Fraude genérico, específico y peculado, los delitos

Dictan auto de formal prisión al ex secretario de Finanzas de SLP

LA JORNADA SAN LUIS Y RENATO DAVALOS

Una juez penal dictó auto de formal prisión al ex secretario de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí, Olegario Galarza, por los delitos de fraude genérico, fraude específico, peculado y ejercicio indebido de la función pública, por los cuales alcanzaría fianza.

Por el delito de asociación delictuosa, el más grave y por el único que no alcanzaba fianza, la misma juez le dictó auto de libertad.

Lesbia Martínez Guzmán, juez segundo penal, indicó que decretó auto de formal prisión contra el ex servidor público como probable responsable de la comisión de los cuatro delitos señalados, de los cuales lo acusó la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), con relación al manejo de la venta de un proyecto de invernaderos hidropónicos para el cultivo de tomate y pimiento de exportación en el municipio de Rioverde.

El proyecto lo empezó el entonces gobernador Fernando Silva Nieto con una inversión de casi 300 millones de pesos; en enero de 2003 lo vendió en 418 millones a la empresa Natural Valley, que pasó casi un año sin pagar el dinero.

En diciembre pasado, el mandatario estatal Marcelo de los Santos Fraga lo expropió e inició una investigación contra funcionarios del anterior gobierno y los compradores. El daño patrimonial al gobierno estatal fue ubicado en 580 millones de pesos.

La juez señaló que por los cuatro delitos por los cuales será procesado, el ex secretario de Finanzas alcanza fianza. Aclaró que las posibilidades de que obtenga su libertad, mediante alguna situación jurídica, depende de la petición que hagan sus abogados. Agregó que la extensión del proceso también depende de las "promociones" que hagan sus defensores. Hasta la tarde del martes la defensa de Olegario Galarza no había solicitado que se fijara la fianza.

Denuncian intento de despojo ante la PGR

En la ciudad de México, en tanto, un grupo de ejidatarios de la comunidad la Garita de Jalisco, situada en las orillas de la ciudad de San Luis Potosí, entregó al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, una denuncia de hechos por los intentos de despojo de su predio de mil hectáreas por empresas inmobiliarias que pretenden crear desarrollos habitacionales en la zona, sin indemnizar a los campesinos afectados.

En los documentos entregados al funcionario federal se da cuenta de que entre los abogados, accionistas y comisarios de las empresas se encuentra Gustavo Barrera López, ex funcionario de Silva Nieto involucrado en un fraude por 50 millones de dólares, por el cual se encuentra preso el ex contralor estatal. En una de las compañías figura también el hijo del actual gobernador panista, de nombre Melchor de los Santos Anaya.

Las tierras, señalan los ejidatarios Joaquín Martínez, Fermín Bravo, María del Carmen Bravo, Cesáreo García, María Elena Cerda y Armando Jasso, entre otros, tienen un alto valor comercial, pues están contiguas a una zona residencial que pretenden ensanchar con una serie de "argucias jurídicas", que incluso tratan de pasar por alto hasta dos sentencias de tribunales federales.

Los ejidatarios documentaron en la denuncia que la conformación de un bloque de intereses entre empresarios y políticos ha permitido que al amparo de sus relaciones se conviertan en una verdadera "mafia" para transgredir la ley.

La denuncia va acompañada de copias de los expedientes respectivos del Registro Público de la Propiedad y de algunas de las sociedades mercantiles involucradas en el asunto, así como las decisiones sobre el caso de dos tribunales federales.