Denuncian agresión contra líder de ONG

Señora directora: El pasado 30 de diciembre, casi a las 9:30 de horas, cuando Martín Amaru Barrios Hernández, director de la ONG Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán AC, (CDHyLVT) entraba a su domicilio, en bulevar Héroe de Nacozari 210 en Tehuacán, Pue., escuchó una voz que le dijo: "Fernando, ya deja de estar chingando". El volteó creyendo que se referían a otra persona, pero un individuo se le fue encima con un ladrillo, lo golpeó en cabeza y cara, causándole heridas y contusiones.

Es evidente que se trató de una agresión cometida con el agravante de la sorpresa por un desconocido pagado. Martín A. Barrios es un activista reconocido por su lucha en la defensa de los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores de la región del valle de Tehuacán, en su mayoría indígenas nahuas, popolocas y mixtecos, entre otros. En 2003 el organismo civil que representa ha defendido a cientos de trabajadores despedidos injustificadamente de plantas de la empresa Tarrant y Confecciones Carmela, cuyo dueño es Iván Cabrera; además en pasados meses recibió amenazas de capataces de maquiladores de Ajalpan y de dirigentes sindicales charros de la CROC que están coludidos con los patrones. Estas agresiones también se presentan en el contexto de la publicación del libro Del calzón de manta a los blue jeans que editó la CDHyLVT, en que se denuncian las condiciones en que trabajan indígenas en las maquiladoras y la contaminación de canales de riego, ríos y manantiales de la región del Valle de Tehuacán, desde hace décadas, con el beneplácito de autoridades ambientales y laborales, tanto estatales como federales.

La lucha de los compañeros es contra el actual modelo económico de libre comercio y el Plan Puebla-Panamá que bajo el "rollo oficial del progreso y más empleo" se quiere imponer violando los derechos humanos de mujeres, indígenas campesinos y activistas poblanos. Exigimos al gobierno de Melquiades Morales, al secretario de Trabajo, Carlos Abascal, y al presidente Vicente Fox que se investigue esta agresión que ya ha sido denunciada ante las autoridades correspondientes contra nuestro compañero Martín Amaru Barrios que pertenece a la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y, en definitiva, que las autoridades ordenen medidas cautelares tendientes a proteger la vida y seguridad de Barrios Hernández y sus familiares.

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP): Cocoac, CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Ucizoni, RMALC, CIEPAC, Colectivo Rebelión, Colectivo Costa Libre, Maíz, Fat, Ciux, PRT-Gro., FIOB y 28 organizaciones más. Responsables de la publicación: Martín Velázquez y Rodolfo Chávez

Señora directora: La población mexicana está envejeciendo aceleradamente. En 17 años más, México será un país de viejos miserables. El país no está preparado para enfrentar el envejecimiento de la población. En junio 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que precisamente ignora y discrimina a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de estas personas y les niega su derecho a participar en los asuntos que les atañen. México es un gran país que no ha podido salir adelante porque el gobierno ha querido controlar todo y resolver todo.

En junio 2002, seis asociaciones organizaron con éxito el primer congreso nacional de adultos mayores en la historia del país. ¡Fue una hazaña!

Uno de los acuerdos del congreso fue la creación de la ley federal de adultos mayores. Presentamos a la Cámara de Diputados y al Senado un anteproyecto de ley que contemplaba la creación de una instancia en lugar del Instituto Nacional de la Senectud (Insen), que fuera rectora de las políticas públicas nacionales hacia los adultos mayores; que coordinara acciones entre los gobiernos federal, estatales y municipales; con un consejo directivo constituido por cinco consejeros institucionales y cinco consejeros nombrados democráticamente por sus organizaciones representativas.

Se aprobó la ley. Se creó el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (Inapam) de acuerdo con nuestras recomendaciones, pero ignoraron y discriminaron a los OSC de adultos mayores, para nombrar a los consejeros en la directiva del Consejo Ciudadano (Art. 31y 38).

Nos parece una omisión muy grave porque deja al Ejecutivo sin el apoyo más fuerte para cualquier programa de desarrollo integral de los adultos mayores (la participación ciudadana).

Ya basta de políticas asistenciales, creadoras de burocracias inoperantes y derrochadoras de recursos públicos. Queda el Inapam tan asistencial e inoperante como el Insen.

Hemos propuesto con insistencia una reforma a esta ley ante distintas instancias sin tener respuesta. Vamos a recordar a la LVIII Legislatura como la que negó a sus padres, madres y abuelos el derecho a tener una vejez digna. Nos parece que la actual legislatura debe tomar en cuenta nuestra propuesta para lograr la unión entre las OSC de adultos mayores y su gobierno.

Si logramos esto le aseguro que estaremos cambiando el destino de nuestro país.

Juan Basurto Romero, vicepresidente

Señora directora: Este viernes aparecieron en su diario las opiniones de José Manuel Contreras Botti, director de Apoyo Jurídico del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), en las que formula una serie de falacias y fantasías, por lo que le solicito considerar los siguientes comentarios.

La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI nace en el año 1997, se sustenta en el artículo 354 de la Ley Federal del Trabajo y está constituida por 2 mil 200 personas que en su momento fueron despedidas del INEGI por haber reclamado sus derechos y cada una cuenta con un juicio contra el instituto. Le reccuerdo al señor Botti que los trabajadores escogen a sus representantes.

Cualquier mexicano puede expresar sus ideas y la estadística nacional no es exclusiva de algún grupúsculo y mucho menos es exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo que cualquier mexicano puede presentar los resultados de las estadísticas y sondeos que realiza. Me es grato informar a los mexicanos que las cifras que la coalición de trabajadores del INEGI ha presentado en este diario como en otros medios de comunicación son acordes con la realidad nacional, afirmando que se pierden 2 mil 500 empleos al día y que es falso que se genere un empleo cada 15 segundos.

Anexo a la presente copia de los convenios del Jurídico del INEGI, por los que pagó cantidades entre 19 mil y 110 mil (convenio de desistimiento y determinación de voluntaria de la relación de trabajo del 11 de diciembre de 2003, suscrito entre el Jurídico del INEGI y 35 ex trabajadores, copia de cheques de fecha 5 de diciembre de 2003 expedidos por el INEGI a algunos de los actores que firmaron un convenio casualmente seis días después) así como la muestra clara que dichas personas se encontraban fuera del instituto desde noviembre de 2000. Tal vez lo que el director del Jurídico del INEGI no entiende es que los programas de retiro voluntario son para trabajadores en activo y que los recursos que son entregados al INEGI están etiquetados por la Cámara de Diputados y no hay partidas para liquidar trabajadores y la ley laboral no permite despedir ni liquidar trabajadores al servicio del Estado.

Anexo copia de la sentencia del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito en donde se condena al INEGI a otorgar a 51 trabajadores entre los que me encuentro nuestros contratos por tiempo indefinido así como otras prestaciones expediente 835/98) mismo que el titular de INEGI se ha negado cumplir y anexo copia de la solicitud de auditoría CVASF/121/03 del 27 de marzo de 2003.

Los descoloridos comentarios de Contreras Botti, me parecen faltos de tinte y esencia. (Carta Resumida.)

Francisco J. Farina Tamez

Conferencia sobre neurosis

Hoy sábado a las 17 horas, se llevará a cabo el 21 Simposium sobre Neurosis, en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

Movimiento Buena Voluntad, 24 Horas de Neuróticos Anónimos, Martín López, Presidente
 
 

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