Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) citó con engaños e irregularidades a ciudadanos mexicanos para interrogarlos, en presencia de un juez y un fiscal extranjeros, en la oficina del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Se trata de personas que fueron arraigadas entre 60 y 90 días, acusadas de lavado de dinero para la organización terrorista vasca ETA y posteriormente liberados por falta de pruebas. Jorge Serrano, de la Unidad Especializada contra el Terrorismo, y Mario Arzabe, de la Unidad Especializada contra Secuestros, son los funcionarios mexicanos que perpetraron el atropello. Los extranjeros se llaman Baltasar Garzón, juez español, y el fiscal de la Audiencia Nacional de España Enrique Molina. Trascendió, además, que los seis vascos que permanecen detenidos en el Reclusorio Norte y que enfrentan juicio de extradición a petición de España han sido citados para comparecer, no en el juzgado adjunto a ese centro de detención, sino en las oficinas de la directora de la cárcel, ante los funcionarios extranjeros.

No viene a cuento, ahora, la discusión sobre la culpabilidad o la inocencia de los presos vascos, sino la constatación de una cadena de irregularidades y arbitrariedades cometidas por la PGR y por los jueces en el curso de sus detenciones y de sus procesos, tendencia que ahora culmina nada menos que con una grave e inadmisible liquidación de la soberanía nacional: la participación de un juez y un fiscal extranjeros en diligencias en las que, conforme a las leyes vigentes, sólo tienen derecho a tomar parte, además de los empleados del Poder Judicial, los funcionarios del Ministerio Público, los indiciados y sus abogados defensores.

En los sexenios recientes las autoridades mexicanas, deseosas de agradar a los gobiernos españoles, han ido liquidando el derecho de asilo, han violentado el estado de derecho al eludir, por la vía de las deportaciones, los debidos juicios de extradición y, lo más grave, han permitido la presencia en nuestro país de agentes del Estado español en la creciente persecución contra ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA, persecución que en casi todos los casos ha resultado, además, violatoria de los derechos humanos. Durante la actual administración esas tendencias han desembocado en un manifiesto e improcedente alineamiento con el gobierno de Madrid en su guerra contra los vascos ?etarras o no?, en indignantes atropellos contra personas inocentes y en una franca claudicación de la soberanía nacional. En el punto al que se ha permitido la injerencia, sólo faltaba que el gobierno foxista facilitara al juez Garzón una oficina para que el magistrado español pudiera operar a sus anchas en México. Y así ocurrió ayer, para vergüenza nacional. En el despacho del subprocurador Santiago Vasconcelos, el magistrado español pretendió participar en una diligencia improcedente, para colmo, toda vez que se citó en calidad de indiciados a ciudadanos que ya habían sido exonerados de toda imputación.

La sociedad civil debe exigir al gobierno federal que corrija de inmediato estas acciones aberrantes e ilegales y ofrezca disculpas a los afectados. El juez Garzón, por su parte, tendría que esperar, en su despacho madrileño, a que se resuelvan conforme a derecho sus peticiones de extradición. La colaboración jurídica internacional es en sí misma deseable, siempre y cuando no conlleve violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, y en la medida en que no se traduzca en una liquidación de las soberanías nacionales