El 97% de la población la reconoce como derecho fundamental, refiere el Conapo

Sin planificación familiar habría 168 millones de mexicanos

CAROLINA GOMEZ MENA

El hecho de que desde hace 30 años exista en México una política poblacional evitó que el número de mexicanos se duplicara cada 20 años, al grado de que hoy habría unos 168 millones, en lugar de 104, con la consecuente presión a los recursos naturales, el empleo y la reducción de la pobreza, indicó Elena Zúñiga, directora general del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Gracias a esta política, prevista en la Ley General de Población de 1974, la cual hace énfasis en la planificación familiar, el uso de anticonceptivos se incrementó en 42 por ciento, el número de nacimientos disminuyó en 20 por ciento y la frecuencia de abortos inducidos se redujo casi 12 veces, de modo que en la actualidad se practican unos 100 mil al año, explicó la funcionaria.

El descenso de la fecundidad fue el principal determinante en la reducción del crecimiento demográfico, pues el promedio de hijos al final de la vida reproductiva disminuyó de más de 6, en 1974, a 2.2 en 2003.

Al inaugurar la mesa redonda Reflexiones sobre la transición demográfica y sus implicaciones sociales, organizada por El Colegio de México, la funcionaria detalló que a mediados de los 70 apenas 30 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años unidas en pareja utilizaba algún método anticonceptivo; 20 años después la cifra aumentó a 52.76 por ciento, en 1997 ascendió a 68.5 por ciento, y ahora es de 72.7, lo cual en números absolutos significa que ''casi 12 millones de mujeres en edad fértil regulan su fecundidad con algún método''.

El Conapo afirma que la planificación familiar es reconocida por la población como un ''derecho fundamental e irrenunciable'', pues así lo piensa "97 por ciento de la población", según encuestas realizadas por la instancia.

En este sentido, subrayó que la "norma en la que se incluyen la anticoncepción de emergencia y el condón femenino responde no sólo a una clara demanda social, sino a la obligación asumida por el Estado de garantizar servicios de calidad en la materia, que aseguren el acceso a la más amplia gama de medios de regulación de la fecundidad, así como la información veraz y comprensible sobre sus ventajas y desventajas para que sean sólo las personas quienes elijan".