Plantean magistrados y expertos reformar el sistema judicial

No se logrará abatir el narco con penas mayores y cárceles repletas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

No será llenando las cárceles de delincuentes ni mediante el incremento de penas como se terminará con el tráfico de drogas, y si se pretendiera aumentar los castigos a los narcotraficantes, sería necesario otorgar mayor presupuesto a los Reclusorios, lo que de entrada resulta inviable porque "con eso no se combate de fondo el problema", señalaron jueces de distrito y especialistas en materia jurídica.

El pasado martes, al dar a conocer la captura del presunto narcotraficante Javier Torres Félix, El JT, considerado por la Procuraduría General de la República el principal operador del capo Ismael El Mayo Zambada, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, señaló que "si hay algo a lo que hay que ponerle atención en este país es que el Poder Judicial pueda ver la posibilidad de que las penas sean más duras y no favorezcan tanto a los delincuentes, sino que las leyes apoyen a la sociedad".

En respuesta, los doctores en derecho Clemente Valdés e Ignacio Burgoa Orihuela, entrevistados ayer por La Jornada, consideraron que sí es necesario revisar el sistema penal mexicano, pero aclararon que eso corresponde al Poder Legislativo, no a los funcionarios del Poder Judicial.

En tanto, jueces de distrito en materia penal -que solicitaron el anonimato- criticaron las declaraciones de Vega García y precisaron que cuando algún presunto narcotraficante es liberado, la mayoría de las veces se debe a que el Ministerio Público Federal no integra bien las averiguaciones previas o porque "a la mera hora se contradicen o arrepienten" los testigos de cargo que son presentados ante el juez durante el proceso penal.

Los funcionarios del Poder Judicial dijeron que "en ocasiones hay fallas técnicas en el pliego de consignación, y el juez no puede suplir una deficiencia del Ministerio Público. Si al momento de enviarnos una acusación ésta no cumple los requisitos que marca la Constitución para arrestar a una persona, efectuar un cateo en un domicilio, intervenir una línea telefónica o para procesar a un indiciado, nosotros tenemos que pronunciarnos de manera negativa, y eso no significa que seamos corruptos, sino que estamos obligados a actuar conforme a derecho".

El doctor en derecho Clemente Valdés indicó que el narcotrafico se ha incrementado porque "es totalmente rentable para los delincuentes. No podemos dudar que el negocio de la droga corrompe a gobiernos enteros, policías, ministros, jueces y magistrados de circuito, porque se manejan volúmenes impresionantes de dinero".

Indicó que el asunto del tráfico de estupefacientes no puede resolverse pensando sólo en llenar las cárceles más allá de la saturación que tienen los penales de México, sino buscando soluciones profundas a esos problemas que son de salud pública y se han transformado en problemas de inseguridad".

Finalmente, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela manifestó que el "sistema penal mexicano necesita una revisión completa por parte del Poder Legislativo", aunque precisó que "el hecho de que delincuentes queden liberados por resoluciones judiciales, no se debe a la debilidad de los jueces o magistrados, ni tampoco a la corrupción en el Poder Judicial, sino a fallas de nuestro sistema legal, porque las normas que lo integran dan muchas oportunidades a los indiciados para poder obtener su libertad".