Servilismo ante el gobierno español, acusa

Señora directora: Una vez más, el aparato judicial y político del gobierno foxista se pone de rodillas ante la presencia del juez español Baltasar Garzón, quien de manera prepotente viola las más elementales normas del derecho y participa con el beneplácito de las autoridades mexicanas en los interrogatorios, que se realizan a los compañeros vascos detenidos en distintos reclusorios del DF.

Elevamos nuestra más enérgica protesta contra el servilismo que el actual régimen ha demostrado ante el juez Garzón; de igual manera el prolongado silencio del gobierno federal respecto a la ilegal detención de ciudadanos mexicanos y españoles lo convierte en cómplice de la sistemática violación de los derechos humanos que este funcionario hispano realiza en territorio nacional.

Exigimos la inmediata libertad de los compañeros vascos detenidos en cárceles mexicanas.

CGR del Frente Zapatista de Liberación Nacional DF. Enrique Avila Carrillo

Autopistas: otra vez la burra al trigo

Señora directora: El reportaje de José Antonio Román (27 de enero) sobre la comparecencia del director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, en verdad no tiene desperdicio.

El onerosísimo "rescate carretero" aplicado por el gobierno federal con cargo al erario público (nuestros impuestos) hubo de realizarse precisamente porque los empresarios concesionarios de las autopistas trataron de recuperar sus inversionesa a la mayor brevedad con altas tarifas de peaje. "Tronaron" y el gobierno tuvo que entrar al quite. Ahora, la Secretaría de Hacienda ha ordenado un incremento tarifario y se resiste a revisarlo a la baja. El 70 por ciento de lo recaudado por el uso de autopistas (comparativamente, de los peajes más elevados del mundo) se destina al fideicomiso del "Fobaproa carretero". Y para rematar, el director de Capufe les receta a los legisladores el consejo de que "no chillen". Recordemos que el presidente Fox todavía proponía "desincorporar" 11 entidades públicas más en su iniciativa de "reforma fiscal". ¿Para después volverlas a "rescatar"? ¡Caray! ¿Qué, no se saben otra?

Oscar González

Bien por la pastilla del día siguiente

Señora directora: Separar el sexo de la reproducción es el gran logro científico de nuestro tiempo. La pastilla del siguiente día y los demás métodos anticonceptivos son los medios que pueden permitir una maternidad planeada, consciente y responsable. Evitar los embarazos indeseados es derecho de las mujeres que debe ser respetado por los hombres. La anticoncepción forma parte de la vida moderna y está inmersa en la cultura de nuestra época.

Propiciar que la pastilla del día siguiente sea del conocimiento y esté al alcance de todas las mexicanas es democratizar la aplicación de la ciencia. Este es el deber del Estado.

La Secretaría de Salud merece una felicitación por ser, en este caso, guardiana de la salud del pueblo por su sensibilidad social al incorporar la pastilla del siguiente día entre los recursos anticonceptivos recomendables.

Yolanda Robles

Aclaración de la fiscalía para desaparecidos

Señora directora: En El Correo Ilustrado se publicó, el 27 de enero, la carta de Melina Nájera Piedra, hija del profesor Jacob Nájera Hernández, en la cual afirma que el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, señaló que su progenitor está muerto.

Al respecto, la oficina del fiscal especial destaca que en el contenido del boletín 065/04, que se dio a los medios de comunicación para informar que prosigue la investigación sobre el caso de Jacob Nájera Hernández a pesar del fallecimiento de Isidro Galeana Abarca, nunca se expresó que Nájera Hernández hubiese muerto como se señala en la nota publicada en su periódico el pasado 24 de enero. En consecuencia la oficina del fiscal especial precisa.

1. Isidro Galeana Abarca no actuó solo, sino en grupo; por lo tanto, continúan las investigaciones que conduzcan a la aprehensión de los restantes responsables.

2. Sería contradictorio que el fiscal especial afirmara que Jacob Nájera está muerto, toda vez que en el pliego de consignación presentado ante la jueza del cuarto distrito de Acapulco, el delito que se persigue es el de privación ilegal de la libertad y no el de homicidio, en consecuencia la oficina del fiscal especial subraya que el estado jurídico actual de dicha persona es el de desaparecido y no el de fallecido.

Eduardo Maldonado García, Director de Enlace y Comunicación Ciudadana

Precisiones del magistrado Rodolfo Terrazas

Señora directora: Los días 7 y 28 de enero de los corrientes, ese periódico a su digno cargo ha hecho del conocimiento público una presunta denuncia de hechos que en mi contra, al parecer, ha sido presentada por dos magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral del Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa de esta capital. Habiéndome impuesto del contenido de dichas notas periodísticas y rechazando particularmente el que en las mismas el nombre del suscrito haya sido tendenciosamente destacado en la cabeza de la nota respectiva, me permito formular las puntualizaciones siguientes:

Hasta la fecha no he sido notificado oficialmente por instancia alguna de la presentación de la presunta denuncia de hechos, por lo cual no cuento con elementos para referirme al contenido de la misma.

No obstante, de lo expuesto en las notas periódisticas, resulta lamentable advertir que dos servidores públicos que se asumen como magistrados, aunque en cinco años no han fungido como tales, excediéndose en el ejercicio de un cargo público, pretendan sorprender la buena fe de los diputados y las diputadas locales, al formular acusaciones temerarias y sin fundamento, que sólo los exhiben como litigantes impreparados y personeros de una asociación política.

A sabiendas de que se trata de un proceder absolutamente contrario a la legalidad e institucionalidad de quienes, inmerecidamente, ostentan una alta investidura, lo que me queda muy claro es que pretenden utilizar al honorable órgano legislativo de esta ciudad como instrumento de venganza contra alguien que se opuso a que el año próximo pasado recibieran una compensación económica extraordinaria, por la simple y sencilla razón de que no efectuaron trabajo jurisdiccional alguno para merecerla.

Finalmente, la presentación de la multicitada denuncia puede obedecer a una estrategia que consiste en distraer a los legisladores respecto de asuntos que no tienen trascendencia jurídica, a fin de evitar que se percaten de la necesidad que existe de reducir el número de magistrados que integran el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por medio de la supresión de las plazas de los dos últimos magistrados suplentes (eufemísticamente llamados supernumerarios), que no han justificado ni justifican su estadía en el tribunal, desde ningún punto de vista, y particularmente desde la perspectiva del costo que para el erario significa su presencia, dado que, grosso modo, el tribunal destina anualmente a cada uno de ellos y al personal que tienen bajo su adscripción más de 3 millones de pesos, debiendo precisar que, tan sólo estos dos magistrados significan, entre sueldos y prestaciones, gastos por más de 4 millones de pesos cada año.

Así pues, la Asamblea Legislativa tiene la última palabra para poner fin a esta situación que en los hechos se ha traducido en un auténtico desfalco al erario por personas que, sin escrúpulo alguno, se niegan a renunciar a una plaza que en los hechos no se justifica.

Atentamente

Magistrado Rodolfo Terrazas Salgado

Sobre la instalación del Consejo Consultivo de Instituto de la Juventud

Señora directora: Con respecto a la nota del 28 de enero titulada "Aplazan la instalación del Consejo Consultivo del Instituto de la Juventud", por Gabriela Romero y Raúl Llanos, me permito hacer las siguientes precisiones:

1. La diputada Aleida Alavez Ruiz, también integrante del consejo, no asistió a la ceremonia de instalación, a la cual estaba invitada.

2. El día de ayer señalé que no era posible instalar el consejo pues las reformas a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal aprobadas por la Asamblea respecto del mismo aún no entraban en vigor. La instalación del Consejo Consultivo sencillamente no cumplía con la ley.

3. Antes de la instalación del consejo es necesario que la Asamblea nombre a una organización no gubernamental cuyo trabajo esté relacionado con la problemática juvenil. Esta designación aún no ha sido tratada al interior de la Comisión de la Juventud y en ningún momento he propuesto a Provida o a cualquier otra organización para ocupar ese espacio.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de la Juventud