Adolfo Sánchez Rebolledo

Secreto es poder

El gusto por el secreto es un rasgo común consustancial a las burocracias políticas, pero la resistencia a hacer pública la información del Estado suele ser la medida exacta del autoritarismo. De ahí la importancia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que desde su emisión se consideró, con justa razón, un instrumento indispensable para el funcionamiento democrático de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En virtud de esa disposición, siempre con las reservas previstas por la ley, las autoridades se obligan a atender todas aquellas solicitudes de información que la ciudadanía les exija, de manera que sólo quede resguardado por un tiempo aquello que requiere plazos, que también se fijan legalmente.

La premisa que sostiene dicha ley y a la institución ad hoc encargada de aplicarla, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), es sencilla: en un país donde la corrupción resulta incuantificable, la rendición de cuentas no existe y la desconfianza mina la cohesión social; jugar con la confidencialidad en asuntos que por su naturaleza debían ser transparentes es tan sólo una forma de preservar ciertos poderes o privilegios por encima de la sociedad.

Más todavía y en positivo: la consolidación de las instituciones de la democracia pasa por hacer transparentes las funciones de la autoridad, de manera que los ciudadanos puedan en su caso juzgar y tomar decisiones con plena responsabilidad. Claro que una ley no puede conjurar la comisión de actos ilícitos, pero crea las condiciones para combatirlos de la mejor manera posible, aunque subsistan algunas diferencias de criterio sobre sus alcances. Por ejemplo: el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien se ha criticado incluso desde el gobierno por su supuesta "cerrazón" en la materia, dijo hace unos días que es la propia Ley de Transparencia la que limita "la apertura total de las sentencias judiciales, al permitir a las partes que intervienen en los procesos oponerse a la publicación de sus datos personales". Postura que indirectamente fue replicada por el secretario de Gobernación al insistir en que "ninguna institución del gobierno o de la función pública podrá quedar excluida, ya que la información es un derecho básico de los mexicanos". ƑSerá?

Pero el asunto que ha traído el tema a las primeras planas de los diarios es la negativa del Instituto para la Protrección al Ahorro Bancario (IPAB) a entregar al ciudadano Mario Di Costanzo Armenta "las actas de todas las sesiones de su Junta de Gobierno (ordinarias y extraordinarias) de 1999 a la fecha, así como el acta de entrega del Fobaproa al IPAB con anexos". El IPAB contestó en primera instancia mediante tres argumentos: 1) que los documentos estaban reservados por 12 años, 2) que la Junta de Gobierno del propio IPAB, siendo un órgano colegiado, no podía asumirse como una unidad administrativa y por tanto no estaba obligada a cumplir con lo requerido, pues sus actos estaban protegidos por el secreto fiduciario, previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, y 3) que dicha Junta estimaba que la difusión de esa información pondría en riesgo la estabilidad financiera del país y el funcionamiento del propio instituto.

Naturalmente, el IFAI rechazó tal interpretación, consideró que los directivos del IPAB sí son servidores públicos sujetos a la ley de transparencia y volvió a exigirle a la Junta de Gobierno que emitiera una "versión pública" de las actas en las que están registradas, por así decirlo, las tripas del rescate bancario, el detalle de las decisiones que permitieron el trasiego de miles de millones de dólares de los bancos endeudados a la deuda pública que hemos de pagar todos los mexicanos.

No deja de sorprender la facilidad con que los operadores financieros convierten sus cotos de especialización y poder en asuntos de Estado. Cada vez que alguien se atreve a olfatear en sus dominios advierten sobre el riesgo mortal de poner información secreta al alcance del público, como si el secretismo hubiera servido para evitar el desastre que ahora el IPAB asegura querer corregir. Pero, mucho ojo: ya no hay islas de intocable transparencia: los grandes escándalos que involucran gobiernos o empresas, como las famosas Enron y Parmalat, se cocinaron al amparo del secreto que protege las grandes operaciones financieras, pasando por encima del interés público pero también, y esto hay que subrayarlo, sobre el patrimonio de sus accionistas y empleados. Hay que abrir las ventanas para que entre aire fresco.