Detalla grupo legislativo contradicciones del auditor

PRD: González de Aragón justifica lo injustificable del rescate bancario

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión denunció que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón -quien depende de la Cámara de Diputados-,"justifica lo injustificable" en el proceso de revisión del rescate bancario.

Dolores Padierna, legisladora del PRD, quien ha cuestionado con dureza el desempeño del encargado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los resultados en las tareas revisoras, subió a la tribuna del Congreso para destacar las contradicciones de González de Aragón:

"ƑPor qué el auditor admite que se dé por solventada la totalidad de las operaciones de los bancos? Porque prácticamente, y lo dice en su escrito, a Banamex ya sólo le falta por solventar 3 mil 811 millones de pesos a valor histórico, cuando el pagaré tiene 44 mil millones de pesos a valor histórico. Y a Bancomer sólo le falta por solventar mil 400 millones de pesos, cuando el pagaré es de 23 mil 600 millones. El reporte de Bital, por ejemplo, es de un total de 3 mil 69 millones de pesos a valor histórico, lo cual no se ajustaba a los criterios para ser adquiridos por el Fobaproa, y el auditor se lo deja en 500 millones a valor histórico".

Y es que González de Aragón intentó durante la semana pasada que no se hiciera mucho caso a los 113 mil millones de pesos -a valor actualizado- que se destinaron de forma ilegal a un programa del rescate bancario, pero enfatizó que la ASF ha recibido respuesta puntual del gobierno federal en el proceso para solventar las observaciones a la Cuenta Pública de 2001, sin tomar en cuenta que ya dio un plazo de casi un año a las autoridades para que pudieran justificar la erogación de recursos. Incluso si transcurren 45 días hábiles sin que las autoridades den respuesta a las observaciones, el auditor está facultado para denunciar penalmente a los responsables de la irregularidad detectada, como lo establece la Ley Superior de Fiscalización, ordenamiento que ha ignorado.

Las observaciones realizadas al rescate bancario por parte de la ASF ascienden a valor histórico a 92 mil 548 millones de pesos; de ese total, a decir del auditor se han solventado hasta el momento 57 mil 36 millones de pesos, prevaleciendo, sin solventar, 34 mil 360 millones de pesos, los cuales, se calcula, tienen un valor presente de 113 mil 324 millones de pesos.

Lo anterior origina confusión en virtud de que el propio auditor señala que de los 113 mil 324 millones de pesos sólo 6 mil millones tendrían un efecto económico sobre los bancos.

Sin lugar a dudas, de todos los señalamientos y observaciones realizados por el auditor superior de la Federación en torno al rescate bancario, la más controversial es la realizada en septiembre de 2002, cuando en su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2000, González de Aragón manifestó: "En la compra de cartera de Banamex y Serfin se incluyeron indebidamente intereses moratorios por mil 880.2 y 3 mil 400 millones de pesos y su actualización al 31 de marzo de 2002 refleja un valor de 7 mil 176.6 y 21 mil 890.8 millones de pesos".

El funcionario acusó al Ejecutivo federal, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de haber forzado al descuento de los pagarés Fobaproa de Banamex por 7 mil 176 millones de pesos.

Esta situación provocó que el Ejecutivo federal interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que "la ASF carece de facultades para darle órdenes al Ejecutivo federal", misma que todavía se encuentra en proceso de análisis por el Poder Judicial.

Sin embargo, el señalamiento de la ASF, no era nuevo porque, de acuerdo con un documento del órgano interno de control del IPAB, fechado el 20 marzo de 2002 (siete meses antes), el entonces contralor del IPAB, Fortunato Alvarez, sostuvo que Banamex había obtenido beneficios adicionales e irregulares en el Programa de Compra de Cartera, no sólo por intereses moratorios, sino además una serie de "quitas o perdones" sobre la constitución de sus reservas, y la existencia de créditos relacionados, que en total a valor actualizado a marzo de 2002 ascendían a 17 mil 608 millones de pesos, y en total se incluían mil 880 millones de pesos, que provenían de la compra de cartera con todo e intereses moratorios.

En otras palabras, el documento del órgano de control interno del IPAB y las observaciones del actual auditor superior eran idénticas en cuanto a los intereses moratorios; sin embargo, diferían respecto de los montos totales de los beneficios irregulares obtenidos por Banamex, porque mientras que en el primer caso el IPAB identificaba otros rubros de irregularidades que ascendían en total a 17 mil 608 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación sólo se refería a los intereses moratorios por mil 880 millones de pesos. De hecho, en ambos reportes los intereses moratorios adquiridos de manera irregular por el Fobaproa fueron de mil 880.2 millones de pesos.

El documento del IPAB también señalaba que Bancomer y Bital se habían beneficiado de manera irregular en la compra de cartera. En el caso de Bancomer la compra de intereses moratorios había ascendido a mil 781 millones de pesos (cifra similar a la de Banamex), pero también había sido objeto de una serie de "quitas o perdones" sobre la constitución de sus reservas, además de un esquema especial de incentivos, y la existencia de créditos relacionados que en total, a valor actualizado a marzo de 2002, ascendían a 18 mil 394 millones de pesos.