Vicente Fox prometió que se resolverían los casos "pero sólo son palabras", afirma

"Denunciar despariciones de mujeres es delito en Chihuahua": madre de víctima

JOSE GALAN

Denunciar la desaparición y asesinato de mujeres constituye en Chihuahua un delito, no así los crímenes de género, en los que estarían involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno, afirmaron las madres de dos mujeres desaparecidas y asesinadas en ese estado -una en Ciudad Juárez y otra en la ciudad de Chihuahua-, quienes anunciaron que interpondrán sendas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia y como freno a la impunidad.

"En noviembre el presidente Fox dijo y prometió que se resolverían los casos, pero sólo son palabras", afirmó una de ellas, Norma Ledezma. Para organizaciones de derechos humanos que las asesoran, se trata de dos casos paradigmáticos que reflejan la violencia de género, discriminación e impunidad que imperan en ese estado. Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, añadió: "Somos reprimidas por pedir justicia; somos amenazadas. No es delito la desaparición de una mujer, o de muchas, sino pedir justicia".

Silvia Arce desapareció el 11 de marzo de 1998 en Ciudad Juárez. A pesar de existir indicios claros sobre los presuntos responsables de su desaparición, así como la de otras mujeres -presuntos policías judiciales estatales involucrados con el crimen organizado-, no se han llevado a cabo las investigaciones necesarias para dar con su paradero. "Eso se traduce en graves violaciones a los derechos humanos de Silvia y su familia", afirmaron las organizaciones ¡Alto a la Impunidad!, Ni una Muerta Más y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.

Paloma Angélica Escobar Ledezma desapareció el 2 de marzo de 2002 en Chihuahua, Chihuahua, y fue encontrada asesinada el 29 de marzo de ese mismo año. Como en el caso anterior, se tienen indicios de quiénes pueden ser los responsables. Sin embargo, no se ha investigado adecuadamente. Además, se ha comprobado la fabricación de culpables por parte de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado, sin que hasta el momento se haya investigado y sancionado a los culpables.

"Sólo los medios de comunicación mantienen vivos nuestros casos", dijo Norma Ledezma, madre de Paloma. "Hace un año 9 meses de su desparición y asesinato cruel y atroz", añadió. "Hay gente de la procuraduría que está involucrada; sembraron evidencias y pretendieron involucrar al ex novio de mi hija". Quien presuntamente sembró las evidencias es la comandante de la Policía Judicial estatal Gloria Cobos, señaló.

"Denunciar y abrir la boca en Chihuahua es un delito, no así la desaparición de las muchachas -más de 300 en todo el estado en 10 años-, pero voy a seguir luchando por llevar a los culpables a la cárcel, porque cuando una trae a sus hijos al mundo se siente un gran dolor, pero lo es más cuando se van.

"Creemos en la justicia pero a nivel internacional, porque ni en Chihuahua ni en México se nos ha hecho caso y se ha realizado una verdadera investigación", agregó. "El pasado 25 de noviembre el presidente Fox se comprometió a resolver los hechos, pero han sido sólo palabras. Por ello, acudimos ahora a la CIDH, porque es una puerta que nos va a ayudar a encontrar justicia". Reveló que una de las principales líneas de investigación, relacionada con la Escuela de Computación Eco -con sucursales en toda la República-, no ha sido investigada a fondo. "Al parecer esa escuela es intocable, y eso que de allí han desaparecido varias mujeres".

En el caso de Silvia Arce, quien el día de su desaparición salió de su casa para cobrar la venta de joyas y cosméticos, dejando a sus tres hijos, hay también varias líneas de investigación que no se han seguido, reveló su madre, Evangelina Arce, y agregó que días antes de su desaparición, una amiga fue secuestrada pero con la suerte de ser liberada, quien se refirió a elementos de la Policía Judicial del estado como los presuntos responsables.

"Las autoridades de Ciudad Juárez encubren a las personas que se la llevaron- agregó-. Quiero justicia. Es lo menos a lo que podemos aspirar; que traigan a los culpables y que los encarcelen y que paguen su culpa. Pero me han hecho caso omiso. Y no sólo eso, estoy amenazada y ahora no salgo a la calle sin mi hijo. Y primero veo para todos los lados antes de abandonar mi hogar.

"No sabemos qué pasó con ella. Y somos reprimidas por pedir justicia. ¿Eso es normal? Es un gobierno corrupto. En lugar de procurar justicia, como debe ser su función, es a nosotras a quienes reprime, y a los culpables los dejan libres. Incluso nos han retado: 'pues a ver quién puede más', nos han dicho".

Para los organismos defensores de los derechos humanos, el Estado mexicano no ha actuado con la debida diligencia en la investigación de los homicidios y desaparición de mujeres y niñas en todo Chihuahua, así como en la prevención de los mismos, además de incurrir en irregularidades en los procesos. "Todo ello es contrario a los instrumentos interamericanos de derechos humanos que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir", afirmaron.