advirtió que además de Bátiz, invitarán a reuniones a la contralora, al secretario de Finanzas y a la de Medio Ambiente del gobierno de López Obrador.

Sin embargo, cuando el tema fue la responsabilidad del gobernador de Morelos en el escándalo de narcotráfico que sacude a la entidad, que llevó a la PGR a detener a sus principales jefes policiacos, los panistas ya no pidieron limpiar la política.

El perredista Ortega llevó un punto de acuerdo al pleno, para que el Senado pida al titular de la PGR toda la información sobre el combate al narcotráfico y particularmente sobre las acciones contra el llamado cártel de Juárez, que ha venido operando impunemente en Morelos.

Planteó también que se pida a Macedo de la Concha informar al Senado de manera detallada "sobre las posibles implicaciones del gobernador Estrada Cajigal en la violación de la Ley contra la delincuencia organizada".

Resaltó que la situación es muy delicada, ya que la PGR ordenó la detención y reclusión, en el penal de máxima seguridad de Almoloya, de los dos principales jefes policiacos de Morelos, Agustín Montiel y Raúl Cortés Galindo, acusados de complicidad con una de las bandas más poderosas de narcotraficantes. Pero, resaltó, el procurador Macedo de la Concha "no está actuando con la responsabilidad debida" al exculpar por razones partidistas o de carácter político a Estrada Cajigal.

El priísta David Jiménez lo respaldó y dijo que en su bancada no aceptan "exoneración alguna de ningún funcionario" y menos si se trata de involucramiento en el narcotráfico.

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