Represalia federal por el rechazo a la reforma fiscal, dice

Denuncia Madrazo acoso contra gobernadores priístas

No es cosa menor que se retengan recursos a Oaxaca, señala

Ofrece todo el apoyo del CEN tricolor al mandatario estatal

GEORGINA SALDIERNA

El dirigente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, manifestó ayer su total apoyo y solidaridad al gobierno de Oaxaca, cuyo titular, José Murat Casab, denunció que la administración foxista retuvo 790 millones de pesos destinados al pago de la última quincena de diciembre y a una parte del aguinaldo de 71 mil maestros del estado, y ordenó la realización de 250 auditorías y el relevo de 26 delegados en aquella entidad.

Murat Casab agregó que hay un clima de persecución en su contra por la posición que ha tomado contra el IVA en alimentos y medicinas y la reforma eléctrica. Denunció que el subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, le dijo en una reunión del pasado jueves que las acciones emprendidas por la administración federal obedecían a que no se había dado corresponsabilidad del gobierno oaxaqueño y de la diputación federal de la entidad respecto a la reforma fiscal.

En conferencia de prensa, Madrazo Pintado señaló que no es un hecho menor el que denunció su correligionario. Por ello, manifestó que el gobernador tiene toda la solidaridad del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor para avanzar y restablecer la legalidad en un procedimiento que el gobierno federal ha roto al retener recursos que deben recibir más de 71 mil maestros.

Destacó, además, que la denuncia del mandatario es analizada en el área jurídica del PRI, con el propósito de respaldar cualquier acción que determine el priísmo oaxaqueño, "con toda nuestra voluntad de estar sumados en este proceso".

También dijo que el asunto se está planteando a senadores y diputados para que emitan un punto de acuerdo, y lo mismo se ha hecho con la conferencia de legisladores locales, para que se analice el temaen el pleno de sus legislaturas.

El dirigente del PRI consideró muy difícil que los maestros de Oaxaca se detengan y no acudan a la Secretaría de Educación Pública a exigir los recursos que se les están reteniendo.

Y esto no será un acto provocado por las autoridades estatales o el magisterio del estado, sino que se está ocasionando premeditadamente por la enorme insensibilidad que el gobierno federal tiene para tratar los temas de carácter social, aseguró.

Madrazo Pintado resaltó que lo que sucede en Oaxaca no es un caso aislado, como tampoco el asunto de Chihuahua, donde el gobernador es víctima de espionaje por parte de autoridades federales, ni el de Yucatán, donde recientemente fueron agredidos legisladores locales.

Según el priísta, el gobierno federal está tratando de socavar las instituciones, lo que es sumamente lamentable para la gobernabilidad y la vida democrática. Es evidente que el esfuerzo de la administración foxista está orientado a la desestabilización de los gobiernos estatales a cargo de priístas, donde habrá procesos electorales el próximo año.

El gobierno federal sabe del avance que tiene el PRI, especialmente de su consolidación electoral en Oaxaca, Chihuahua y Yucatán, por lo que está centrando sus baterías en aquellas entidades donde se renovarán las autoridades locales el próximo año, sostuvo.

Pese a la situación, destacó que el Revolucionario Institucional sigue con el interés de construir, no importa que el gobierno federal esté ausente de la realidad nacional o busque socavar las instituciones.

Por su lado, José Murat dijo que es objeto de persecución por algunas áreas del gobierno federal, como las secretarías de Hacienda y de Educación Pública. "Se trata de una venganza por la posición que adoptamos los 14 diputados federales oaxaqueños y yo en contra de las reformas fiscal y eléctrica", puntualizó.

Acompañado por los legisladores y por Madrazo Pintado, el gobernador oaxaqueño precisó que en las últimas 24 horas se nombraron 26 delegados federales en la entidad, todos de militancia panista; se ordenó realizar 250 auditorías, tres de ellas sin que hayan llegado los fondos, y se retuvieron los recursos destinados al magisterio.

Puntualizó que las auditorías y el nombramiento de nuevos delegados no es lo importante, porque en Oaxaca se gobierna con transparencia, pero el hecho no deja de ser arcaico, primitivo y aldeano.

Dijo que buscó dialogar con los secretarios de Hacienda y de Educación, y que no fue recibido por ninguno. El único con quien pudo hablar fue Ramón Martín Huerta, quien le confirmó que estas acciones se debían a su falta de corresponsabilidad.

Manifestó que el gobierno federal pretende crear condiciones de enfrentamiento, ya que la retención de recursos es una medida del paleolítico que no comparto. Por último, descartó que la líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, tenga responsabilidad en el problema de la retención de recursos para los docentes.

"Tintes de represión"

En Oaxaca, el director del Instituto Estatal de Educación Pública, Froylán Cruz Toledo, se reunió con diputados locales para informarles que el gobierno federal ha retenido al sector educativo de la entidad 790 millones de pesos, lo que el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Amando Demetrio Bohórquez Reyes, consideró un accióna con "tintes políticos y de represión" en contra del gobernador José Murat Casab.

En entrevista, luego de reunirse con los demás integrantes de la citada comisión legislativa y con los titulares del sector educativo estatal, el diputado priísta acusó al gobierno de Vicente Fox de "querer cobrar cuentas" al gobierno de Oaxaca, porque tanto el gobernador como los miembros de la Legislatura local están en desacuerdo con su política fiscal.

A su vez, Froylán Cruz coincidió con los diputados en reconocer "el esfuerzo realizado en materia educativa" durante la administración de Murat Casab, la cual "ha superado con creces lo realizado en las últimas décadas en este rubro, para dotar a niños y jóvenes oaxaqueños de los conocimientos que contribuirán a revertir el problema del rezago". Cruz Toledo indicó que no obstante este esfuerzo, "se necesitan más recursos para reducir las desigualdades educativas", propiciadas por el aislamiento geográfico, la pobreza y la marginación.

De acuerdo con Cruz Toledo, como funcionario estatal tiene la obligación de informar a los más de 70 mil trabajadores de la educación de Oaxaca "de la política represiva del gobierno federal", y a ellos corresponderá exigir que sus derechos no sean vulnerados.