Guarda silencio el presidente del TSJDF; es acusada de parcial en un caso de divorcio

Censuran diputados y juristas el desempeño de la jueza Solís

El hecho, uno de los tantos casos que se dan en el palacio de la impunidad: Julio César Moreno

De comprobarse su culpabilidad, podría ir a prisión o ser destituida, coinciden expertos

ALFREDO MENDEZ Y RAUL LLANOS

La jueza cuarta de lo familiar del Distrito Federal, María de Jesús Jacaranda Solís Ledezma, quien enfrenta una denuncia penal por ser presuntamente "juez y parte" en un juicio de divorcio, podría haber incurrido en delitos cometidos por servidores públicos en contra del adecuado desarrollo de la impartición de justicia, y de comprobarse su culpabilidad, se haría acreedora a una sanción penal de entre uno y cinco años de prisión; además podría ser destituida del cargo, si así lo considera el Consejo de la Judicatura capitalina, aunque antes se tendría que interponer una queja contra el desempeño de la juzgadora, coincidieron en señalar juristas especializados en la materia.

Esa situación mereció también fuertes críticas de diputados y diputadas de PRD, PRI y México Posible en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quienes consideraron que tales hechos generan desconfianza entre los capitalinos y el descrédito de los órganos impartidores de justicia. Por ello, señalaron, solicitarán al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, y al Consejo de la Judicatura -encargado de vigilar la actuación de los jueces-, que informen al respecto de manera detallada.

Precisamente, al solicitar la opinión al titular del TSJDF, éste declinó hacer cualquier comentario y remitió la petición a Manuel Díaz Infante, integrante del Consejo de la Judicatura.

Por lo que hace a la postura de los diputados, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno, afirmó que la actuación de la jueza Solís Ledezma "es uno de los tantos casos que se dan en el palacio de la impunidad, es decir, en el Poder Judicial, donde hay muchos que se sienten intocables". Señaló que se configura ahí un delito contra la impartición de justicia y amerita ir a fondo para corregir la afectación a terceras personas.

Agregó: "es preocupante que se den este tipo de hechos, porque ponen en tela de juicio la impartición de la justicia. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, iremos hasta las últimas consecuencias para evitar que se violen las garantías individuales de la afectada.

Es claro, comentó, que ante una relación de cercanía con una de las partes, la juez debió haberse declarado incompetente de conocer el caso, pero al llevarlo adelante "incurre en un delito contra la impartición de justicia. Asentó que es muy respetable la vida privada de las personas: pueden andar con quien quiera o mantener un contacto estrecho con cualquiera, pero cuando una relación de cercanía de una juez incide de manera negativa hacia un tercero, entonces se pervierte la justicia". Por lo pronto, anunció, se pedirá una explicación al presidente del TSJDF.

En ese sentido se manifestó también el diputado perredista Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, quien dijo que en fecha próxima se reunirán con Carrera Domínguez para "pedirle una explicación sobre ese tipo de conductas", además de que en adelante "seremos muy escrupulosos" para aprobar ascensos de jueces a magistrados, con el fin de "no dejar pasar a gente que incurre en tráfico de influencias o actos de corrupción".

La diputada de México Posible Martha Teresa Delgado expresó que el asunto de la jueza Solís Ledezma "es un caso muy grave, porque uno pretende que los jueces y encargados de impartir justicia sean personas honorables, que cumplan con su responsabilidad de manera legal y recta, y estos casos dejan ver que el sistema de justicia todavía necesita reformas de fondo y hacen cuestionarnos de qué tipo de profesionales tenemos en el Poder Judicial".

Agregó que el Código Civil es claro al señalar los supuestos en que los jueces no pueden conocer de ciertos casos, y en uno de ellos estaría la mencionada jueza. Además, dijo, los afectados también tienen varias vías para impugnar los hechos que hasta ahora se han dado, que van desde denuncias penales o ante el Consejo de la Judicatura, hasta solicitar el cambio de juzgado.

Mientras, Manuel Jiménez Guzmán, coordinador de la fracción del PRI en la ALDF, comentó que ante todo los impartidores de justicia deben apegarse a una conducta ética, responsable, imparcial y con absoluto apego a las normas vigentes. Incluso, consideró que la Asamblea Legislativa debería intervenir "de manera justa y sensata".

Por el lado de los especialistas consultados, Luis Madrigal Pereyra, abogado y coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados, consideró que existen posibilidades de que prospere la demanda penal en contra de la impartidora de justicia, porque de acuerdo con lo que publicó ayer por La Jornada, "todo parece indicar que la juez no se excusó de conocer sobre el asunto, a pesar de que los códigos de Procedimientos Penales y Civiles (del DF) establecen que los juzgadores están obligados a excusarse cuando tienen interés en un asunto o relación entre alguna de las partes involucradas en un litigio que esté a su cargo, pues ello podría afectar su libre criterio para resolver en forma imparcial".

Asimismo, aclaró en entrevista que se le podría tratar de comprobar a la juez, cuando sea resuelto el fondo del asunto (de la demanda penal que enfrenta), el delito de abuso de autoridad -considerado en el artículo 215 del Código Penal del DF-, aunque para ello tendría que haber evidencias de que favoreció a una de las partes del litigio. "El inclinamiento de un juez hacia un justiciable implica no que se tenga una relación sentimental con una de las partes, sino que resuelva en contra de las constancias de autos (dentro de algún litigio)".

Sobre el hecho de que la jueza Jacaranda Solís podría tener una presunta relación sentimental, o al menos de amistad, con una de las partes involucradas en un juicio de divorcio que se desahoga en el juzgado a su cargo, el litigante precisó que "independientemente de que (la impartidora de justicia) está cometiendo un ilícito penal y debe ser castigada en consecuencia, el Consejo de la Judicatura del DF tiene que actuar y sancionarla por la vía administrativa", aunque para ello "la persona afectada con el proceder de esa juez tiene que interponer la queja correspondiente".

En tanto, Odette Moubarak, abogada penalista y defensora del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, indicó que el Ministerio Público que conoce de la denuncia penal contra la juez cuarta de lo familiar podría integrar una averiguación previa en la cual señalara a la impartidora de justicia como probable responsable en la comisión de alguno de los delitos cometidos por servidores públicos en contra del adecuado desarrollo de la justicia, mismos que están incluidos en el Código Penal del DF.

Refirió que "el artículo 291 establece, por ejemplo, que se impondrá de uno a cinco años de prisión al servidor público que ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida."

Aclaró que es muy probable que prospere la demanda en contra de la juzgadora, sobre todo si se comprueba que ha apoyado a una de las partes, a fin de favorecerla en la demanda de divorcio.

A su vez, Arturo Zaldívar, doctor en derecho constitucional, coincidió con las opiniones de los penalistas y aclaró que "en el caso de esta jueza, parece haber indicios de que incurrió en conflicto de intereses, y si eso logra comprobarse, además de que sería sumamente grave, dejaría en claro que violó una de las garantías procesales de los juzgadores: la imparcialidad".