En un comunicado los consideró presos de conciencia; están recluidos en Chihuahua

Exige AI la excarcelación de dos defensores de la riqueza forestal

A los detenidos, uno de ellos rarámuri, se les fabricaron pruebas y se les acusó de narcos, dice

JOSE GALAN

Amnistía Internacional, con sede en Londres, consideró ayer como presos de conciencia al indígena rarámuri Isidro Baldenegro López y a Hermenegildo Rivas Carrillo, encarcelados desde el 29 de marzo de 2003 por agentes judiciales de Chihuahua, acusados de posesión ilegal de armas y mariguana.

La organización internacional sostuvo que las dos personas fueron arrestados por su defensa de la riqueza forestal de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, y que están encarcelados luego de que se fabricaron pruebas en su contra.

Por ello, exigió que el Ministerio Público Federal responsable de su procesamiento retire los cargos de inmediato, "por falta de pruebas fiables", además de que se debe realizar una investigación sobre el mal uso que se ha hecho del sistema judicial para realizar su detención y procesamiento, y debe llevarse a la justicia a los responsables. "Deben quedar libres de inmediato y sin condiciones", agregó en un comunicado emitido desde Londres, Gran Bretaña.

Agregó que las autoridades también deben garantizar la protección de estos hombres y de sus familiares, ya que consideró que pueden ser objeto de represalias por atraer la atención nacional e internacional sobre su caso, y sobre la difícil situación de su comunidad, Coloradas de la Virgen. Subrayó el papel de los detenidos en campañas pacíficas y por sus actividades legítimas, particularmente en el caso de Isidro Baldenegro, miembro de Fuerza Ambiental, grupo ecologista de Chihuahua. Ambos realizaron protestas para evitar la tala descontrolada de árboles en zonas forestales.

Comienzo de la cadena de engaños

Según Isidro Baldenegro, a las 8 de la mañana del 29 de marzo de 2003, cerca de 10 agentes de la Policía Judicial de Chihuahua llegaron a su casa en tres camiones blancos. Varios elementos ingresaron a su propiedad sin la respectiva orden judicial de registro. Fue interrogado por el jefe de la policía sobre un arma y sobre las actividades de la población local, que había bloqueado el paso de los camiones madereros.

Al parecer, el policía le informó que tendría una reunión con el Ministerio Público en la comunidad de Baborigame dos días después, y le "sugirió" que acudiera a dicha reunión en compañía de la policía. Isidro se mostró de acuerdo, pero después de subir a uno de los camiones los agentes lo esposaron, como también hicieron con su vecino, Hermenegildo Rivas. Los llevaron a Baborigame y, a primeras horas del 30 de marzo, los trasladaron a la sede de la Policía Judicial en la localidad de Parral.

Esa misma tarde los hicieron posar con drogas y armas para tomarles fotografías. Posteriormente, en la queja que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Baldenegro describió estos sucesos: "cuando ellos me daban esas cosas (las armas y la droga), yo les dije 'no tengo por qué tomarlas en mis manos', pero el que parecía el jefe, muy enojado y con voz muy fuerte, me dijo: 'tómalos porque aquí hacen lo que yo diga, y no lo que ustedes quieran'".

El 31 de marzo, los dos hombres prestaron declaración ante el Ministerio Público Federal en la localidad de Parral. Sólo entonces recibieron la asistencia de un abogado de oficio. Ambos negaron las acusaciones y describieron la forma en que los detuvieron, corroborada por testigos de la comunidad. Pero el MP federal se atuvo a la acusación de los judiciales estatales, que afirmaron haberlos detenido con rifles AK-47 y una bolsa de mariguana.

El 7 de abril, el juzgado primero penal del distrito judicial de Hidalgo, en Parral, los consignó y ordenó la prisión preventiva para ambos. El juez aceptó la versión de la policía e inclusive resolvió que éstos "tienen completa imparcialidad al relatar, de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sólo lo que vieron en la investigación de los hechos delictivos". Después de emitir su opinión, el juez se declaró incompetente para conocer de la causa y la trasladó a los tribunales federales. Actualmente se ventila en el tercer tribunal federal, en Chihuahua, que ha citado en repetidas ocasiones a los agentes para que ratifiquen su acusación, pero varios de ellos no lo han hecho.

El caso se encuentra no sólo en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos -cuyas recomendaciones han sido desatendidas por la justicia- sino también del relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

Amnistía Internacional sostuvo que las detenciones se realizaron en represalia de los grupos económicos locales contra Isidro Baldenegro, por el activismo demostrado en contra de la tala indiscriminada e ilegal de la riqueza forestal de la comunidad, actividad que ha puesto en peligro la subsistencia de la población indígena así como del medio ambiente, y advirtió que los esfuerzos de los caciques locales por controlar los recursos del área son clave en el desencadenamiento de numerosos conflictos comunitarios en la región.

La lucha contra la tala ilegal de bosques vírgenes

En 2002, los miembros de la comunidad participaron en una manifestación pacífica ante la sede de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para protestar por los medios presuntamente fraudulentos con que los caciques habían obtenido en 1999 un permiso para la explotación forestal de los bosques vírgenes. Lograron obtener una orden judicial que suspendía temporalmente la tala de árboles. Una semana después, los miembros de la comunidad, entre ellos Isidro Baldenegro -cuyo padre, dirigente comunitario, fue asesinado en 1986 precisamente por defender la riqueza forestal de su tierra-, informaron haber recibido amenazas de muerte del cacique local y pidieron la intervención de las autoridades.

No hicieron nada. En diciembre de 2002, Trinidad Baldenegro López, hermano de Isidro, y su medio hermano, Gabriel Palma López, fueron detenidos por oponerse al cacique local.

En mayo de 2003 se retiraron los cargos, cuando un tribunal resolvió que las pruebas aportadas por la policía se contradecían. Tanto Trinidad como Gabriel fueron excarcelados el 3 de junio de 2003 y permanecen desde entonces escondidos porque temen por su vida y la seguridad de sus familias.