ASTILLERO

Julio Hernández López

Un golpe sobre la mesa

Decisiones personales color verde olivo
Molestia frente a ineficacia civil

EL PASADO MARTES, a las nueve de la mañana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Gerardo Clemente Vega García, decidió por sí mismo que un comando militar de elite asaltara un domicilio particular de Culiacán para aprehender a Javier Torres Félix, un presunto jefe de narcotraficantes. Ocho horas antes, a 70 kilómetros de la capital de Sinaloa, habían muerto un cabo de infantería, Julio César Samayoa, y un civil, Román León Félix, durante un enfrentamiento sucedido, cuando militares patrullaban las inmediaciones del poblado El Tule. "Eso nos alertó y me obligó a tomar la decisión de ir por él", explicó el general Vega García poco después de las seis de la tarde del mismo martes, en el auditorio del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

EL CARACTER ENTERAMENTE castrense de la detención de un civil, y el hecho confeso de que esa acción anticonstitucional fuera producto de una decisión personal, quedó subrayado por la ausencia de cualquier tipo de representación de la autoridad civil en la conferencia de prensa que el secretario de la Defensa Nacional ofreció para informar del caso. Contra lo acostumbrado en otras ocasiones en que las mismas fuerzas castrenses han aprehendido a narcotraficantes, el procurador general de la República no estuvo junto al general secretario para aparentar acciones conjuntas entre el Ejército y los policías federales.

EL ARRANQUE PERSONAL de ordenar detenciones, y la aparición en solitario frente a los reporteros, no fue sino uno de los varios signos que muestran al general Vega García cansado de la ineficiencia de los civiles. Según la nota firmada ayer por el especialista de La Jornada en asuntos castrenses, Jesús Aranda, el secretario de la Defensa Nacional "no ocultó su molestia" por el hecho de que Torres Félix hubiera sido detenido en 1990 y en 1997 y el aparato judicial en las dos ocasiones lo hubiera dejado libre. Decidido a incursionar en los terrenos de la política y lo civil, Vega García declaró: "Creo que si hay algo a lo que hay que ponerle atención en este país es que el Poder Judicial pueda ver la posibilidad de que las penas sean más duras y no favorezcan tanto a los delincuentes, sino que las leyes sean para favorecer a la sociedad, para buscar tranquilidad, y no para que una persona por pequeños detalles o mayores detalles se preste para que pueda salir de la cárcel".

CUANDO LOS REPORTEROS le advirtieron al general Vega García que quien hace las leyes es el Poder Legislativo, y no el judicial, el jefe militar respondió: "El que sea, el que corresponda. Creo que hay necesidad de ver eso con mucho cuidado". (El general Vega García mostró ignorancia no solamente respecto a la fuente legítima de elaboración de las leyes, sino, además, al repartir culpas entre los poderes Legislativo o Judicial, el que fuera, dejó de lado el hecho comprobado de que muchas de las decisiones de jueces respecto a asuntos de narcotráfico son tomadas a partir de expedientes elaborados en un ramal del Poder Ejecutivo, como es la Procuraduría y sus agentes del Ministerio Público, que intencionalmente siembran errores procesales que luego explotarán con éxito los abogados de esos delincuentes para obtener libertades condicionales, reducciones de penas e inclusive exoneraciones).

EL VIRTUAL GOLPE sobre la mesa del jefe operativo real del Ejército mexicano se dio mientras el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) asistía a una reunión con la directiva de la Asociación Nacional de Locutores. Allí, Macedo de la Concha se esmeró en decir de distintas maneras que el narcotráfico no ha rebasado a las autoridades, que el país no se está incendiando y que los asesinatos entre bandas criminales se deben justamente a que el gobierno está cumpliendo bien su función, ante lo cual los grupos delictivos buscan "espacios" e impunidad. Las palabras del procurador contrastan con la cotidiana realidad, en la que los ajustes de cuentas muestran una colusión abierta entre narcotraficantes y corporaciones policiacas y efectivos militares. De hecho, varios gobernadores, como el de Nuevo León, están pidiendo a la Federación que despliegue soldados en determinadas regiones para contener lo que no se quiere reconocer como un "incendio". No debe dejarse de lado, por lo demás, que aparte de los enérgicos discursos del general Macedo de la Concha, la mayoría de las detenciones importantes de narcotraficantes han sido realizadas por militares, lo que aumenta la versión de que entre los mandos de la Sedena y de la PGR hay distancia y, a estas alturas, enojo.

LA ACCION DEL general Vega García también dejé en difícil situación al gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, que, al igual que décadas atrás le sucedió a Francisco Labastida, hubo de ver como el Ejército tomaba el control de lo que por incapacidad o por complicidad se ha dejado correr allá. El titular de la Sedena lo dijo claramente: "era necesario poner un poco de tranquilidad en Sinaloa". De hecho, el detenido, Torres Félix, fue definido por sus captores castrenses como un operador de El Mayo Zambada que, según versiones que se multiplican conforme se acerca el fin de la administración del gobernador Millán, habría sido la firma cómodamente asentada en la capital sinaloense donde el llamado JT fue detenido.

PARECIERA INNECESARIO HACERLO, pero esta columna prefiere terminar señalando con claridad que la denuncia de las violaciones a la Constitución cometidas por el Ejército en Culiacán, y la lectura que aquí se hace de los significados políticos de las palabras y la conducta de los titulares de la Sedena y de la PGR, no significan de ninguna manera una defensa de narcotraficantes o un servicio a sus intereses. Es clarísimo el peligro al que se exponen quienes se enfrentan a las bandas dedicadas al comercio de estupefacientes, pero igualmente claro es el peligro de que las fuerzas armadas suplanten las tareas constitucionalmente encargadas en exclusiva a los civiles, y también el hecho de que el enojo y la desesperación lleve a mandos militares a criticar el sistema institucional de poderes divididos y a suponer que es posible, por decisión personal, hacer a un lado leyes y ordenamientos porque se entiende que son un estorbo para misiones de (šgulp!) depuración cívica.

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