La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció ayer la remoción de Carlos Flores Alcocer como representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de facilitar la auditoría que se realiza en esa sede diplomática, a raíz de la divulgación, con escándalo, de las astronómicas sumas empleadas por el funcionario cesado, en la adquisición de una residencia de lujo en las afueras de París y en objetos domésticos de precios absurdos.

Pero al mismo tiempo que se anunciaba "el término de la comisión" de Flores Alcocer, para repetir el eufemismo del comunicado 011 de la SRE, el titular de esa dependencia, Luis Ernesto Derbez, salía en defensa de la honestidad del ahora ex representante y aseguraba que "hasta el momento no existe nada que compruebe que Carlos (Flores Alcocer) se excedió en gastos".

Así, en vez de resultar esclarecedora, la remoción constituye un mensaje equívoco y ambiguo hacia la opinión pública, y parece más la fabricación de un chivo expiatorio por los dispendios gubernamentales en general, que una medida de transparencia administrativa.

En todo caso, la conducta errática de la cancillería obliga a plantear nuevos interrogantes: si Flores Alcocer no cometió ninguna acción indebida, ¿por qué se le remueve? Si los gastos del ex representante ante la OCDE no son una práctica deshonesta o incorrecta, ¿significa que estuvieron apegados a los criterios generales del actual gobierno en materia de estipendios para algunas sedes diplomáticas mexicanas en el extranjero, o para un grupo selecto de representantes?

Por otra parte, la SRE tendría que aclarar a la opinión pública -para lo cual no es necesario esperar a la culminación de la auditoría en curso- si Flores Alcocer dispuso a discreción de un presupuesto o si las adquisiciones que realizó, al menos las más ofensivas y disparatadas, fueron previamente autorizadas por alguna instancia de la propia secretaría. ¿Se envía a nuestros representantes al extranjero con un cheque millonario en la bolsa para que lo gasten a su real saber y entender, o se les asignan partidas para objetivos específicos?

Esas y otras preguntas obligadas deben llevar a una investigación puntual y profunda de posibles responsabilidades administrativas y penales, tanto por parte de Flores Alcocer como de quienes, en Tlatelolco, pudieron haber aprobado sus compras estratosféricas, pero también a una corrección general, y a la baja, del abusivo tren de vida que suelen regalarse, a costillas de los contribuyentes, muchos funcionarios públicos.

Porque en esa materia, así como en la política económica, el "cambio" ofrecido hace cuatro años por el actual presidente Vicente Fox sigue siendo una asignatura pendiente.