MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

En nombre del estado de derecho

Si el Legislativo no puede revisar el expediente Fobaproa, Ƒqué instancia será la indicada para investigar el rescate bancario más oneroso?

EL AVANCE DE LA investigación y, especialmente, sus resultados pusieron al borde de un ataque de nervios a más de dos, y por ello el Poder Judicial sentenció: que la Auditoría Superior de la Federación saque las manos del expediente Fobaproa, porque ese es un asunto que trasciende sus atribuciones, que no es de su incumbencia, que no lo toque, que se aparte, que se olvide, que lo cierre.

DE ACUERDO CON el criterio de esa instancia de gobierno, corresponde al Poder Ejecutivo y sus dependencias atender y resolver -se supone que en beneficio de la nación- todo lo relacionado con el Fobaproa, los pagarés, las auditorías, los dineros, las "recuperaciones" y demás dulces obsequiados por uno de los "rescates" bancarios más onerosos y, por lo visto, ineficientes del mundo.

EL LEGISLATIVO Y sus instancias infringen la ley cuando pretenden que el burro deje de dar vueltas a esa noria llamada "rescate" bancario y sus más de 800 mil millones de pesos, rutina -por llamarle de alguna manera- que atenta contra el erario. Entonces, si esa instancia no es la legalmente facultada para detener la sangría, o morir en el intento, entonces cuál es la buena, porque quien afirme que es la Presidencia de la República -junto con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)- la institución que defiende los intereses nacionales en el caso de los banqueros y sus excesos estará narrando un pésimo chiste de negro contenido.

EN ESTE SENTIDO, ayer La Jornada ilustró a quienes desde 1995 vienen cubriendo la factura: "la Secretaría de Hacienda junto con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte negocian un acuerdo secreto para cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 109 mil millones de pesos, correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera que los banqueros incluyeron en el Fobaproa. Buscarán efectuar el canje por títulos del IPAB para cerrar el capítulo del rescate del sector. Otros informes señalan que el monto podría llegar a 167 mil millones de pesos; su aprobación en el IPAB estaría prácticamente lista, porque la junta de gobierno quedó a modo de las autoridades hacendarias con la renuncia de los vocales Bernardo González Aréchiga y Adalberto Palma Gómez, y la salida del secretario ejecutivo, Julio César Méndez, en septiembre de 2003, por presiones de Hacienda".

LA DESCRITA NO es más que una intentona adicional del Ejecutivo y sus dependencias financieras para lograr que a una decisión que -dice el Poder Judicial- busca privilegiar el estado de derecho la suceda otra que lo viole abiertamente y desde el centro del poder público, comprometido -afirman algunos- a defender los intereses de la nación.

OBVIO ES QUE dicho "acuerdo secreto" dejaría a un lado las auditorías que por normatividad (artículo quinto transitorio de la Ley para la Protección del Ahorro Bancario, que condiciona el trueque de papeles a la realización de dichas auditorías) deberán practicarse a las instituciones bancarias que, ansiosas, esperan el momento preciso para intercambiar sus pagarés Fobaproa por títulos más sólidos y con aval del Poder Legislativo, asunto éste en el que la participación del Congreso sí es aplaudida y reconocida por Los Pinos y la Asociación de Banqueros de (en) México.

EL PODER JUDICIAL diría que la decisión asumida en este sentido no busca más que defender el estado de derecho, pero a quienes gústeles o no pagan el festín, Ƒquién los protege?, porque a todas luces no lo han hecho, ni lo harán, las mencionadas dependencias públicas, las mismas a las que uno de los poderes de la Unión tocó con su varita mágica para que "resolvieran" el entuerto de un "rescate" que mantiene a las arcas nacionales en permanente inanición.

LOS NUMEROS NO son gratos. La información disponible de la Dirección General de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda revela que los pagarés del Fobaproa correspondientes a Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte -las instituciones que cuestionó la Auditoría Superior de la Federación por haberse beneficiado del "rescate" sin fundamento legal para ello- "suman vencimientos totales por 253 mil 31 millones de pesos en 2005 y 2006".

POR EL FOBAPROA-IPAB han pasado muchos "funcionarios públicos" que hoy -šfuera caretas!- trabajan abiertamente para los supuestos "rescatados". Otros, sin embargo, no tuvieron tal suerte o no hicieron méritos suficientes y se tienen que consolar con una que otra posición en el gobierno del "cambio".

SUCESOR DE JULIO César Méndez como secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard ya compareció (finales de noviembre pasado) ante el Senado de la República -Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el mismísimo Fauzi Hamdan- y allí precisó que entre el hacer y el decir del instituto existe una marcada diferencia.

A LOS INQUILINOS de Xicoténcatl les aseguró que "desde 2002 el IPAB notificó a las instituciones de crédito involucradas, como Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, una estrategia aprobada por la Junta de Gobierno con el propósito de llevar a cabo la formalización del nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera, al que se refiere el artículo quinto transitorio. El objetivo es revisar y evaluar que las instituciones participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera hayan efectuado la administración, recuperación y cobranza de la cartera en los términos a los que se comprometieron al adherirse al citado programa. En caso contrario, se efectuará la sustitución fiduciaria e incluso se podría proceder a reclamar judicialmente a las instituciones el pago de daños y perjuicios" (las cursivas son de la casa).

ESE ES EL decir, porque en el hacer ya se sabe que "la Secretaría de Hacienda junto con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte negocian un acuerdo secreto para cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 109 mil millones de pesos, correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera que los banqueros incluyeron en el Fobaproa".

Todo, en nombre del estado de derecho.

Las rebanadas del pastel:

POR LO VISTO, el "pleito" del Ajusco con Canal 40 ya no es un problema de pesos y centavos, sino la frenética búsqueda de una emisora propia para el Valle de México... Y le está resultando carísima.

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