Gilberto López y Rivas

Tlalnepantla: entre la autonomía y la represión

La agresión represiva contra el pueblo y el concejo popular autónomo de Tlalnepantla, Morelos, del 14 de enero pasado no puede ser analizada como hecho aislado ni como reacción retrógrada de un gobernador indudablemente autoritario, insensible, que merece ser enjuiciado políticamente y separado de su cargo. Lamentablemente responde a una consigna del poder establecido frente a los procesos autonómicos en marcha, es una amenaza contra las juntas de buen gobierno zapatistas y los innumerables gobiernos indígenas que se rigen por usos y costumbres, y una declaración de guerra contra la participación de los indígenas en el manejo y la solución de sus problemas.

No fue suficiente que el Estado diera la espalda a los pueblos indios al decretar una contrarreforma en materia indígena que no respetó los acuerdos de San Andrés y alejó las posibilidades de solución pacifica al conflicto chiapaneco. Había que dejar claro que "el gobierno federal no permitirá el establecimiento de nuevas formas de gobierno a voluntad propia o a contentillo de algún grupo que no esté de acuerdo con la autoridad constitucional y que pretenda rebasarla", como declaró Santiago Creel. Aunque rápidamente cambió el discurso al deslinde de responsabilidades respecto de los conocidos excesos de Sergio Estrada Cajigal en Morelos, el corpus real del pensamiento de la actual clase en el poder es que "no puede permitirse el establecimiento de organizaciones autonómicas que no tienen cabida dentro del marco constitucional".

No son los enredos de corrupción probada o las ambiciones desbordadas de la presidenta de Vamos México ni las declaraciones patéticas de Vicente Fox en su defensa lo que debiera ocupar y preocupar a los mexicanos, sino el creciente endurecimiento y cierre de opciones por las vías de la omisión o comisión a las problemáticas planteadas por los sectores mayoritarios del país.

No es casual tampoco que influyentes medios de comunicación (por lo sesgados y representativos del pensar de los grupos de poder) dediquen tanto espacio a demostrar el salvajismo innato de los usos y costumbres de los indios mexicanos para desprestigiar ante la opinión pública a los gobiernos basados en la autonomía. Las posiciones antiautonómicas son sustanciales a los sectores que integran los poderes de coerción del Estado y de aquellos que le dan sustento económico y político. Bien sabemos lo que los altos mandos de las fuerzas armadas piensan de la existencia de ese otro Ejército Zapatista de Liberación Nacio-nal, que sólo espera la oportunidad y las condiciones políticas para resolver a su manera esa anomalía de la vida institucional. La Sedena ha mantenido vigente su estrategia de desgaste mediante el emplazamiento y saturación de tropas en la zona de conflicto y el uso selectivo de sus grupos de "autodefensa" en el interior de las comunidades para llevar a cabo las tareas de la guerra sucia y oponer a los de la misma condición étnica como cobertura de sus represiones.

Tlalnepantla es un aviso que el movimiento autonomista de los pueblos indios, el EZLN y la sociedad civil deben tomar en cuenta con responsabilidad. Este caso también deja al descubierto otros elementos importantes, tales como la inmediata estigmatización de un movimiento popular a partir de asociarlo con grupos armados, guerrilleros o violentos. Explicaciones que incluso hicieron mella en sectores despolitizados del propio pueblo que esperaban con temor el arribo de "los de Atenco", como si se tratase del demonio. Corresponde a ese gobernador atrabiliario manipular con semejantes argumentos, pero son también las ideas en boga en tiempos en los que Bush, sus aliados e incluso jueces extraterritoriales utilizan razones simplistas y maniqueas que satanizan a opositores como terroristas.

Ante la inoperancia del "gobierno del cambio", se han dejado en la impunidad hechos de violencia extrema contra los habitantes del estado de Morelos, cuyo gobernador lleva ya por lo menos siete desalojos caracterizados por el uso excesivo de la fuerza pública. Estrada Cajigal ha reprimido a estudiantes, médicos, en-fermeras, abogados, campesinos, miembros de grupos ecologistas y de la sociedad civil, y ahora a habitantes indígenas que, haciendo uso de los derechos a la libre determinación y a la autonomía, consagrados en el Con-venio 169 de la OIT y aun en el repudiado artículo 2Ɔ constitucional, nombraron su concejo popular autónomo. Ese concejo y la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla están convocando para mañana a un Encuentro de Pueblos Indígenas en Defensa de la Autonomía y Libre Determinación en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta, para compartir experiencias y defender el derecho a tomar las decisiones que les atañen en su calidad de pueblos.

Es indudable que el conflicto debe resolverse por la vía del diálogo en una mesa de negociaciones convocada por el Congreso de Morelos y el gobierno federal, ya que el Ejecutivo local es el responsable directo de la brutal represión, la cual debe ser investigada de manera exhaustiva e imparcial. Esta negociación debe partir de un hecho histórico irrefutable: Tlalnepantla se rige por la vía de usos y costumbres desde 1979. No hay que olvidarlo.