Quiso sobornar a dos magistrados para que liberaran a violador y asesino

Niega amparo la Corte a ex ministro acusado de cohecho y otros ilícitos

Pese a estar recluido, recibe una pensión de 130 mil pesos mensuales

JESUS ARANDA

En una resolución sin precedente, el pleno de la Suprema Corte juzgó ayer a un magistrado. Le negó el amparo de la justicia al ex ministro Enrique Díaz Infante, sentenciado por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, al haber intervenido para que dos magistrados de circuito decretaran en 1988 la libertad de Alejandro Braun Díaz, El Chacal de Acapulco, acusado de violar y asesinar a una niña de seis años en octubre de 1986.

La decisión unánime de ocho ministros impide que Díaz Infante obtenga su libertad anticipada o que opere en su favor la prescripción de la sentencia de ocho años y medio en su contra, dictada en julio de 2001. Sin embargo, debido a lagunas legales, mantiene su derecho a la pensión vitalicia de más de 130 mil pesos mensuales, que reciben todos los ex ministros.

En la sesión de ayer, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero se declararon impedidos de conocer del asunto, con el argumento de que tuvieron amistad con el sentenciado cuando fue ministro hasta 1988. El pleno desestimó los argumentos de Díaz Infante en contra del artículo 101, párrafo segundo, del Código Penal, que establece la duplicación del término necesario para la prescripción de la acción penal cuando el inculpado está en el extranjero, y del artículo 399 bis, fracción quinta, del Código Federal del Procedimientos Penales, que prevé la negativa de libertad provisional en caso de delitos no graves por la probable sustracción de la acción de la justicia.

En la sesión, los ministros negaron el amparo al abogado que le entregó el dinero a Díaz Infante, Enrique Fuentes León, quien mediante argucias legales pretendía dejar sin efecto la sentencia en su contra por el delito de cohecho; sin embargo, el litigante se encuentra libre bajo fianza.

Cuando Díaz Infante tuvo conocimiento de que era investigado por haber influido en los entonces magistrados Gilberto Arredondo Vega y Eufemio Zamudio Alemán -luego de haber recibido 500 mil dólares del abogado de Braun Díaz- para dejar en libertad a El Chacal de Acapulco (1989), huyó del país e ingresó ilegalmente a Estados Unidos; en abril de 1994 se giró orden de aprehensión en su contra y en junio de 2001 fue detenido en Texas y deportado a México.