El gobierno podría convertirse en socio de Bancomer, Banamex, Bital y Banorte

Bancos rescatados tienen que devolver $113 mil millones: González de Aragón

Solventadas, la mayor parte de "irregularidades" en la cuenta pública federal 2001, dice

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Los bancos beneficiados con el rescate bancario deben devolver al erario 113 mil millones de pesos a valor actual, tras detectarse que por medio del Programa de Capitalización y Compra de Cartera recibieron recursos de forma ilegal, informó el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al comparecer ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Esto es independiente de la resolución que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al amparo solicitado por los bancos para no ser auditados nuevamente por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y equivale a 90 por ciento del valor del programa de capitalización.

Con ello se confirmaría que estas operaciones fueron realizadas al margen de la Constitución, y de tal forma el aval otorgado por el gobierno federal carece de validez, dejando sin posibilidad alguna el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiese concretar un acuerdo extrajudicial con las instituciones bancarias involucradas: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte.

En un hecho inédito, la reunión entre el contador público González de Aragón y los legisladores fue abierta a los medios de comunicación, y de tal forma se supo que el gobierno federal no logró demostrar las razones que lo llevaron a apoyar a Banamex y Bancomer, cuyos índices de capitalización en ese entonces eran superiores a los exigidos por las autoridades financieras. El monto histórico suma 34 mil millones de pesos, y a valor actualizado -hasta el mes de septiembre de 2003- ascendía a 113 mil millones de pesos, cantidad que esas instituciones bancarias deberán reintegrar a la hacienda pública.

Cabe destacar que la devolución de estos recursos no pone en riesgo al sistema bancario, puesto que el artículo 28 de la Ley del IPAB permite que el instituto pueda otorgar apoyos a los bancos a cambio de acciones, de tal manera que el gobierno federal se convertiría en socio de esas instituciones y no en un deudor, como lo ha sido hasta ahora.

Además, en la exposición, provocó sorpresa entre los diputados porque el pasado mes de marzo el mismo González de Aragón descubrió que el gobierno de Vicente Fox no había solventado 339 mil 456 millones de pesos de la cuenta pública 2001, ayer en San Lázaro el escenario cambió y el auditor manifestó que la administración federal había resuelto la gran mayoría de observaciones y sólo resta por demostrar el destino de 16 mil millones en distinto rubros, entre ellos el Sistema de Administración Tributaria, con 4 mil millones de pesos, y la venta de Banco del Atlántico por la cantidad de mil 451 millones.

De tal forma, las comisiones unidas de Presupuesto y Vigilancia tienen la obligación de dictaminar, durante las próximas semanas, la cuenta pública del primer año de gobierno de Vicente Fox, con el objetivo de someterla al pleno de la Cámara de Diputados durante el periodo ordinario de sesiones que tendrá verificativo del 15 de marzo al 30 de abril, para que ahí se apruebe.

A pesar de su ya habitual discurso en el que recalcó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es imparcial y no entrega cheques en blanco, González de Aragón intentó matizar el contenido de la información que antes había entregado a los legisladores, al pretender que los reporteros no hicieran caso de la enorme cifra de 113 mil millones de pesos que -dijo- los bancos citados están obligados a devolver al erario.

-Usted informó a los diputados que el valor actualizado de los pagarés del Fobaproa ascendía a 113 mil millones de pesos...

-Ustedes olvídense del cálculo actualizado. Lo importante es el valor histórico, que es de 34 mil 800 millones de pesos; son 8 mil millones de la cuenta pública 2000 y 26 mil millones de pesos de la 2001.

No obstante, aceptó que los 113 mil millones de pesos son producto del cálculo actualizado de los 34 mil 800 millones de pesos hasta el mes de septiembre del año pasado, y por lo tanto la cantidad aumentará hasta que no se dé una resolución para que los bancos en cuestión regresen el dinero que recibieron de forma ilegal.

González de Aragón llegó a jactarse de que el organismo a su cargo se encuentra entre las más importantes instituciones de revisión de los recursos públicos en el mundo. Lo que no dijo es que la ASF sólo revisa 2.5 por ciento de los recursos económicos del país, que es a su vez uno de los porcentajes más bajos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Francisco Rojas, señaló que con los avances en la solventación de las observaciones de la ASF "se tiene la certidumbre de que la administración pública trabaja con honestidad, y debemos distinguir entre la globalidad de la cuenta pública y las observaciones particulares".