Obstaculizan autoridades la legalización de esas empresas: AMARC

Carece el gobierno de criterios para autorizar instalación de radios rurales

En zonas de conflicto algunas emisoras hacen "proselitismo para la guerra", dice la SCT

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El gobierno federal carece de criterios que le permitan definir los requisitos para autorizar la instalación de emisoras de radio en el sector rural del país, denunció la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias (AMARC) en su capítulo México. A pesar de que estas emisoras constituyen el vínculo de comunicación más importante en la mayoría de las regiones más pobres, las autoridades del ramo actúan con una "excesiva capacidad discrecional" que impide la legalización de esas pequeñas empresas.

Aleyda Calleja Gutiérrez, representante de la AMARC, se reunió ayer con integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para explicar los obstáculos que impiden a las emisoras trabajar dentro de la ley que rige ese sector. Por separado, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Alvarez, minimizó la denuncia y sostuvo que en las "zonas de guerrilla y subversión" del país algunas radiodifusoras -no dio nombres, número, ni ubicación- se dedican a hacer "proselitismo para la guerra".

No obstante esa aseveración del funcionario del gobierno foxista, Aleyda Calleja explicó la realidad de las emisoras comunitarias: "La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, existe desde 1983, es reconocida por la UNESCO como organización no gubernamental internacional, y tiene 3 mil emisoras asociadas. En 1992 comenzó su operación en México. En el país, la AMARC tiene 24 emisoras que son de propiedad colectiva ciudadana, las cuales carecen del permiso correspondiente para operar; además, tenemos 20 emisoras que pertenecen al sistema de radiodifusoras indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; tenemos ocho centros de producción radiofónica, que son organizaciones sociales que realizan programas propios y luego los transmiten en medios públicos, como Radio UNAM, que les pueden ofrecer un espacio, y tenemos una radio bocina que es un circuito cerrado. Así esta conformada AMARC-México".

Recordó que ha sido constante la negativa de las autoridades a otorgarles un permiso. Como en el caso de Radio Huayacocotla, que desde 1974 lo ha solicitado. La primera vez que se lo negaron le dijeron que el gobernador quería esas frecuencias; la segunda, que la Secretaría de Gobernación no había emitido una opinión favorable para darle el permiso, y la tercera, le dijeron que en esos momentos estaba la mesa de diálogo para la revisión integral de la Ley de Radio y Televisión. El 11 de noviembre de 2003 la emisora volvió a presentar los papeles, y está en espera para ver qué sucede.

"El grave problema es que no existen criterios para definir de manera equitativa qué es un medio comunitario y cuáles son los requisitos que deben cumplir éstos para acceder al permiso. Lo hemos dicho muchas veces, existe una excesiva capacidad discrecional de las autoridades para determinar quién puede o quién no puede tener el permiso. Los funcionarios de la SCT preguntan sobre la capacidad financiera de las radiodifusoras, que es una parte de los requisitos, y se les dice que no es lo mismo la capacidad financiera del Instituto Mexicano de Radiodifusión, que tiene un techo presupuestal y un subsidio del erario, que la de una emisora comunitaria".

Por su parte, la diputada priísta Ady García rechazó que la intervención del subsecretario haya tenido sustento real. "Es necesario legalizar las radiodifusoras comunitarias. En el caso de Brasil -explicó-, la mayoría de estaciones de ese tipo están en proceso de ilegalidad. De las 83 radiodifusoras que existen en México sólo 17 están legalizadas. Dijo que algunas emisoras eran manejadas por la guerrilla, pero no dijo cuántas ni cuáles. Manifestó que la mayoría estaban operando en forma ilegal, y que algunas ya se habían acercado para legalizarlas. Los diputados le dijimos que se aplicara la ley, que no se podía permitir que se dieran esas arbitrariedades".

Más tarde, Jorge Alvarez se reunió por separado con la citada comisión, a la que dio su visión acerca de las emisoras comunitarias. Dijo que existen 83 estaciones, tenemos registro de 17 casos en los que hay un trámite para obtener el permiso, y éstas han manifestado que aunque sea con una carta les den el permiso. De las 83, la mayoría, más de 60 por ciento, no han hecho ningún intento por legalizarse, simplemente las echaron a andar y comenzaron a transmitir.

"De ellas muchas se dedican a comercializar, sacan anuncios comerciales o sus planes de ventas; otras están en la guerrilla, ubicadas en la zona de subversión, están identificadas por las agencias de seguridad nacional y son señaladas como emisoras que se dedican a hacer proselitismo para la guerra y para la insurgencia armada. Otras tienen un sentido comunitario y quizás ni siquiera saben que necesitan un permiso, y otras más dicen que no lo pedirán, porque tienen derecho a transmitir. Hay de todo. Lo que sí les puedo decir es que en cualquiera de los casos, para conseguir un permiso la estación debe permanecer apagada por ley, no es que nosotros queramos que esté apagada".