Cuando están por cumplirse 10 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, las demandas de esclarecimiento vuelven a ocupar el centro de la escena política y retornan las sospechas -nunca despejadas- de que el sacrificio del candidato priísta a la Presidencia en Lomas Taurinas, en 1994, fue un crimen urdido en las entrañas del poder público. Tal vez Carlos Salinas de Gortari sea, como alega, inocente de ese crimen, pero es un hecho que no quiso o no pudo realizar una investigación verosímil del homicidio, y le corresponde, en esa medida, una grave responsabilidad. Baste recordar que ni Salinas es capaz de defender en público la hipótesis del "asesino solitario". Otro tanto puede decirse de Ernesto Zedillo: acaso no haya estado implicado en el crimen, pero su gobierno fue incapaz, por ineptitud o por designio, de limpiar la desaseada pesquisa que heredó, profundizarla y establecer la verdad de lo ocurrido, y resulta, asimismo, corresponsable de esa asignatura pendiente. Y así sea por no haber hecho justicia, hoy uno y otro resultan blanco de la sospecha.

Viene a cuento lo anterior por la petición del senador Luis Colosio, padre del político asesinado, de que la Procuraduría General de la República realice un careo entre Salinas y Zedillo y se incluya en la diligencia a Manuel Camacho Solís, quien en 1993 rivalizó con Colosio por la candidatura presidencial y el año siguiente pareció situado en posición de arrebatársela. Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora y actual dirigente del sector popular priísta, quien en febrero de 1994 pudo hablar a solas con el asesino material de Colosio, Mario Aburto, también interviene en la polémica para pedir que Zedillo diga lo que sabe sobre el homicidio. Fiel a su vocación de sombra, el único protagonista de aquellos tiempos que no aparece en el debate actual es José Córdoba Montoya, asesor de Salinas e impulsor, se ha dicho, de la candidatura de Zedillo.

Como ocurre con el caso Colosio, los otros homicidios políticos perpetrados durante el salinato -los del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y José Francisco Ruiz Massieu- permanecen irresueltos y periódicamente convocan a los actores de entonces a confrontaciones huecas, y gravitan negativamente en la credibilidad del sistema de justicia y de las instituciones políticas en general. La incapacidad o la falta de voluntad para resolver esos casos establece un insoslayable y preocupante factor de continuidad entre el salinato y el foxismo y, ante esa circunstancia, no es de sorprender, a estas alturas, que muchos ciudadanos supongan la existencia de un hilo de complicidad que recorre y vincula a los gobiernos más recientes, incluido el sexenio en curso.

Por cierto, ese denominador común no se refiere únicamente a la falta de esclarecimiento de esos asesinatos, sino pasa también por el nulo interés hacia el irresuelto conflicto chiapaneco, la falta de resultados en el esclarecimiento de la guerra sucia de los años 70 y 80 o, en un ámbito muy distinto, el afán oficial por encubrir las inmundicias perpetradas al amparo del rescate bancario realizado por la administración de Zedillo.

En tanto el actual Ejecutivo federal no atienda de manera real y creíble esos temas y no emprenda un deslinde serio de sus antecesores, las asignaturas pendientes del salinismo y el zedillismo lo serán, también, del foxismo; seguirán contaminando y enrareciendo la vida política del país y serán una negación, en los hechos, del pregonado cambio.