Reos considerados de gran peligrosidad planeaban fuga

Trasladan a penal de alta seguridad a cuatro feminicidas recluidos en Juárez

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 19 de diciembre. Por órdenes del Supremo Tribunal de Justicia del estado, la Policía Judicial estatal trasladó al penal de alta seguridad San Guillermo, ubicado en la ciudad de Chihuahua, a los cuatro multihomicidas que ejecutaron a balazos a tres mujeres y las enterraron en el desierto de San Isidro.

El director de la cárcel de Ciudad Juárez, Arturo Herrera Robles, dijo que solicitó ese traslado por ser reos extremadamente peligrosos y porque Felipe de Jesús Machado Reyes, quien mató a las tres mujeres a balazos y a otra más en 2001 afuera de un bar, estaba platicando con otros reos para causar conflictos y tratar de escapar.

Durante el traslado Machado Reyes fue esposado de pies y manos, mientras que sus cómplices, José Carlos Valdez García, Oscar Alejandro Hernández Prieto y Juan Carlos Valdez García, solamente lo fueron de las manos.

Machado Reyes mató el 22 de julio a su esposa Karina Ramos González, Mayra Gema Alamillo González y Miriam García Solorio, y luego huyó a Estados Unidos, donde fue arrestado en septiembre pasado y deportado a Ciudad Juárez, luego de que las autoridades policiacas mexicanas le retiraron los tres cargos por narcotráfico que enfrentaba en El Paso, Texas.

Por otro lado, dos agentes del Departamento del Sheriff de Anthony, Texas, fueron arrestados por sus mismos compañeros, acusados de solicitar favores sexuales a una mujer a la que arrestaron por una falta de tránsito. Los agentes fueron identificados como Eduardo Casillas, de 28 años de edad, con cinco de servicio, y Lorenzo Lozoya, de 30 años de edad. La mujer a la que presuntamente solicitaron relaciones sexuales para no multarla o llevarla a la cárcel fue detenida el 15 de abril de 2002. Esta decidió presentar la demanda penal contra los dos agentes de la policía el 22 de junio, 14 meses después de registrado el probable caso de abuso sexual y tráfico de influencias. Según versiones la mujer pudo haber sido indocumentada, razón por la que aceptó sostener relaciones sexuales con los dos agentes por temor a ser deportada.

Un juez penal les impuso fianza de 5 mil dólares a cada uno, luego de investigar el caso, y solicitó una disculpa pública.