Exige poner fin al drama de 2 millones de desterrados

La Corte de Colombia emplaza al gobierno a atender a desplazados

AFP, DPA Y REUTERS

Santafe De Bogota, 6 de febrero. La Corte Constitucional de Colombia emplazó hoy al gobierno del presidente Alvaro Uribe a emprender de inmediato un programa humanitario para poner fin al drama de más de 2 millones de desplazados por el conflicto armado interno, el más antiguo de América Latina.

El tribunal dio un plazo hasta el 31 de marzo para que el Consejo Nacional de Atención de la Población Desplazada, integrado por varios ministerios, defina una estrategia sobre la forma en que cumplirá con los deberes legales que el Estado ha asumido en compromisos internacionales, leyes y decretos para garantizar las condiciones mínimas en relación a las personas desterradas.

Puntualizó que "hay una violación masiva generalizada y reiterada del derecho al mínimo vital, a la salud, a la educación, al acceso de servicios básicos de todos los desplazados, cuya violación surge de una omisión en la respuesta estatal a este fenómeno".

El juez Manuel Cepeda advirtió que al no haber "una respuesta oportuna y eficaz que permita que los desplazados gocen de manera efectiva de sus derechos", la Corte optó por "declarar el estado de cosas inconstitucional respecto a la situación en que se encuentran los desplazados".

Advirtió que si dentro de un año se llega a la conclusión de que no se puede cumplir con la ayuda a todos los desplazados, el gobierno deberá explicar públicamente las razones. Con todo, señaló que si la explicación no es satisfactoria, el gobierno deberá gestionar los recursos que se requieran.

En cualquier caso, el gobierno de Uribe tendrá que redefinir toda la política de atención a los refugiados y garantizarles su estabilidad socio-económica, al fallar favorablemente un amparo interpuesto por unas 4 mil familias afectadas.

En días pasados el Alto Comisionado Adjunto de Naciones Unidas para los Refugiados, Kamel Morjane, tras visitar Colombia, dijo que ese país ocupa el tercer lugar en el mundo con la más grave crisis de desplazados de guerra después de Sudán y el Congo.

En tanto, Colombia accedió este viernes a que participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de paz con los paramilitares de extrema derecha, acorde con un proyecto de resolución de la Organización de Estados Americanos de apoyo "inequívoco" a los esfuerzos pacificadores de Uribe.

No obstante, la decisión del juez español Baltasar Garzón de iniciar un proceso contra el máximo líder paramilitar Carlos Castaño por supuesta colaboración con narcotraficantes, podría complicar el proceso de paz al plantear nuevas dudas sobre ese plan gubernamental ya anteriormente muy cuestionado.