Por ley, el IPAB tendrá que auditar créditos irregulares

Por mandato de la ley que lo creó, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tendrá que auditar los créditos irregulares del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) incluidos en el programa de capitalización y compra de cartera en que participaron Banamex, Bancomer, Bital y Banorte.

Un informe sobre el rescate del sector señala que a fin de frenar los intentos que desde hace cinco meses viene haciendo la Secretaría de Hacienda para pactar con los bancos, el Congreso exhortó al instituto a dar estricto cumplimiento al artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, la cual exige los arqueos.

Señala el documento que del informe del canadiense Michael Mackey se desprende que su trabajo no puede ser considerado una auditoría, entre otras cosas por las limitaciones que tuvo en cuanto al acceso a la información, por la ausencia de un dictamen y porque el propio Mackey estableció que su trabajo no puede ser considerado una auditoría.

A consecuencia de una recomendación hecha en 1999 por la Contaduría Mayor de Hacienda, el 14 de mayo de 2002 la junta de gobierno del IPAB decidió proceder con apego a lo dispuesto en el artículo mencionado y hacer las auditorías. En la ley se establece que no habrá intercambio de pagarés del Fobaproa por títulos del IPAB si los créditos bajo sospecha no son revisados.

Casi inmediatamente los cuatro bancos mencionados que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera promovieron un amparo en contra del IPAB e indirectamente en contra del mandato del Congreso de la Unión.

Frente a este escenario, desde 2002 las autoridades hacendarias han buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus demandas y permitan ser auditados a cambio de modificar el grado de profundidad y contenido de las auditorías que la propia junta de gobierno del IPAB aprobó en mayo de 2002.

Al respecto, Mario di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión Especial para Investigar el IPAB, dijo que de manera adicional a los hallazgos reportados en el informe Mackey, la Auditoría Superior de la Federación realizó importantes señalamientos en las revisiones efectuadas a la Cuenta Pública de 2000 y 2001, que indican la existencia de graves irregularidades en la aplicación del programa en los cuatro bancos.

Muchos señalamientos del auditor habían sido advertidos por el órgano de control interno del IPAB y ambos señalaban que la reducción en el costo fiscal del rescate bancario disminuiría la presión sobre las finanzas públicas y permitiría canalizar esos recursos a otros sectores.

ANTONIO CASTELLANOS