El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer ayer que, durante el año pasado, la tasa de desempleo abierto (TDA) en el país fue de 3.25 por ciento, el promedio anual más alto desde 1998.

Los intentos por minimizar el dato y compararlo con los resultados de gobiernos tan ineficientes como el actual --los de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo--, que tuvieron desempeños aún peores durante sus respectivos primeros trienios, no atenúa ni reduce la contundencia de la tragedia social que se esconde tras la cifra: cerca de millón y medio de mexicanos sin acceso al trabajo, unos 11 millones arrojados al "mundo maravilloso" de los changarros, es decir, de la economía informal, y un número acaso semejante de connacionales obligados a desafiar los peligros de la emigración laboral hacia Estados Unidos, peligros que van desde la deshidratación en los desiertos fronterizos hasta el asesinato por parte de agentes policiales o de civiles estadunidenses. La contracción de la demanda de trabajadores genera, además, efectos tan perversos como la aceptación, por parte de quienes logran hallar un empleo, de carencia de prestaciones, salarios ínfimos e inseguridad en el puesto.

El martes pasado, ante los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el secretario del ramo, Fernando Canales Clariond, tuvo la ocurrencia patética de culpar al Poder Legislativo por el elevado desempleo, en referencia al rechazo a las reformas fiscal y energética que propugna el gobierno federal.

Lo dicho por el ex gobernador de Nuevo León es una total falacia. Incluso si el foxismo lograra sus propósitos de poner impuestos a los alimentos, las medicinas, los libros, las revistas y los diarios, y de rematar lo que queda de las industrias eléctrica y petrolera nacionales, la política económica vigente, recesiva y fiel a la ortodoxia impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, haría imposible un crecimiento de los puestos de trabajo.

En cambio, si las autoridades dejaran su empecinamiento de transferir a los banqueros los fondos multimillonarios propiedad de la nación que amparan los pagarés del Fobaproa, no sería necesaria ninguna reforma fiscal para disponer de recursos suficientes, evitar los recortes de personal planeados por el gobierno --50 mil próximos desempleados a quienes desde ahora se invita a ensayar la vía del changarro-- y adoptar las medidas tendientes a la reactivación del mercado interno, como primer paso para lograr una economía en crecimiento. Tal condición impulsaría, a su vez, el arribo de inversiones y capitales.

A la mitad del sexenio, la incapacidad gubernamental para propiciar la generación de empleos --y de crecimiento económico, en general-- apunta ya como uno de los grandes fracasos del foxismo y deja fuera de lugar el discurso triunfalista y autocomplaciente de la propaganda oficial. La actual administración todavía está a tiempo, sin embargo, de revertir ese resultado agraviante, de actuar con sensibilidad política y visión de futuro; todavía puede deslindarse, en consecuencia, de la política económica de sus antecesores priístas y demostrar que, al menos en ese ámbito, es digno de ser recordado como el "gobierno del cambio".